El gigante que corrompió un continente

02 / 03 / 2017 Ricardo Grande y Eva Brunner
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Los sobornos millonarios pagados por la constructora brasileña Odebrecht han hecho que presidentes, expresidentes, altos funcionarios y empresarios de América Latina tiemblen a medida que la sofisticada trama sale a la luz.

Protesta contra la corrupción en Lima (Perú) el 16 de febrero. Foto: Ernesto Arias/Efe

Muchas de las grandes obras de América Latina tenían un claro dueño: Odebrecht. Sus construcciones fueron los cimientos del desarrollo en la región. Primero en su Brasil natal, luego en los países vecinos, Estados Unidos y también más allá del Atlántico, en Europa, África y Asia. La compañía del logo rojo y blanco ejecutó al menos 4.482 proyectos. Hidroeléctricas, nucleares, puentes y viaductos, túneles, líneas de metro, oleoductos, aeropuertos y todos los grandes trofeos que los Gobiernos suelen mostrar como sinónimo de progreso. Obras que valen votos. Odebrecht fue un referente empresarial; ahora es un referente de la corrupción, cuyo alcance aún está por descubrir. “La mayor red de sobornos extranjeros de la historia”, como la ha calificado el Departamento de Justicia de Estados Unidos, empezó a vislumbrarse hace tres años en Brasil. Hoy afecta a cientos de políticos y numerosas grandes empresas de América Latina. La detención en junio de 2015 de uno de los empresarios más poderosos de Brasil, Marcelo Odebrecht, puso en vilo a la clase política y económica de la región. El heredero del grupo de empresas, que fundó su abuelo en los años cuarenta, fue condenado a 19 años de cárcel por liderar el esquema de sobornos de 2.100 millones de dólares (1.990 millones de euros) en la petrolera pública Petrobras. Fue un episodio destacado del caso Lava Jato, que involucra a empresas y a la clase política del país. Pero lo que el señor Odebrecht sabía y callaba iba a merecer un caso con su propio nombre.

La encarcelación de Odebrecht supuso el declive de su imperio. Reacio durante meses a colaborar, el dueño de Brasil, como acertadamente era conocido, decidió aceptar una reducción de pena a cambio de su confesión. Su testimonio y el de otros 77 altos ejecutivos de la constructora, apodados por la prensa como las confesiones del fin del mundo, aún están bajo secreto de sumario. Son los capítulos más esperados de una novela negra cuya trama, escrita en los ángulos muertos de la democracia, parece estar lejos de su final. El caso estalló cuando el Departamento de Justicia de EEUU, que, como Brasil y Suiza, investigaba a Odebrecht por sobornar a funcionarios públicos, desveló que la constructora pagó coimas desorbitadas en diez países latinoamericanos y dos africanos (Mozambique y Angola) a cambio de al menos 100 proyectos entre 2001 y 2016. Gastó cerca de 788 millones de dólares (749 millones de euros) en sobornos, una cifra récord. “Eso le permitió obtener unos beneficios de cerca de 3.340 millones de dólares [3.166 millones de euros]”, reflexiona el académico de la American University Matthew Taylor. Las cifras son altas, pero lo que este experto destaca es “cómo Odebrecht y la corrupción estaban institucionalizados”. Ya se constató con Lava Jato, el vendaval que azotó al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y a su partido, pero también al actual presidente, Michel Temer, y a miembros de la oposición. El caso estuvo a punto de crear una crisis institucional en Brasil y fue el detonante del impeachment a Dilma Rousseff.

Países heridos

Los sobornos de Odebrecht no entienden de colores políticos. Expresidentes, presidentes y altos funcionarios de Brasil, Venezuela, República Dominicana, Panamá, Argentina, Ecuador, Perú, Guatemala, Colombia y México han sido alcanzados por su onda expansiva. Aunque no todos han sido golpeados con la misma intensidad. El expresidente peruano Alejandro Toledo, localizado en Estados Unidos por el FBI, tiene pendiente una orden de extradición que lo enviaría directo a prisión preventiva. El Ministerio Público de Perú le acusa de haber recibido 20 millones de dólares (19 millones de euros) en sobornos. Como testigo mudo, en su país aguarda una réplica del brasileño Cristo Redentor del Corcovado, que fue donado por Odebrecht en 2011. Ahora rebautizado como Cristo de lo Robado, se ha convertido en la pizarra en la que algunos ciudadanos han plasmado su rechazo a la corrupción. En Perú, los cuatro últimos presidentes se han visto salpicados por esta megatrama.

El exmandatario peruano no es el único sobre el que pesa una orden de extradición. La Interpol ha lanzado una alerta roja para detener a dos hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli. Ambos tienen congeladas sus cuentas en Suiza y están acusados de recibir más de 20 millones de euros en sobornos de la constructora entre 2009 y 2012. Perú y Panamá son solo dos ejemplos del modus operandi de la constructora brasileña para acaparar las principales obras públicas de América Latina. Una tentación sobre la que la Organización de Estados Americanos (OEA) ya había advertido. “La contratación estatal se destaca por ser una de las actividades del Estado donde hay más riesgos de corrupción”, señalaba Luis Almagro, secretario general de este organismo. “Los niveles de impunidad en materia de sanción de actos de corrupción son muy altos en la mayoría de nuestros países”, lamentaba. Para asegurarse contratos públicos en estos países, Odebrecht se valía de influyentes intermediarios para llegar a las altas esferas del poder político y económico y así negociar en condiciones muy favorables. Un sofisticado sistema de empresas offshore, en el que se usaban distintas “capas o niveles de blanqueo de dinero”, permitía que los pagos pasaran inadvertidos. La compañía llegó incluso a comprar un banco en la isla caribeña de Antigua para agilizar las transferencias de los sobornos. Todo se gestionaba desde el Sector de Operaciones Estructuradas de la empresa, un nombre elegante para un departamento específicamente creado para pagar sobornos. En esta contabilidad paralela no se hacía nada sin la autorización de Marcelo Odebrecht.

Financiación ilegal

 “El sistema financiero internacional, que permite crear empresas fantasma y esconder flujos financieros ilícitos, juega un papel importante: es el lubricante que permite que la maquinaria de la corrupción funcione –explica Alejandro Salas, responsable de Transparencia Internacional en América Latina–. Odebrecht y sus socios corruptos desde luego utilizaban estas ventajas del sistema”.

La sombra de Odebrecht también alcanza al expresidente de El Salvador Mauricio Funes, o al exmandatario panameño Martín Torrijos. El círculo del actual presidente argentino, Mauricio Macri, también ha sido mencionado en las “declaraciones premiadas” de los 77 altos ejecutivos de Odebrecht.

No solo se ha tratado de enriquecimiento personal. “Otro problema es que parte del dinero corrupto se utilizó para apoyar la agenda y las campañas de algunos políticos”, explica la profesora de la Universidad de Yale Susan Rose-Ackerman, experta en jurisprudencia y corrupción. Las acusaciones de financiación ilegal en las elecciones han afectado presuntamente, además de a Brasil, a las campañas de los presidentes de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y Panamá, Juan Carlos Varela, quien ha hecho públicas las cuentas de su partido para demostrar que no tiene nada que esconder.

En Colombia se ha abierto una investigación sobre el origen de un millón de dólares (950.000 euros) que presuntamente financió la campaña del presidente Juan Manuel Santos. Para enmarañar más la trama, el exsenador Otto Bula, en prisión a consecuencia de Odebrecht, ha pedido a la Fiscalía que no utilice su declaración para inculpar a Santos. La campaña de su rival presidencial en 2014, el uribista Óscar Iván Zuluaga, también está siendo investigada para aclarar si el logo rojo y blanco de Odebrecht engrasó su campaña. En Venezuela, algunos exdirectivos de Odebrecht declararon que se destinaron tres millones de dólares (2.850.000 euros) para las campañas de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

“Hasta ahora, además de Brasil, Perú y Colombia también han mostrado la acción veloz y efectiva de sus autoridades, mientras que otros como Venezuela, México o República Dominicana parecen haber optado por el silencio y la inacción”, reflexiona Alejandro Salas. En Ecuador, el caso Odebrecht ha sido arma arrojadiza tanto para el Gobierno como para la oposición en la reciente campaña electoral. Unos y otros aguardaban que los documentos enviados por el Ministerio Público de Brasil pusieran nombre y apellidos a quienes recibieron los 35,5 millones de dólares (33,6 millones de euros) en sobornos de Odebrecht. Tendrán que esperar. La entonces directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía devolvió a Brasil dichos documentos alegando que “el Consejo de la Judicatura no cuenta con peritos acreditados en idioma portugués”. La devolución le ha costado el cargo.

El daño en los hogares

El efecto de la corrupción es de enormes dimensiones. No solo afecta al ámbito político y económico. “Más importante aún es el efecto social sobre millones de personas en toda América Latina. Las grandes obras de infraestructuras que quedan inconclusas no beneficiarán a la población”, analiza Salas. Así, Venezuela necesitará al menos 16 millones de dólares (15 millones de euros) para terminar los once proyectos que Odebrecht ha dejado inconclusos. “Los recursos desperdiciados no se utilizarán para mejorar la calidad de vida de las personas”, concluye. En Quito, la capital de Ecuador, Odebrecht ha dejado en solitario a la empresa española Acciona, con la que iba a realizar las obras del metro. FCC también tendrá que terminar sin su ayuda las obras del metro de Panamá.

Más allá de los titulares con nombres y apellidos de políticos y empresarios, los primeros afectados por la corrupción son aquellos que pierden su empleo. En el caso de la petrolera brasileña Petrobras fueron cientos. “Estoy seguro de que de los muchos trabajadores de Odebrecht, muy pocos estaban implicados en actividades ilícitas”, remarca el profesor Taylor. En Perú, la paralización de las obras del Gasoducto del Sur, con más de 1.000 kilómetros de tuberías y que costó 7.000 millones de dólares (6.600 millones de euros), que llevaba a cabo en colaboración con la española Enagás, ha dejado a 15.000 personas sin empleo.

Los expertos señalan que en muchos países los sobrecostes de las obras fueron mayores que los sobornos pagados a políticos y empresarios. “Los proyectos acaban costando mucho más que si se hubiera abierto un proceso verdaderamente competitivo y limpio. Muchos de ellos no están diseñados teniendo en cuenta las necesidades del país”, explica la académica Rose-Ackerman. Para ella, la corrupción “introduce una serie de distorsiones en las decisiones que los Gobiernos toman”. Un informe del Ministerio Público de Suiza revela que por cada millón de dólares que Odebrecht pagaba en sobornos, la empresa generaba una ganancia de cuatro millones.

“El caso Lava Jato ha impactado tremendamente en los países de la región, generando gran inestabilidad política”, lamenta el presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, preguntado por Odebrecht. Por mucho que Maquiavelo dijera que sin estos “vicios” difícilmente “se podría salvar al Estado”, los expertos señalan que la pérdida de confianza en las instituciones, el descrédito político, la mala imagen ante los inversores y el agujero en las arcas públicas son solo algunos reveses de estos escándalos. “Esto demuestra el poder dañino de la gran corrupción, que en nuestros países aprovecha la existencia de una corrupción estructural y sistémica”, concluye Ugaz.

“Hay muy pocas empresas capaces de asumir proyectos de tanta envergadura”, explica Mónica Arruda de Almedia, especialista en crimen financiero internacional de la Universidad de Georgetown, que ha estudiado a fondo el papel de Odebrecht en Lava Jato. “La compañía se valía de prácticas de cártel y sobornos para evitar la competencia”. cuando atisbaba un proyecto interesante, esta constructora se reunía con otras empresas para pactar precios y beneficios, incluidos sobornos. “Evitaban así la competencia al ponerse de acuerdo. Llevaban un sistema armónico de crimen organizado para saquear al Estado”, resume Salas.

Cooperación

La trama que manejaba el dueño de Brasil es tan grande que los países afectados han entendido que deben trabajar juntos. La corrupción cuesta a Latinoamérica 142.900 millones de dólares (135.469 millones de euros) anuales, el 3% de su roducto interior bruto, según la ONG estadounidense Global Financial Integrity. Antes de que estallara Odebrecht, Transparencia Internacional señalaba que solo dos regiones del mundo eran percibidas como más corruptas que América Latina: África subsahariana y la zona que va desde el este de Europa hasta Asia central.

“Odebrecht ha tenido como consecuencia positiva que por primera vez en la historia la lucha contra la corrupción es a nivel interregional”, destaca el experto Taylor. La semana pasada se reunieron en Brasilia los fiscales de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Portugal, Perú, República Dominicana y Venezuela. Estos once países intercambiaron información, trazaron una estrategia común y suscribieron un acuerdo de colaboración para atajar la corrupción sistémica en la región.  El secreto de sumario que protege las confesiones del fin del mundo no vence hasta el 1 de junio. Sin embargo, la Fiscalía de Brasil ha abierto la veda para que los países implicados accedan a la información básica para avanzar en sus pesquisas. Expertos como el docente de la American University Matthew Taylor alertan de que un gran obstáculo puede ser la lentitud de los tribunales, como ha pasado en Brasil: “La ironía es que cuando los fiscales estaban preparados y dispuestos para avanzar con los casos, se toparon con el sistema que rige en los tribunales”. Para Taylor, incluso los sistemas más rápidos necesitarán varios meses para digerir estas alegaciones en cargos de alto nivel.

Los tentáculos de Odebrecht han puesto al descubierto la sistematización de la corrupción en la mitad del continente y la necesidad de atajarla. Mejorar la transparencia de los sistemas de contratación pública y de las reglas de financiamiento de campañas políticas y de partidos son pasos ineludibles. Alejandro Salas sugiere ir más allá: “Se deben hacer esfuerzos por hacer registros públicos de quiénes son los verdaderos dueños de empresas, sobre todo en paraísos fiscales o países con regulación e incentivos que facilitan el flujo de recursos fruto de la corrupción”.

Multa histórica

Otro triste récord que ostenta Odebrecht es el de la millonaria multa que ha tenido que asumir. De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht y su filial petroquímica Braskem aceptaron pagar a las autoridades brasileñas, de Estados Unidos y de Suiza una suma combinada que ascendía al menos a 3.500 millones de dólares (3.318 millones de euros). Ese es el coste por dejar de estar proscrita y poder volver a concursar en obras públicas, su principal fuente de ingresos.

Pero esta indemnización no ha limpiado su nombre. “Odebrecht tiene que estar dispuesta a ser monitorizada y establecer buenas estructuras internas de control”, apunta Susan Rose-Ackerman, la académica de Yale. Pero algo que no puede restaurar el dinero es el deterioro de la marca a nivel internacional de la que fue la constructora más prestigiosa de América Latina. “Es muy difícil que pueda seguir siendo el gigante que fue hasta hace poco”, diagnostica Salas. Existe el riesgo de que muchos países le cierren las puertas. Perú ha sido uno de ellos. Su presidente, Pedro Pablo Kuc-zynski, ha asegurado que su país no volverá a trabajar más con esta empresa. Odebrecht, a través de un comunicado, ha agradecido “la oportunidad de pasar página y superar este doloroso episodio”. Pero la sociedad no se contenta con su disculpa y el pago de la multa millonaria. Quiere saber quiénes fueron sobornados y espera consecuencias. Así clamaban centenares de ciudadanos en las calles de República Dominicana, Perú o Panamá contra la impunidad. La brasileña experta en corrupción Mónica Arruda de Almedia cree que la indignación que esta megatrama está causando puede ser constructiva. José Ugaz también ve un lado bueno: “Se abre una ventana de oportunidades para resolver estos problemas estructurales. La movilización ciudadana contra la corrupción genera condiciones favorables para propiciar un cambio sistémico y sostenible”.

Desde que el caso estalló, hace poco más de dos meses, doce países se han visto salpicados. También cientos de políticos y numerosas grandes empresas. Pero aún existe información que no se ha desclasificado para no perjudicar las investigaciones. Hay indicios de que los tentáculos de Odebrecht también han podido golpear a Portugal, Chile y Antigua y Barbuda. Muchos expertos no descartan que Odebrecht, que operaba en 24 países de cuatro continentes, utilizara su sofisticada red de sobornos en otros Estados.

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