Pensionistas pobres

Como miles de ciudadanos, cometí el error de confiar en que tendría por ley una pensión digna después de varias décadas cotizando al máximo en la Seguridad Social. Mi falta de previsión ha sido mi primer fallo, y el segundo, creer que el Estado del bienestar era un derecho adquirido y perdurable. En mi descargo diré que nadie nos advirtió de lo fácil que era perder los derechos que tanto esfuerzo costó conquistar. Nos enseñaron que los países europeos más avanzados, después de la Segunda Guerra Mundial, nos habíamos ganado a pulso un sistema providencial capaz de combinar en su justa medida democracia, bienestar social y capitalismo. Parece que el desarrollo económico equilibrado y el pleno empleo solo fue un sueño. Se acabó el pastel del Estado benefactor y ahora empieza a hacer agua por donde más duele.

“El sistema actual va a mandar a la pobreza a la mayoría de los futuros pensionistas”, ha dicho el catedrático vasco Ignacio Zubiri ante la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso. Según este experto tenemos dos problemas: uno a corto plazo, porque las cotizaciones han bajado con la crisis y el gasto en pensiones crece a un ritmo del 3,5% anual; a la larga será peor, pues todo el ajuste recaerá sobre los jubilados, que verán caer sus prestaciones rebajadas en torno al 40% o más, es decir, la mayoría vivirán por debajo del umbral de la pobreza. El tema es delicado porque cualquier cosa que se insinúe hace cundir el pánico. No se sabe si el incremento de la esperanza de vida ha de afectar a la cuantía de la pensión o a la edad para jubilarse, si viudedad y orfandad han de sufragarse con los Presupuestos Generales del Estado, si José Luis Rodríguez Zapatero hizo bien congelando su revalorización, después de una considerable subida, para no tocar el fondo de reserva, como ha hecho el PP. Todo resulta alarmante.

Ojalá los miembros del Pacto de Toledo se pongan de acuerdo para adoptar los sistemas más avanzados, los que mejor funcionan, generalmente, los de los países nórdicos. Se tendría que consensuar un modelo social sostenible, en el que las pensiones sean un derecho al que se dotase de las medidas necesarias para garantizar su pago. Un modelo que fuera equitativo; lo lógico sería calcular la base reguladora utilizando la historia completa de cotización del trabajador, para evitar fraudes de quienes incrementan sus cotizaciones en los periodos del cálculo de la pensión. Y por último, un modelo transparente, de manera que cada ciudadano pueda saber la perspectiva de lo que cobrará tras su jubilación, con los ajustes que las circunstancias determinen. Por más prisas que se den, sea cual sea el resultado final, los acuerdos llegan tarde, porque en materia de pensiones el modelo debe ir muy por delante en el tiempo. Por la falta de previsión a la que me refería, lo de mi generación ya no tiene arreglo. Ojalá a la siguiente no le ocurra lo mismo.