Corruptos y robagallinas

Si nos atenemos a los últimos acontecimientos, sigue vigente la frase que pronunció el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, sobre la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal que está “pensada para el robagallinas, no para el gran defraudador”, lo cual supone una traba en la lucha contra la corrupción. Expondré los hechos a los que me refiero. Larbi el Mouden, un marroquí que lleva más de 20 años en España, casado con una española, con un hijo, empleo fijo, sin antecedentes penales, fue condenado por la jueza a dos años y cuatro meses de cárcel por robar un móvil valorado en 120 euros.

Larbi lleva en la cárcel desde abril y aún no ha recibido respuesta a la petición de tercer grado. Su abogado dice que existen pruebas a favor de su inocencia y pide un indulto ante un caso tan insólito. Quizá lo haya conseguido cuando se publiquen estas líneas.

Si el anterior es un caso emblemático de robagallinas, los siguientes afectan a grandes defraudadores que, a través de argucias legales y técnicas dilatorias, retrasan o incluso evitan su entrada en prisión, a pesar de que están acusados de delitos enormemente más graves que robar un móvil. El presunto cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, negoció con la Fiscalía Anticorrupción ofrecer información sensible a cambio de una reducción de la petición de condena. No lo logró en su momento y ahora vuelve a la carga con otra petición: que le dejen acceder a los 22 millones que tiene en sus cuentas bloqueadas en Suiza para reparar el daño causado e intentar, de nuevo, reducir la previsible condena.

Otro interesado colaborador con la Justicia es el “yonqui del dinero”, Marcos Benavent, que también se ha acogido a otra figura jurídica, a cambio de implicar a los que se repartían las comisiones del 3% en los despachos del Ayuntamiento y de la Diputación de Valencia, según su testimonio, con el conocimiento del actual presidente del partido y del Gobierno en funciones.

Miguel Blesa es otro de los que pretende beneficiarse de la legalidad vigente y, para suavizar la posible condena, decide reparar el daño y reintegra 436.688 euros que se gastó con su tarjeta black. Petición a la que accede Fernando Andreu, juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Bankia. Evito extenderme con más casos por falta de espacio.

Está bien que los presuntos corruptos colaboren con la Justicia, confiesen y delaten a sus compañeros de fechorías, reparen parcialmente el daño causado, devuelvan el dinero que fue malversado, que se acojan a los beneficios de la ley, pero no a un coste tan bajo.

Es injusto que les sirva de atenuante limitarse a devolver, sin multa ni intereses, solo las cantidades que robaron. La ley debería ser más estricta. Porque si robar a manos llenas sale tan barato puede animar a otros estafadores a delinquir.