Alto el fuego a la espera de Galicia y el País Vasco... y con De Guindos

Mariano Rajoy, probablemente sin saberlo, acaba de proporcionarle a Pedro Sánchez el mejor argumento, la más valiosa coartada, para justificar ese No, que ha repetido hasta la saciedad, a su investidura. Un No del que, a menos que le obligue el Comité Federal del PSOE, no piensa moverse.

La tesis de Sánchez es que Rajoy no puede cambiar, ni tiene la menor intención de cambiar. En este sentido, el escándalo provocado por el sorprendente nombramiento de director ejecutivo del Banco Mundial del exministro de Industria y Energía José Manuel Soria, el hombre de los papeles de Panamá, el amigo del presidente que, desde Canarias y durante años, ha velado por el bienestar y la salud de Rajoy padre, ha venido a demostrar cómo es Rajoy y cómo es su comportamiento.

Ese nombramiento, que tanto escándalo y rechazo ha producido en la opinión pública, harta de arbitrariedades, dicen que le ha prestado el mejor servicio a quien, incluso después de fracasada la investidura de Rajoy, seguía estando contra las cuerdas. Con muchos de los barones en su contra y con presiones de todo tipo para contribuir de alguna forma al desbloqueo de la situación política nacional con la fórmula de la abstención, a la que se ha venido negando y que, en todo caso, tendrían que decidirla no Sánchez y su Ejecutiva, sino el Comité Federal del partido que tiene que reunirse la última semana de septiembre para valorar los resultados de las elecciones autonómicas gallegas y vascas.

Al final, con el caso Soria, que se ha convertido en el caso De Guindos, el propio Rajoy se ha colocado en una situación insólita, porque no ha dicho la verdad a los españoles, porque alguien que tiene cuentas en paraísos fiscales no puede ocupar un puesto de responsabilidad en el Banco Mundial y porque ese nombramiento violaba ética y estéticamente el pacto de regeneración política firmado con Ciudadanos para intentar una investidura que terminó en fracaso. El hecho de que minutos después de frustrada la investidura se hiciese público el nombramiento de Soria suponía un auténtico desprecio al pacto con Ciudadanos, una tomadura de pelo a la ciudadanía y una decisión que podría tener efectos electorales en las autonómicas gallegas y vascas, y así se encargaron de decirlo varios dirigentes del PP en lo que ha sido el primer intento de rebelión a una determinada forma de gobernar.

Con gran habilidad, el aparato del partido y también del Gobierno descargaban toda la responsabilidad sobre el ministro de Economía, Luis de Guindos, el hombre que en algún momento acarició la idea de ser el “Monti español”, con Soria precisamente de presidente del partido. El que había mentido sobre los detalles de cómo se había producido el nombramiento de Soria no era Rajoy, sino De Guindos, que no había informado de la plaza por cubrir; que había limitado los aspirantes a técnicos comerciales del Estado y economistas del Estado, cuando ni siquiera hacía falta ser funcionario para optar al puesto; que había formado el tribunal con cargos del ministerio del propio Soria; y que, incluso, había ocultado el número y la identidad de los que supuestamente se habían presentado.

Hasta el ministro de Justicia, Rafael Català, saltaba al ruedo para señalar a De Guindos como el gran responsable. Y así comparecía, de tapadillo en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, mientras la totalidad de los partidos insistían en que su comparecencia tenía que producirse en un Pleno especial al que se niega el Gobierno con la excusa de que un Gobierno en funciones no está sometido al control del órgano legislativo, algo que incluso ha llegado hasta el Tribunal Constitucional y que pese a la celeridad con la que suele actuar, todavía está pendiente de resolución. Entretenidos con Soria y con la campaña de las elecciones vascas y gallegas, todos los responsables políticos se han tomado un respiro ante el bloqueo institucional del país y tratan de convencer a la ciudadanía de que los resultados de esas elecciones pueden influir en posibles pactos que hagan viable una investidura, sobre todo la de Mariano Rajoy, que sigue perseverando, tras el primer fracaso el 2 de septiembre y tras el desgaste de credibilidad que para él y su Gobierno ha supuesto el caso Soria.

Es precisamente en el País Vasco donde, según fuentes populares, podrían darse esos resultados que beneficiarían al PP, en el caso de que el PNV necesitase de sus votos para gobernar. Los sondeos, especialmente el del CIS, colocan tanto al PP como al PSOE en ocho escaños, frente a un PNV con 27-28 escaños. En ese escenario se produce el sorpasso de Podemos al PSOE, que detecta claramente la encuesta del CIS en el País Vasco, y de forma menos clara en Galicia, donde En Marea puede quedar por delante de los socialistas, con lo que estaríamos ante dos derrotas que tendrán que ser asumidas por Sánchez en unas circunstancias, internas y externas, muy complicadas.

Dos derrotas el mismo día, y dos posibles sorpassos en dos elecciones diferentes sería lo último que aguantarían muchos barones críticos con Sánchez y su Ejecutiva. Para muchos sería el momento de pedir su dimisión y montar una gestora. La impulsora de esa operación sería, cómo no, la presidenta andaluza, Susana Díaz.