Abengoa: llega la hora de la verdad

05 / 04 / 2016 José María Vals
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Los acreedores han pactado una prórroga con Abengoa para intentar un acuerdo de salvación.

Había cierta expectación por ver lo que pasaba. Desde la mañana del 18 de marzo, una notaría de Madrid situada cerca del paseo de la Castellana tenía abierta una oficina permanente para recibir las adhesiones de acreedores de Abengoa al pacto para pedir una prórroga judicial y evitar la entrada efectiva en suspensión de pagos (concurso de acreedores). Los propietarios de bonos tenían de plazo hasta el día 23 y los bancos hasta el 27.

Todo indicaba que habría cuórum pero la incertidumbre se mantuvo hasta el final. En la mañana del 28 de marzo, último día del plazo legal, Abengoa trasladaba al juez de lo mercantil las adhesiones al pacto de prórroga, conocido técnicamente como contrato de standstill, que, previa autorización judicial, da unos cuantos meses más a todas las partes para llegar a un pacto final y poder salvar al grupo andaluz de ingeniería.

El contrato de prórroga fue secundado por el 75% de los acreedores, lo que evidencia la postura favorable a un acuerdo final de una mayoría de ellos, aunque ahora comienza lo realmente difícil: decidir cómo se reparten los esfuerzos para salvar a una Abengoa que llega a este momento crucial de su historia con una deuda de 9.306 millones de euros que deben ser reestructurados, más otros 2.174 millones que la compañía presenta como intocables, es decir, que se devolverán religiosamente a su vencimiento.

En un documento de 60 páginas titulado Business Plan & Financial Restructuring Proposal, Abengoa propone reducir esos 9.306 millones de euros de deuda a 3.740 millones, lo que implica quitas del 70% de algunas emisiones de bonos y créditos bancarios. Pero estos acreedores no serán los únicos que sufran en sus bolsillos los efectos del salvamento de la empresa.

Nuevos dueños

 El grupo ya había presentado el 10 de marzo un documento a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el que proponía un pacto global a los acreedores, cuyos principios fundamentales se basaban en la necesidad de nuevas inyecciones de dinero por valor de entre 1.500 y 1.800 millones de euros y por un plazo máximo de 5 años. Los financiadores de estas nuevas líneas de liquidez tendrían derecho a recibir a cambio un 55% del capital social de Abengoa. Al importe de la deuda antigua se le aplicaría una quita del 70% que daría derecho a obtener un 35% de la propiedad del grupo.

Los antiguos propietarios de Abengoa se quedarían con el 5% del capital, ampliable en otro 5% si se dan determinadas circunstancias en los plazos de devolución de los préstamos pendientes de vencimiento. La propuesta llegaba tras la concesión en septiembre y diciembre de dos créditos urgentes para poder pagar nóminas por importes de 125 y 106 millones respectivamente, pero anunciaba también la necesidad de un nuevo préstamo urgente de 138 millones para poder mantener pagos.

El préstamo llegó de la mano de un grupo de fondos que han cubierto esa necesidad de liquidez, aunque a un precio bastante más elevado que el de mercado (el euríbor más 14,5 puntos, a los que se podrán sumar otros 5 puntos por demora si se retrasa algún plazo). Estas condiciones demuestran que Abengoa sigue sin estar en el mercado y ahora tiene hasta el verano para buscar una fórmula de vuelta a la normalidad. Para ello, los acreedores que ahora han firmado la prórroga deben firmar un acuerdo definitivo de reparto de esfuerzos. 

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