De trenes, nacionalismos y desobediencia

Tres semanas después de la firma de la ley de consultas y de la convocatoria del referéndum independentista del 9 de noviembre, ni Artur Mas ha dado un paso atrás a pesar de la suspensión de la consulta por el Tribunal Constitucional, ni el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, después de calificar de “lío” el camino en que se ha metido el presidente de la Generalitat (una simple derivación de aquella “algarabía” con la que bautizó la primera gran Diada, la de 2012), ha dado un paso adelante para abordar desde el punto de vista político el desafío político que, conforme pasan los días, adquiere más gravedad y produce mayor preocupación no solo en España, sino en Europa.

“El hecho de que Cataluña quiera separarse de España –reflexiona el periódico italiano Il Messaggero, preocupado también por el fenómeno del nacionalismo en el norte de su país– no es un problema español: es el problema europeo por excelencia, el problema de una Europa que ya no sabe qué ser. ¿Federal, es decir la unión de regiones cultural y económicamente definibles? ¿Confederal, es decir la unión de naciones entendidas como comunidades de destino?”. Solo hay que hacer lo que sucedió después de la Primera Guerra Mundial, teniendo en cuenta que los nacionalismos son los que han provocado las dos grandes guerras europeas del siglo XX, como no se cansa de recordar el Nobel Mario Vargas Llosa.

Es verdad que los nacionalismos no llevan consigo el crecimiento económico, sino proteccionismos, devaluaciones competitivas que alimentan la inflación, luchas fratricidas entre europeos. Y la realidad, según el diario italiano es que “Europa está en peligro porque no tiene ningún ideal que ofrecer frente a un renaciente nacionalismo. El milagro español es el de un Estado con varias naciones. Ahora solo un razonamiento económico puede ser usado para inducir a los catalanes a no abandonar el Estado. Eso no es suficiente y, además, no hay una monarquía parecida a la del Reino Unido, con su Imperio, que es la que realmente ganó el referéndum en Escocia”.

Pero ahora, el tema económico sigue siendo vital ya que muchos banqueros y analistas financieros creen que el conflicto en Cataluña es preocupante, y ya están tomando medidas de precaución por lo que pueda pasar. La mayoría de los expertos económicos, asegura Financial Times, cree que Cataluña seguirá siendo una parte integrante de España. Pero también hay la sensación de que España puede estar adentrándose en una fase de incertidumbre política, sin una clara salida a la vista.

“Existe preocupación por el efecto en las empresas y en la inversión –señala Financial Times– y es esto, precisamente, lo que dominó el debate en la reciente campaña para la independencia de Escocia, dando un empuje al no. En España, ese debate no se ha registrado todavía en los mercados. La prima de riesgo está en un punto bajo histórico y las acciones en compañías catalanas no han registrado problemas... Según las fuentes oficiales, esto es la prueba de que se ha exagerado este temor. “¿Por qué no hay reacción en los mercados? Porque los mercados creen que no va a pasar nada”, es la tesis de Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda. Lo que no impide, por ejemplo, que el banco de inversión norteamericano Morgan Stanley, insista en que, probablemente, el pacto fiscal es una salida para la actual crisis. La entidad le da un 5% de probabilidades a una independencia unilateral de Cataluña, un 15% a una salida pactada con el Estado español, un 50% a lograr un pacto fiscal, y un 30% a que no exista acuerdo de ningún tipo entre ambas partes.

En cualquier caso, de momento no se vislumbra ninguna salida y la del pacto fiscal, ahora, no parece posible. Los dos trenes han dejado la misma vía, esa en que parecía inevitable el choque, y circulan por vías diferentes aunque hay uno, el que conduce Mas, que va marcando las estaciones y una hoja de ruta que no es suya sino de los independentistas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), la Coordinadora d’Unitat Popular (CUP), Òmnium Cultural, la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), que preside Carme Forcadell. Todos ellos han forzado a Mas a que el Parlamento catalán elija a los miembros de la Comisión de Control de la consulta soberanista, según dicta la ley de consultas suspendida por el Constitucional, y además, a publicar el decreto en el Boletín Oficial de la Generalitat, en un claro delito de desobediencia y en un acto delictivo de prevaricación.

Con esa firma Mas ha traspasado una línea roja más, que el Gobierno ha estimado como definitiva y como para que intervenga el fiscal general del Estado y valore si estamos ante un delito de desobediencia, según el artículo 410 del Código Penal que establece que “las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior (...) incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años”.

Una nimiedad si se compara con la fórmula que implantó José María Aznar cuando el desafío independentista de Juan José Ibarretxe: el titular de Justicia elevó al Consejo de Ministros un informe que permitía al Gobierno encarcelar a Ibarretxe si seguía con su reforma estatutaria. El Código Penal en vigor ya imponía hasta tres años de prisión a las autoridades que cometiesen el delito de “usurpación de funciones”, en el que incurriría el lendakari de convocar un referéndum sin autorización del Gobierno. Aun así, Aznar decidía amenazar a Ibarretxe con un castigo más severo: de tres a cinco años de cárcel y hasta diez de inhabilitación para ejercer cargo público.

Se aplicaría esta figura penal a la “autoridad o cargo público” que, atribuyéndose competencias que no le corresponden, convoque o autorice unas elecciones o “consultas populares por vía de referéndum”. A los cargos públicos o funcionarios que colaboren en la celebración de la consulta popular, “una vez acordada la ilegalidad del proceso”, se les podrían imponer hasta tres años de prisión y seis de inhabilitación, y a los interventores que supervisen el referéndum, hasta doce meses de cárcel.