"Si no puedo brincar el muro pasaré por debajo"

La montaña Nido de las Águilas, entre las ciudades de San Diego en Estados Unidos y Tijuana en México, es una de las zonas fronterizas donde aún no existe un muro divisorio. Una valla metálica oxidada termina de forma abrupta y un cartel avisa: "Peligro".

Su elevación y el difícil acceso terrestre, entre arbustos y rocas, prácticamente impiden la circulación de personas y vehículos por la montaña. El área es vigilada de manera permanente por la Patrulla Fronteriza a bordo de vehículos todo terreno y helicópteros. 

En teoría, un muro de concreto de entre diez y veinte metros de altura, como el propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sellaría la frontera. 

Sin embargo, su construcción "no detendrá a los mexicanos", asegura Manuel Reyes, un migrante deportado de los Estados Unidos que dejó a su esposa y cinco hijos en Los Angeles, California, ciudad a la que llamó hogar por más de 22 años. 

"Si no puedo brincar el muro entonces pasaré por debajo", dice a la agencia dpa Reyes, que fue deportado el 20 de enero y bromea diciendo que seguramente fue "el primer deportado de Donald Trump", que asumió ese mismo día.

La desesperación de los migrantes deportados por regresar con sus familias es solo uno de los factores que la administración de Trump deberá tener en cuenta si desea cumplir con su promesa de frenar la migración indocumentada, sobre todo si su principal estrategia consiste en levantar el muro.

"Su construcción orillaría a los migrantes a correr mayores riesgos en su intento por cruzar a Estados Unidos", explica a dpa Alejandra Castañeda, investigadora del Colegio de la Frontera Norte, una institución académica con sede en Tijuana especializada en asuntos fronterizos.

Alrededor de un tercio de los 3.200 kilómetros de frontera entre México y Estados Unidos tiene algún tipo de muro, valla u obstáculo que impide, o al menos dificulta, la internación de inmigrantes indocumentados y de traficantes de droga a territorio estadounidense.

Castañeda explica que cerca de la mitad de la franja fronteriza está dividida por "barreras naturales", como desiertos, montañas y ríos.

Las condiciones agrestes del terreno ponen en riesgo las vidas de las personas que se aventuran a cruzar, pero también los planes del presidente Trump para la construcción del muro que quiere hacer pagar a México.

"El acceso a estas zonas es tan difícil que antes de levantar muros se tendrían que construir caminos", explica la investigadora.

En su informe "Construyendo Puentes o Construyendo Muros", estima que la edificación de cada milla (1,6 kilómetros) de muro podría costar entre 15 y 25 millones de dólares, calculando los materiales, la mano de obra y la logística requerida para la obra.

Castañeda desconoce si hasta el momento alguna empresa ha presentado una propuesta o anteproyecto para su construcción.

Otro obstáculo es la tenencia de la tierra, explica la investigadora, ya que en Texas la mayor parte de los terrenos aledaños a la frontera son propiedad privada. 

Antes de construir el Gobierno de Estados Unidos tendría que ir a la Corte para expropiar los terrenos. "Esto ya se ha intentado anteriormente, e implica procesos muy tardados y costosos", señala.

A lo largo de la frontera existen tierras tribales que pertenecen a grupos indígenas nativos estadounidenses. Estos gozan de autonomía sobre sus actividades y la explotación de sus recursos naturales, pero mantienen una soberanía limitada a las órdenes ejecutivas o estatutos federales del Gobierno de Estados Unidos.

Los Kumiai son una de las tribus que poseen reservas territoriales tanto en México como en Estados Unidos. 

"Nuestro territorio no tenía fronteras y nuestros antepasados migraban en búsqueda de alimento entre la costa mexicana y las montañas de Estados Unidos", explica Javier Ceseña, indígena kumiai que vive del lado mexicano.

Ceseña asegura que la construcción del muro constituye un atentado a sus territorios ancestrales, un agravio que será combatido por los grupos indígenas de ambos países. 

"No basta con haber trazado una línea que dividió nuestras familias, ahora quieren construir un muro que nos separará aún más", señala.

La edificación del muro también ha consternado a grupos ambientalistas de México y Estados Unidos, por el impacto que ocasionará a los ecosistemas compartidos por ambos países.

Eduardo Nájera, director de la organización Costa Salvaje, prevé que la construcción de una obra de tal magnitud tendría un impacto innegable al medio ambiente, al requerir la construcción de caminos, el relleno de cañadas y la alteración de los cauces de agua.

Una vez construido el muro impactaría a diversas especies de mamíferos y reptiles protegidos como venados, pumas y búfalos. Al limitar su movilidad se vería afectada su capacidad de alimentación y sus procesos de apareamiento.

"Se tienen que considerar estos impactos, no solo por respeto a la naturaleza, también por el respeto a los tratados internacionales", sostiene Nájera, y señala que el muro pretende construirse en áreas protegidas por los Gobiernos de Estados Unidos y de México, contempladas en acuerdos que se pueden hacer valer ante cortes internacionales.

Aunque la construcción del muro aún no ha iniciado, la nueva administración ha comenzado a reforzar algunos segmentos de la frontera. 

La valla de seis metros de altura que divide la playa de Tijuana de la de San Diego, en California, fue remozada con una malla metálica para impedir el cruce ilegal de personas. 

A menos de un mes de su instalación la valla, que se adentra en el mar, tiene un agujero de medio metro de ancho en su base, suficiente para permitir el cruce de una persona adulta. 

"Toda nuestra vida está allá, tenemos que regresar como sea", dice Reyes, sentado en una banca en un albergue para migrantes de Tijuana.

Minutos después, se despide de un grupo de migrantes con mochilas al hombro. "Ya se van para el norte", dice sonriente. "En cuanto yo pueda me voy también, a mí nadie me va a detener".