Arrecian las críticas contra Economía

Corría el 11 de junio de 2012 cuando Luis Linde, actual gobernador del Banco de España, con la mano derecha sobre un ejemplar de la Constitución y bajo la atenta mirada del entonces jefe del Estado, el rey Juan Carlos, prometía cumplir fielmente con las obligaciones de su cargo. Sustituía como máxima autoridad
 de supervisión de la banca a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que había ocupado el despacho de gobernador du-
 rante seis años, todos ellos con Gobiernos socialistas.

Luis Linde, con probada experiencia en el control del sector financiero, era un “hombre de la casa”. Llevaba trabajando desde 1983 en el Banco de España, pero aquella mañana, en el palacio de la Zarzuela, escuchó de boca de don Juan Carlos un primer mensaje que seguramente ha recordado después en muchas ocasiones. “Vaya momento”, le dijo el monarca, refiriéndose sin duda a los avatares que en aquellos momentos vivía la banca española, sumida en el trauma de la nacionalización de Bankia.

Al igual que en el periodo de su predecesor, la mayor carga de trabajo del proceso de salvamento de la banca, incluido el caso de Bankia, recaía en el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), cuyo presidente era el subgobernador del Banco de España y en cuyo consejo había también representantes del Ministerio de Economía. La coordinación entre el supervisor y la autoridad política era fundamental para que todo funcionara. Y funcionó, aunque con algunos chirridos.

Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que ha pasado cuatro años callado y “dedicando mucho tiempo a leer”, según ha reconocido en público, ha vuelto a la palestra para criticar la actuación del ministro de Economía, Luis de Guindos, a quien acusa de excesivo protagonismo en la primera fase de la reestructuración bancaria y de haberse saltado los procedimientos, más calmados y con menos ruido, que ya tenía en marcha el Banco de España cuando se llevó a cabo la intervención de Bankia.

Más voces. El ministro defiende su papel, pero aumentan las críticas por no haber atendido a la demanda de instaurar una supervisión financiera única, con amplios poderes y con independencia garantizada del Gobierno. En España hay ahora tres autoridades de supervisión: el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP). El primero controla a la banca. La segunda, a las empresas cotizadas y a los fondos de inversión. Y la tercera, a las compañías de seguros y las gestoras de fondos de pensiones. Todo ello en un contexto en el que cualquier ciudadano puede tener ahorros invertidos en depósitos bancarios, fondos de inversión, cuentas de ahorro seguro o fondos de pensiones.

El Banco de España viene repitiendo desde hace años, pero con mayor insistencia desde mediados de 2014, que la mejor fórmula es un supervisor único que controle las tres patas. Incluso tuvo enfrentamientos más o menos velados con De Guindos cuando el Gobierno aprobó una nueva ley financiera que puso al FROB bajo control del Ejecutivo (cuenta desde julio de 2015 con más representantes que el Banco de España).   La patronal de seguros, Unespa, también se ha sumado a la petición de que la supervisión y el control financiero quede lo más alejado posible de los vaivenes de los Gobiernos.