Niños sin infancia en los campos agrícolas de México

A cambio de una remuneración mínima o nula, sin alimentación, educación ni acceso a la salud adecuados, en los campos agrícolas de México trabaja más de un millón de niños, como Rumualdo Chamú Cipriano, a pesar de que las leyes lo prohíben.
 
 "Mi nombre no me gusta. Mis amigos me dicen Chamú, es mi apellido. Tengo 13 años, creo que sí tengo edad para trabajar, Me gusta ayudar en mi casa, no hay trabajo ni dinero en el rancho. Nos aventamos al campo, a la pisca (recolección). Es lo que sabemos hacer", dice el niño originario de Zicuirán, La Huacana, municipio enclavado en la Tierra Caliente de Michoacán.
 
 En México está prohibido contratar en labores agrícolas a menores de 18 años, pero es una práctica muy extendida que en los campos trabajen familias completas, migrando de un lugar a otro según la temporada de cosecha. 
 
 El presidente de la asociación civil Fuerza Migrante, Pedro Fernández Carapia, estimó en entrevista con dpa que en México hay cerca de cuatro millones de jornaleros agrícolas, de quienes un millón y medio serían niños y adolescentes.
 
 Según explica, al igual que los adultos son contratados por firmas nacionales y extranjeras, que a su decir "se aprovechan" de la necesidad de los jornaleros, que trabajan sin seguridad social ni salario justo.
 
 Chamú, el mayor de cuatro hermanos, dejó la primaria desde tercer grado. "Ya no quiso estudiar, dice que no sirve. Nos decía que iba a la escuela, pero se iba a los jornales con sus tíos y primos mayores. Llegaba a la casa con algunos centavos. Ahora dice que va a ahorrar para irse a los Estados Unidos", cuenta Teresita Cipriano, madre del niño.
 
 En Michoacán, el estado con mayor producción agrícola de México, según la temporalidad de los cultivos hay constantemente jornaleros agrícolas migrantes.
 
 El 70 por ciento de ellos son indígenas, procedentes de estados como Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y de otros municipios de Michoacán, que por su trabajo perciben entre 80 y 140 pesos (unos cinco a ocho dólares) por jornadas de 12 horas.
 
 De acuerdo con Fernández Carapia, en Michoacán trabajan "en condición de esclavitud" y pobreza extrema alrededor de 200.000 jornaleros que en su mayoría no saben leer ni escribir y que, ante la falta de empleo, encuentran en los campos agrícolas una fuente de ingresos.
 
 El activista señala que aunque las leyes mexicanas prohíben la contratación laboral de menores de 18 años para estas tareas, entre 40.000 y 50.000 jornaleros tienen de seis a 14 años de edad y trabajan en contacto con agroquímicos de alta peligrosidad, expuestos a insolación, deshidratación, picaduras de animales, desnutrición y ajenos a las aulas escolares.
 
 Junto a toda su familia -tres hermanitas, madre y padre- en esta ocasión Chamú se encuentra en la recolección de chile en Coahuayana, en la costa del Pacífico. De tez morena y mirada dura, sumó sus menos de 40 kilogramos de peso a las cuadrillas de trabajo en octubre. 
 
 En esta parcela, donde permanecen de seis de la mañana a las seis de la tarde, la cosecha comenzó en diciembre y terminará en mayo. Él y su familia tienen un ingreso garantizado hasta entonces. Después, se unirán a nuevas cuadrillas jornaleras para ir a los campos de Sinaloa "si es que hay trabajo".
 
 Aunque se han endurecido las leyes para sancionar la contratación infantil, los campos agrícolas de Michoacán están llenos de niños o adolescentes que, por tradición, convicción y sobre todo por necesidad, buscan contribuir con el gasto familiar. Hay menores de 16 años que ya son padres, por lo que se asumen como proveedores obligados.
 
 Ante este fenómeno de migración interna en México, el gobierno federal opera el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, al que en 2015 destinó 307 millones de pesos (unos 18 millones de dólares). En Michoacán hay 20 albergues, centros donde una coordinación interinstitucional procura apoyos alimenticios, educación, atención médica y reinserción escolar.
 
 Sin embargo, el presidente de la asociación civil Fuerza Migrante afirma que en sus diferentes recorridos han encontrado que en la mayoría de los albergues hay una infraestructura inadecuada, hacinamiento, insalubridad, inseguridad y venta de alcohol en las inmediaciones, y que incluso hay menores de edad que consumen cerveza para aliviar el cansancio.
 
 "El problema de fondo es que no hay empleo. La autoridad es cómplice al tolerar la explotación laboral, y más en niños", señala Fernández. "Gracias a leyes permisivas las empresas encuentran