La corrupción hace tambalear la constitución de Pinochet en Chile

Los sucesivos escándalos de corrupción y tráfico de influencias en la élite política y militar chilena abrieron una presión ciudadana creciente por eliminar la Constitución heredada de la dictadura militar, base del modelo neoliberal de desarrollo en el país.

"El pueblo debe contar con instrumentos efectivos que le permitan expresar su voluntad", dijo incluso el presidente de la Corte Suprema, el magistrado Sergio Muñoz, quien pidió imponer límites al poder de la élite política.

La llamada crisis de legitimidad, cuyo punto de partida fueron las miles de protestas ciudadanas que estallaron en 2011, encuentra hoy a los partidos e instituciones políticas en su peor momento.

El oficialismo, la oposición y el propio Congreso tienen apoyos ciudadanos por debajo del 25 por ciento en encuestas de diverso signo, cifras históricamente bajas desde el retorno a la democracia en 1990. Paralelamente, sobre un 70 por ciento de los ciudadanos apoya la idea de contar con una nueva Constitución, según diversos estudios de opinión.
Por ello, crecen las voces sociales y académicas que demandan el impulso de una Asamblea Constituyente para salir de la crisis, generada por los sucesivos actos de corrupción y la falta de representatividad del sistema político.

"En un contexto marcado por la desconfianza política (...), la opción de convocar a un plebiscito para definir una nueva Constitución abriría una oportunidad única para debatir democráticamente", dijo por ejemplo el sociólogo Manuel Garretón.

Sin embargo, las masivas acusaciones de corrupción y tráfico de influencias que afectan desde a líderes de la oposición hasta a la familia presidencial abren dudas sobre la posibilidad de cambiar la Carta Magna, promesa central de campaña del gobierno actual.

La presidenta Michelle Bachelet, quien aún no define cómo impulsará un eventual cambio de la Constitución, optó por ahora por anunciar que enviará al Congreso un proyecto para regular la relación entre política y negocios.

"Hay que cambiar la Constitución, no sólo hacer reformas", reaccionó de inmediato el senador Alejandro Navarro, presidente del oficialista Movimiento al Socialismo. 
La decisión de Bachelet, finalmente apoyada transversalmente pese a los matices, fue adoptada después de que su propio hijo, el politólogo Sebastián Dávalos, ganara cinco millones de dólares en una operación de compraventa de terrenos rurales teñida por el tráfico de influencias, situación que lo llevó incluso a renunciar a su cargo en La Moneda y su militancia en el Partido Socialista de su madre.

Hasta ahora, sin embargo, no hay claridad de que el gobierno pueda aglutinar siquiera a todo el oficialismo detrás de la idea de una Asamblea Constituyente. Además, requiere de dos votos de la oposición, para aprobar la iniciativa en el Senado.

Tampoco hay indicios de que haya cambios mínimos en los procesos de compra de armas, bienes y servicios en el ejército, donde varios militares están confesos de defraudación fiscal en al menos dos casos investigados por la Justicia. 

El cuadro general de corrupción, con los nombres de decenas de políticos en investigaciones judiciales, es por ahora el mayor descalabro que enfrenta el gobierno, pero no está claro que la decisión final sea apostar por una Asamblea Constituyente como símbolo de un cambio real frente a la crisis.

Ironías del destino, la decisión final puede estar en los tribunales. Es decir, es tan precaria la mayoría oficialista en el tema constitucional que todo puede definirse por el hecho de que uno o más congresistas pierdan sus derechos parlamentarios si son desaforados y/o condenados por los actos que se les imputan.

De hecho, de los 38 senadores que componen la Cámara Alta, seis están envueltos ya en procesos judiciales aún en desarrollo, lo que supone casi un 20 por ciento de los votos en esa instancia.