La cultura no sabe de límites

A finales del siglo XVI, Paolo Veronese, ya un reconocido pintor en aquellos días, fue llamado ante un tribunal de la Santa Inquisición. Poco antes había pintado una Última cena en la que había incluido multitud de personajes, entre otros dos soldados alemanes, protestantes en plena expansión de la Reforma, algo inaceptable para los jueces. Seguro de sí mismo, Veronese argumentó que la inclusión respondía a criterios creativos y en su defensa deslizó toda una declaración de intencio-
 nes: “Nosotros, los pintores, nos tomamos las mismas licencias que se toman los poetas y los locos”. En otras palabras, la cultura, para mantener su frescura, no debe tener límites. Y sin embargo, hay quien se empeña en ponérselos.

Desde Veronese son muchos los cómicos, pintores, poetas o escritores que han pasado por tribunales, eclesiásticos en su momento y penales en la actualidad. Más artistas que locos. El último escándalo saltó con la detención de dos titiriteros durante los carnavales en Madrid por representar una obra poco apta para menores. En ella un policía usaba una pancarta de apoyo a un grupo terrorista inventado (Gora Alka-ETA) para inculpar a otro de los personajes mientras dormía. Además, durante la actuación se representaban actos que, cuanto menos, son cuestionables frente a un público infantil: la violación de una monja y el suicidio de un juez. Es el caso más mediático, pero otros muchos recorren su vía judicial en la actualidad. Esta misma semana ha tenido que declarar ante el juzgado Abel Azcona, el artista que con cerca de 200 hostias consagradas (y robadas) escribió la palabra “pederastia” en el suelo.

Son precisamente las obras que tienen que ver con los sentimientos religiosos las que más ampollas levantan. Hace solo unos días, un concejal del PP se levantó indignado y se marchó de la ceremonia de entrega de los premios Ciudad de Barcelona. Sobre el escenario la poetisa Dolors Miquel recitaba una versión propia del padrenuestro: “Madre Nuestra que estás en el cielo, santificado sea tu coño...” Los populares cargaron contra el ayuntamiento por permitir el recital, pero no habría pasado de un choque de sensibilidades si dos asociaciones católicas no hubieran corrido a denunciar a la poetisa y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, anfitriona del acto, ante la fiscalía.

Ahora se denuncia todo y todo el tiempo”, explica Igor Minteguia, profesor de Derecho Eclesiástico de la Universidad del País Vasco y cuya tesis versó precisamente sobre los límites entre los derechos religiosos y la libertad de expresión. “Cada vez se confunden más dos niveles que deben permanecer ajenos. Una cosa es la repulsa moral que algunas expresiones artísticas pueden provocar o la responsabilidad política que debe acarrear al responsable de haberlas programado y otra muy distinta, que deban judicializarse”, continúa. En su opinión, por mucho que hiera a algunas personas, la libertad de expresión incluye un derecho a la crítica, a la sátira, que puede molestar. “Y esa es precisamente una de las características de este tipo de expresiones: molestan, pero desde la crítica. Otra cosa es una incitación al odio racial o de género, pero para esos están otras leyes”, apunta Minteguia

 

Rafael Palomino, catedrático de Derecho Eclesiástico en la Universidad Complutense de Madrid cree que “estamos en un contexto de judicialización de los conflictos sociales, no solo de este tipo de ofensas” que no tiene por qué ser negativa. “Lo que en otros momentos se resolvía por cauces poco pacíficos, hoy busca en los tribunales una solución civilizada”, explica. Lo cierto es que las cifras de denuncias se han disparado en los últimos años. A finales del siglo XX, apenas se habían recogido un par de casos sobre actos de este tipo, pese a que la ebullición de la democracia fomentó un repunte de las expresiones artísticas. En los últimos años, sin embargo, la actividad de asociaciones católicas y ultraconservadoras han multiplicado los procesos en los que se acusa de dañar el honor de algún colectivo, religioso o social. Fue una de las más combativas, el Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro, quien hace cuatro años llevó hasta los tribunales un corto satírico de Javier Krahe en el que explicaba cómo cocinar un Cristo para dos personas. La propia asociación asume como lema “Cristianizando el Derecho, Cristianizando la Sociedad” y se vanagloria de haber llevado en los últimos años a multitud de personajes públicos hasta los tribunales. En el caso de Krahe lo hizo nada menos que 35 años después de que se grabase, en 1977, tras la emisión en 2004 durante una entrevista con el autor. La denuncia tuvo más recorrido mediático que jurídico. Se archivó con el argumento de que no era posible probar que ni el cantante ni los responsables de su emisión televisiva hubieran tenido en ningún momento “la intención de menoscabar, humillar o herir los sentimientos religiosos de terceros”. Lo mismo ha ocurrido cada vez que alguien ha tratado de llevar a un artista a los tribunales. Uno de los casos más recurrentes es el de Leo Bassi, acostumbrado a ver cómo se archivan los procesos en su contra por repartir condones disfrazado de Papa.

Es donde acaban todas las denuncias de este tipo”, confirma María Paz García Rubio, catedrática de Derecho Civil en la Universidad de Santiago de Compostela, que siguió de cerca el caso del cantautor. Para que haya delito el artículo 525 del Código Penal exige que se hayan ofendido “los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa” haciendo “públicamente escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias”. Pero hay consenso en que la misma libertad que ampara a quien cree en una religión ampara también a quienes no lo hacen y, por tanto, permiten que se expresen en este sentido, un callejón sin salida que acaba tumbando todos los procesos. A juicio de García Rubio, si no es posible probar nunca esa voluntad expresa de atacar al colectivo más allá de la crítica, la norma carece de sentido y debería retirarse. “Es lícito sentirse herido por este tipo de expresión, pero en todo caso la denuncia debería ir por una vía civil en la que se reclame un daño al honor, no por la penal”. En su opinión, el Código Penal debe recoger solo aquellos comportamientos que son fundamentales para mantener la sociedad que queremos, no ir más allá. La vulneración, argumenta, de un sentimiento religioso no debe estar ahí, es algo privado, no de relevancia pública y mucho menos perseguido con el aparato del Estado. “Hay que distinguir entre lo políticamente incorrecto, incluso moralmente cuestionable, y lo perseguible por el Estado, concluye.

En ese mismo sentido se explica Marc Carrillo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra: “La moral particular, por muy legítima que pueda ser, nunca puede servir como un criterio para resolver los eventuales conflictos entre la libertad de expresión y la libertad religiosa. Sobre todo, cuando la crítica o la sátira se manifiesten en espacios abiertos al público. No hay que olvidar que las creencias religiosas forman parte del núcleo privado de la persona, que en ningún caso puede pretender imponerlas al resto de la sociedad”. Para Carrillo, la propia expresión artística exige un nivel de libertad para que se produzca que es incompatible con los límites que algunos tratan de imponer. Y no solo religiosos. “Las legítimas convicciones ideológicas o morales no pueden prevalecer sobre el interés general en conocer el contenido de una crítica”.

Carrillo, incluso hace una defensa del derecho a molestar: “La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Estrasburgo) tiene asentada una doctrina (caso Lingens, 1986, entre otros) asumida por el Tribunal Constitucional, según la cual la libertad de expresión garantizada por la Constitución no solo puede dar cobertura a la crítica amable sino también a aquella que puede resultar, incluso, hiriente. Ello es una consecuencia de la libertad ideológica y del valor constitucional del pluralismo que deben imperar en una sociedad democrática”. Y los artistas son quizá la punta de lanza de esa libertad. Muchas obras reconocidas son tales porque en su momento molestaron, porque provocan o hacen pensar. Por su parte, el profesor Palomino cree que en los últimos años existe una explosión mediática y artística en torno a la profanación (tratar algo sagrado sin el debido respeto), una concepción más transgresora del arte. Un ejemplo es la feria Arco que estos días se desarrolla en Madrid, experta en este tipo de polémicas. En 2013 la Fundación Francisco Franco llevó ante la Justicia a un artista por firmar su obra. Always Franco representaba al dictador “congelado en el cerebro de los españoles”. Para ello, su autor, Eugenio Merino, introdujo una representación del Caudillo dentro de una nevera con un logo que recordaba al de una conocida marca de refrescos. Como todas las denuncias de este tipo, la acusación fue desestimada, pero la fundación consiguió un hueco mediático que desde entonces ha tratado de mantener. La provocación no solo benefició al artista, también a su denunciante.

Hay artistas, de hecho, que han convertido el escándalo en su mayor éxito. En 1961, Piero Manzoni lanzó una de las críticas más feroces contra el mercado del arte. “No quieren más que mierda”, confesó a un amigo después de envasar sus propios excrementos en latas. El escándalo fue de proporciones gigantescas. Ahora, una de esas mismas latas se expone en el MOMA de Nueva York y cada una cuesta más de 100.000 euros.