Los fiscales `satélites´

13/11/06

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha creado una red de fiscales de Sala, la máxima categoría de la carrera, en quienes ha delegado algunas funciones con el objeto de perfeccionar el principio de unidad de acción del Ministerio Público ante la creciente especialización de los delitos. Soledad Cazorla, Pilar Fernández Valcárcel,Antonio Vercher, Luis Navajas, Juan Manuel Oña, Bartolomé Vargas y Joaquín Sánchez-Covisa, forman parte del generalato de la carrera fiscal y tienen la misión de acabar con la tolerancia ante los malos tratos, el fenómeno de los accidentes de trabajo, los delitos medioambientales, los accidentes de tráfico o las redes de inmigración ilegal.

Delitos medioambientales

El fiscal de Sala delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Antonio Vercher, tiene la mesa de trabajo llena de tareas y un solo fiscal de apoyo. Los fiscales a los que coordina actúan sólo frente a situaciones delictivas. Pero el trabajo se le amontona. Desde que ha aterrizado en su nuevo despacho, ha ultimado dos instrucciones: una para la organización de la propia Fiscalía, cuyas competencias ha tenido que delimitar claramente con las de Anticorrupción, y otra en materia de urbanismo. Además, ha propuesto algunas iniciativas para evitar incendios, como el control de los vertederos ilegales. Una de sus últimas actuaciones ha sido parar la tala masiva de pinos en las Navas del Marqués (Ávila), donde se proyectaba crear la Ciudad del Golf. El edil alegaba que la sentencia que ordenaba paralizar el proyecto no era firme. Pero Vercher impuso su criterio con el argumento de que si se cortaban los árboles ahora, el daño sería irreversible si se revocaba luego la resolución judicial.

Vercher cree que para frenar la actual oleada de delitos urbanísticos “debe haber más control”, y es partidario de demoler las construcciones ilegales: “La demolición está prevista en la ley, hay que hacer uso de ese instrumento”, sostiene. Con los escándalos urbanísticos que vivimos, Vercher se muestra poco proclive a que los ayuntamientos tengan muchas competencias en esta materia. “Si los presupuestos cambiasen, mi opinión cambiaría también, pero la experiencia y la situación actual nos aconseja que debe haber más control”.

Morir en el trabajo

El nombramiento de Juan Manuel Oña como fiscal de Sala delegado en Siniestralidad Laboral fue aplaudido por los sindicatos y acogido con ciertas reservas por los empresarios. La misión de Oña no es, sin embargo, “perseguir a todos los empresarios, sino a aquellos que infringen la ley”, según ha matizado el propio fiscal general.

Desde su llegada al cargo, Conde-Pumpido ha criticado a la sociedad española por contemplar con “tolerancia injustificable o con indiferencia”los accidentes laborales, un fenómeno que afecta cada año a casi un millón de personas y se cobra cerca de un millar de víctimas. Una situación que coloca a España entre los países de la UE con mayor tasas de accidentes de trabajo. En el primer semestre de este año, se han producido más de la mitad de los 905.000 accidentes que se produjeron en 2005, aunque ha descendido la cifra de víctimas mortales y graves.

Las 966 muertes por accidentes que hubo en 2005 sólo dieron lugar a 204 diligencias penales. ¿Cómo se explica esta contradicción? “Pues que, con frecuencia –señala Oña– las muertes en el trabajo no se adjetivan como accidentes laborales y en las diligencias previas se utiliza de forma genérica el término ‘muerte”. Ello falsea la realidad procesal. En ocasiones, cuando el accidentado es un inmigrante sin papeles, se producen pactos entre el empresario y el trabajador para no denunciar el siniestro.

En los últimos años, el número de sentencias en Audiencias Provinciales han pasado de 19 en el año 2000 a 96 en 2005. Las multas en el ámbito penal son mucho más bajas que las sanciones administrativas pero la posibilidad de someterse a un proceso judicial y a la privación de libertad o inhabilitación es más disuasoria. La cultura de la prevención es joven en nuestro país, aunque la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la Inspección de Trabajo, los fiscales y los medios de comunicación ayudan a crear esa cultura. Pese a las cifras, el fiscal de Siniestralidad Laboral es optimista: “La demolición del edificio Windsor de Madrid demuestra que la utopía es posible. No se produjo ningún accidente, pese a tratarse de una obra de especial riesgo”.

Informar a las víctimas

Pilar Fernández Valcárcel es la encargada de proteger a las víctimas en general –salvo las de violencia de género– en el proceso penal. Ellas han sido hasta ahora las cenicientas del Derecho Penal. El primer paso que dio al llegar al cargo fue tratar de “concienciar a los fiscales que trabajan a pie de obra de la importancia que tiene el tratamiento de las víctimas”. Lo primero que necesitan, según esta fiscal de Sala, es “información, saber qué puede esperar del proceso penal, cuál es el camino que deben recorrer y hasta dónde pueden llegar y cuándo podrán obtener una respuesta de la Justicia”. Se trata de que en ese camino, hasta obtener la satisfacción que no siempre es posible o al menos no en la medida que ellas quisieran, estén informadas de todos los pasos. Incluso de la situación procesal de sus agresores, de la pena que puede pedir el fiscal y si, una vez condenados, van a disfrutar de permisos. En el caso de las víctimas del terrorismo,“ intentamos que se aplique lo antes posible la Ley de Solidaridad. Además, las acompañamos a las vistas y procuramos que tengan intimidad al margen del mundo de ETA o Batasuna”. Fernández Valcárcel cree que el modelo seguido tras los atentados del 11-M es un ejemplo a seguir.“Hoy están todos indemnizados según la cantidad que prevé la Ley. Habrá que ver lo que dice la sentencia”.

Tolerancia cero

Soledad Cazorla encabeza, supervisa y dirige una red de 50 fiscales delegados que se encargan de los malos tratos. En la lucha contra esta lacra social es muy importante la conexión y coordinación para unificar criterios.“La Ley de Violencia de Género es una norma integral y multidisciplinar. Todos los organismos e instituciones implicados en esa lucha actuamos como eslabones de una cadena”. Cazorla pide a la sociedad paciencia y tiempo: “Que no nos apresuren y que las elevadas cifras de víctimas –que superan ya el medio centenar en lo que va de año– no supongan una desesperanza”. Para Cazorla, el problema de que este terrorismo doméstico persista es la educación.Y defiende que se trata de un “fenómeno universal, no condicionado como se creía hasta ahora a sociedades patriarcales, muy machistas o arraigado en una cultura latina”.

Menores protegidos

Luis Navajas coordina a todos los fiscales territoriales y de la sección de menores de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Reconoce que la Ley Penal del Menor “requiere grandes dotaciones personales y económicas y, al ser muchas las necesidades y los recursos escasos, su aplicación se resiente”. Una de sus primeras instrucciones ha sido sobre el tratamiento del acoso escolar con el objeto de inculcar en el ámbito social, educativo y jurídico una “tolerancia cero”hacia este fenómeno. Navajas cree, que “la visión periodística sobre este problema no alcanza el nivel de dramatismo que se da en la realidad”. Los datos que apuntan a que uno de cada cuatro menores sufre acoso escolar le parecen “exagerados”. Reconoce, no obstante, que se trata de un fenómeno difícil de atajar: “El sistema escolar carece de resortes y hay muchos padres que creen que al abonar la matrícula, pagan la educación de sus hijos. Ignoran que la familia es la primera trinchera educativa”.

Los dos últimos nombramientos propuestos por Conde-Pumpido han sido los de los fiscales de Sala de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, y de Extranjería, Joaquín Sánchez-Covisa.Vargas lleva doce años en el Supremo, donde se hizo famoso por intentar que el líder del Partido Popular Catalán, Josep Piqué, testificara por el caso Ercros. Ahora se encargará de perseguir los delitos contra el tráfico rodado en una fiscalía con una gran proyección, dada la preocupación social por este tipo de delitos. La intervención del Ministerio Público ha sido decisiva para que el bailaor Juan Manuel Fernández Montoya, Farruquito, haya visto elevada su condena de 16 meses a 3 años de prisión por atropellar mortalmente a un peatón cuando conducía sin permiso y huir sin auxiliarle.

Joaquín Sánchez-Covisa ha estado destinado desde el año 2000 en la Sala de lo Civil del Supremo y es un especialista en el Tribunal del Jurado. Ahora coordinará a los fiscales de Extranjería destinados en la zona de mayor afluencia migratoria.