20.000 millones tienen la culpa

Si las previsiones oficiales se cumplen, para 2017 la Seguridad Social volverá a ser autosuficiente. Es decir, las cotizaciones de los que trabajan serán capaces de mantener el pago de pensiones sin tener que echar mano de la hucha para que los pensionistas puedan tener su nómina a tiempo en el banco. Esto no ha sido así en los últimos años, debido a la crisis, el crecimiento del paro y la caída de los salarios. Y eso ha hecho que la reserva del sistema haya menguado desde 66.815 a 39.520 millones de euros. Como ese ritmo de salida de dinero de la hucha es insostenible, se ha vuelto a reabrir el debate sobre quién debe pagar determinadas pensiones, el Estado o el sistema de la Seguridad Social, y la polémica ha vuelto a centrarse en las de viudedad.

Para poder centrar el tema, las frías cifras señalan que a 1 de agosto pasado había en España un total de 1.484.144 beneficiarios de pensión de viudedad, que percibían una pensión media de 631,30 euros mensuales con dos pagas extra. Esto significa un gasto anual que para el conjunto de 2015 está presupuestado en 18.067 millones de euros, una cifra muy importante, pero que en realidad supone solo el 16,7% del total de gasto en pensiones contributivas de la Seguridad Social.

Esta vez el debate lo ha abierto el propio Gobierno. Cuando el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, comparecía en el Congreso a finales de agosto para explicar sus presupuestos, dejó caer que habría que pensar en buscar vías alternativas para financiar algunas pensiones. Textualmente Burgos dijo que “las de jubilación e incapacidad tienen condiciones para mantenerse como esencialmente contributivas”. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Y esto quiere decir literalmente que el resto de las pensiones deberían poder financiarse con dinero que no venga de las cotizaciones de trabajadores y empresas.

Supervivencia. ¿Por qué la mirada se dirige inmediatamente hacia las pensiones de viudedad? La razón viene de antiguo. Cuando los partidos políticos españoles decidieron que en el tema de las pensiones era mejor ir todos juntos se creó el denominado Pacto de Toledo, en el que están el Gobierno, los partidos y los agentes sociales, para ir acomodando el sistema de la Seguridad Social a las circunstancias y garantizar su supervivencia.

Desde el principio, las pensiones de viudedad estuvieron en el punto de mira, porque en España eran realmente bajas. Hubo un pacto general para revalorizarlas y así, por ejemplo, la pensión mínima de viudedad se revaloró entre un 46,6% y un 94,3%, según la edad y las cargas familiares de los beneficiarios entre los años 2000 y 2008. Pero todo el mundo tenía claro que este tipo de prestaciones no son en sentido estricto un derecho adquirido por la cotización laboral, sino que se trata de “renta de sustitución” o “de supervivencia”, definiciones que los sucesivos documentos emanados del Pacto de Toledo han aplicado sistemáticamente a las pensiones de viudedad y orfandad.

Se trata, pues, como ya decía un documento de 2003, de reservar este tipo de pensiones para los casos en los que el fallecido contribuía efectivamente al sostenimiento del superviviente, que se quedaría sin renta o con un ingreso insuficiente para vivir a causa del fallecimiento del trabajador o pensionista que sostenía la unidad familiar. En pureza, pues, como señalaba el secretario de Estado, estas pensiones no pueden equipararse a las de jubilación o incapacidad laboral, porque en estos dos últimos casos sí se corresponden con derechos adquiridos a lo largo de la vida laboral.

Reacciones. Las reacciones, como es lógico, no se han hecho esperar. Desde el PSOE se señala que aunque es cierto que habría que buscar fuentes de financiación alternativas, se oponen a que las pensiones de viudedad y orfandad sean consideradas en el futuro como “no contributivas”, porque en su opinión eso las dejaría fuera de los pactos de revalorización que pudieran alcanzarse en el marco del Pacto de Toledo.

Los sindicatos, algo menos drásticos, no se oponen a que estas pensiones salgan del sistema general de protección contributiva de la Seguridad Social, pero exigen medidas legislativas que salvaguarden el mantenimiento futuro de sus cuantías y revalorizaciones. Es decir, que no se aproveche el cambio en la fuente de financiación de estas prestaciones y no se traduzca en recortes.

De momento, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 que está ahora mismo en trámite parlamentario aplaza para la siguiente legislatura el debate y la presentación de nuevas propuestas para la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social. A estas alturas casi ningún experto duda ya de que hay una parte de las pensiones que tienen que ser financiadas con los impuestos en lugar de las cotizaciones sociales, al igual que se hace ya con los complementos de mínimos.

En este último caso, cuando el cálculo de la pensión que le corresponde a un trabajador que cumple los requisitos para cobrarla arroja una cifra por debajo de la cuantía establecida para la pensión mínima, el Estado pone la parte que corresponda para que ningún beneficiario con derecho a pensión contributiva cobre menos de la mínima. Para 2015, por ejemplo, el presupuesto general del Estado prevé un desembolso de 7.563 millones de euros para este fin, que se considera un gasto estatal más y que se financia con los impuestos de todos los españoles.

Periodo de adaptación. Otra cosa será ver de dónde saca el dinero el Gobierno al que le toque empezar a aplicar la medida, porque los 19.560 millones de euros que este año se gastará la Seguridad Social en pensiones de viudedad y orfandad son una cifra superior a los casi 16.000 millones que la Administración central repartirá entre todos los ayuntamientos de España por su participación en los impuestos estatales y se queda muy cerca de los 25.000 millones que el Estado prevé gastar el próximo año en protección a los desempleados.

Lo lógico, según las fuentes consultadas por TIEMPO, es que se pacte un periodo de adaptación de varios años que permita cambiar la financiación poco a poco.