Los partidos quieren cobrar sus deudas de la Guerra Civil

Los partidos que sufrieron la incautación de sus bienes en la Guerra Civil han retomado en el Parlamento una reforma legal para poder reclamar compensaciones por ese patrimonio. Una ley de 1998 abrió un periodo limitado para reclamar, y las restricciones que puso el Gobierno del PP provocaron que sólo se hayan pagado compensaciones por unos 28 millones de euros. Esta cifra contrasta con lo que recibieron los sindicatos gracias a otra norma. UGT consiguió compensaciones por 151 millones de euros.

Se trata ahora de salvar las dificultades que tuvieron los partidos en este proceso. Por ejemplo, Isabelo Herreros, líder de Izquierda Republicana, cuenta cómo no han obtenido compensación por algunos de los edificios más simbólicos para este partido, como la que fuera la sede central de la calle Mayor de Mapropiedad. Madrid, junto a la Puerta del Sol, donde tenía su despacho Manuel Azaña, u otros como una escuela laica en el barrio de Pacífico. Y aún podría aparecer alguna finca destacada más si se reabre el proceso.

La investigación se hizo siguiendo las pistas que daban vecinos y militantes históricos (que en algunos casos guardaban documentación de la época) en un auténtico tour pueblo a pueblo, sin que tanto trabajo fuera reconocido finalmente en compensaciones. Uno de los casos que explica las quejas de los partidos con el dinero obtenido por las restituciones podría ser el edificio de Izquierda Republicana en Valladolid. Por la actual Escuela de Bellas Artes, en el centro de la ciudad, con 800 metros de solar, Izquierda Republicana consiguió unos 600.000 euros. “Pagaron por su valor catastral, cuando el valor de mercado podría ser de cuatro o cinco millones de euros”, se queja Herreros.

Ha habido de todo. Casos como el del casino republicano, que no cambió de titular en el Registro hasta los años 60 por un oficio firmado por Carrero Blanco, o que la existencia de una foto histórica, como la que muestra el asalto de los falangistas a la sede de IR en Pamplona, no haya servido para que se reconociera una compensación económica. A veces se pudo recuperar el acta de incautación. En otros, se trató de una mera ocupación. Y la norma sólo reconocía el patrimonio que había cambiado de manos con un acto administrativo.

Dinero “desbloqueado”

El Partido Comunista de España tuvo el grueso de su trabajo en la reclamación sobre los saldos de cuentas bancarias incautadas, ya que no tenía muchos inmuebles en Mapropiedad.

Según explica el abogado José Benito, tuvieron dificultades en que se les reconociera el patrimonio de organizaciones afines.

El mayor problema que encontró este partido en el proceso de compensaciones es que, en lo referido a las cuentas bancarias, se compensó con el dinero “desbloqueado” es decir, con el dinero republicano convertido en nacional. La conversión devaluó una peseta republicana en 5 céntimos de las pesetas nacionales. El PCE consiguió compensaciones por casi un millón de euros de estas cuentas, frente a unos pocos miles de euros de locales y arrendamientos. La investigación le costó a este partido unos 120.000 euros, unos 20 millones de pesetas en la fecha en que se realizó.

Con mucho trabajo infructuoso indagando en los archivos y con la prisa del plazo de un año para concretar las reclamaciones (los sindicatos no tuvieron límite de tiempo para realizar sus reclamaciones, reguladas en otra ley), Benito considera que si se aprueba una nueva ley sería el momento de realizar una investigación más amplia y, quizá, una negociación política sobre la valoración.

Hasta cinco céntimos

Fue un proceso con sinsabores. Alguien dijo que el enorme complejo de Nuevos Ministerios era del PCE, pero luego resultó no ser así. Por el contrario, el proceso sirvió para que se reconocieran como del PCE los locales del Socorro Rojo. Otra anécdota del proceso es que el PCE sí tiene documentación sobre el dinero en efectivo que se incautó en sus sedes, pero la ley de restitución de 1998 sólo establece compensaciones para el dinero depositado en cuentas bancarias. Y tampoco todas, la ayuda que dio la Unión Soviética a través del famoso barco Konsomol dio lugar a una recaudación de agradecimiento. En las cuentas bancarias donde se depositó esta recaudación se ha encontrado más de un millón de pesetas de la época, pero esta cuenta no le ha sido reconocida al PCE. A pesar de todo, el PCE ha sido exhaustivo: Hemos reclamado hasta cuentas de cinco céntimos”, asegura Benito.

El proceso de reclamación estuvo lleno de dificultades asombrosas. Al PCE le pidieron demostrar que era el legítimo heredero del partido del periodo 1936- 1939. Otras curiosidades se produjeron cuando reclamaba los bienes de sus “radios”. La Administración respondió que no reconocía el patrimonio de emisoras. El PCE tuvo que aclarar que sus agrupaciones se llamaban entonces de esa manera, que no se trataba de ningún medio de comunicación.

Izquierda Unida hizo valer en el Congreso la frustración que le produjo el caso del PSUC. No consiguió más que 574 euros y no vio reconocida ninguna de las peticiones por los 140 inmuebles alquilados por los que reclamaba. Peor cosecha fue la de Unió Democràtica de Catalunya (uno de los partidos de CiU) que no consiguió el reconocimiento de ninguno de los 85 casos de locales alquilados que presentó.

Josu Erkoreka, portavoz parlamentario del PNV, el partido que impulsó la inciativa de 1998 que ahora se quiere modificar, explica cómo responde a las “expectativas frustradas” especialmente en “casos sangrantes” como el del diario Euzkadi: “Nos dicen que no nos tienen que compensar, y era el diario oficial del partido”, se queja. Por eso persigue ahora “una aplicación más justa” de aquella ley, con su reforma. No fue el único afectado por no compensar los medios de comunicación incautados. Izquierda Republicana tenía en la época 16 diarios.

Pero el contencioso más importante que tiene abierto este partido es sobre la que fuera sede en París del Gobierno vasco y que hoy es sede del Instituto Cervantes. El edificio fue incautado durante la ocupación nazi por el régimen de Vichy. Con la victoria de los aliados, se produce una devolución al PNV y al lendakari Aguirre con un acto público solemne. Pero posteriormente, el régimen de Franco ejerció presión sobre el francés sobre ese y otros inmuebles(dicen que bajo la amenaza de cerrar los colegios franceses en España) y el Gobierno francés cedió, con lo que el edificio pasó a ser propiedad del Estado español. El Tribunal Supremo no reconoció la reclamación del PNV con la ley de compensaciones por el patrimonio incautado y hoy el pleito judicial se encuentra en Estrasburgo.

Diferencia de trato

Erkoreka niega que se trate de dar oxígeno a la financiación de los partidos con esta reforma y considera que, si se está impulsando la Ley de Memoria Histórica, “no puede pasar sin esta cuestión”. Además, recuerda que, en cuanto a las compensaciones a sindicatos “ELA-STV (el sindicato nacionalista) no ha recibido ni una peseta, y UGT, por el contrario, ha recibido mucho. Ha habido una diferencia de trato”.

Para Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), los principales problemas que encontraron radicaban en que las múltiples organizaciones que fundó el partido, con un patrimonio importante, no inscribieron en el Registro de la Propiedad sus inmuebles.

Así ocurre por ejemplo con el edificio que se encontraba donde hoy se alza el Hotel Calderón, en Barcelona, que fue sede nacional de ERC y que no ha sido reconocido como tal por falta de documentación, a pesar de contar con testimonios, según relata Jordi Lapiedra, abogado de ERC que ha llevado las reclamaciones administrativas y judiciales.

“Esta manera de trabajar no era la que existía en los años 30. En aquellos tiempos funcionaban más los contratos privados y negocios jurídicos que no estaban inscritos en ninguna parte. Nos encontramos con cosas un poco kafkianas”, relata Lapiedra. Los contratos se perdieron en el exilio o cuando los dirigentes y militantes fueron a prisión. “Esquerra hizo en aquellos años muchísimo patrimonio” sobre todo porque se fundó como aglutinante de unas setenta organizaciones, según Lapiedra, pero ha conseguido compensaciones por una parte muy pequeña.

También destaca las dificultades para compensar por los locales en alquiler: “Prácticamente había que llevar el contrato, cuando la mayoría fueron verbales o no se puede recuperar ninguna documentación”. Y advierte, por último, de la urgencia de este reconocimiento, ya que muchos de los testigos que aportaron van muriendo.