La nueva vida de Antonio Camacho

Siete años después de que estallara el escándalo financiero de Gescartera, que salpicó a altos cargos del Gobierno de Aznar, hizo saltar los cimientos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y fundió los ahorros de más de 4.000 pequeños inversores, Antonio Camacho, el propietario de la agencia de valores a quien se considera responsable de la desaparición de 50 millones de euros, vive de las rentas.

Camacho, que se encuentra en libertad bajo fianza de 300.000 euros desde julio de 2004, está a la espera del juicio que se inicia el día 17 en la Audiencia Nacional. Pero no ha perdido el tiempo. Tras el escándalo, el principal acusado de la estafa perdió su empleo, se le embargaron sus propiedades y ha tenido que someterse a comparecencias periódicas ante el juzgado. Pese a verse obligado a aparcar la vida de lujo que llevó en el pasado, ha sabido sortear las dificultades y sacar provecho de sus antiguos contactos y de la red de relaciones que tejió, que abarcaba a políticos, financieros, obispos y militares. Son precisamente sus antiguos contactos los que le han permitido dar los primeros pasos para iniciar una nueva vida como asesor fiscal y financiero tras salir de prisión.

Camacho ha constituido una sociedad que se dedica a la prestación de servicios de asesoramiento y gestión en materias jurídica, fiscal, económica, financiera, administrativa, contable, laboral y de administración de fincas.

Apoderado

Se trata de la compañía Antdus Friaza Sociedad Limitada, que tiene su sede en la calle Caracas de Madrid, en un lujoso piso sobre el que pesa un embargo fruto de las medidas judiciales tomadas tras ser encarcelado por el caso Gescartera. Camacho aparece como apoderado de esta empresa, en la que da la cara por él su madre, Pilar Friaza, como administradora única.

Antdus, el primer término de la denominación de la sociedad, es un acrónimo formado por la contracción de parte de los nombres y apellidos de los socios, mientras que Friaza es el apellido materno del cerebro de Gescartera.

Antonio Camacho fundó esta empresa en enero del año pasado de la mano del abogado madrileño Tomás Torre Dusmet, que le prestó también servicios como defensor antes de que asumiera su defensa el prestigioso penalista Miguel Bajo. Tomás Torre dejó la sociedad este mismo verano, y fue sustituido por la madre de Camacho. Formalmente, no ha renunciado a la defensa de Camacho en el juicio hasta fi nales de agosto, en que la ha retomado el letrado Miguel Bajo, según providencia del juzgado del 11 de septiembre.

En el locutorio de la cárcel

Torre Dusmet, que aparece inscrito en el Colegio de Abogados de Madrid desde 2001, tiene un modesto despacho en la madrileña calle de Ponzano, que comparte con otros cuatro letrados, aunque no están asociados. Según ha explicado el propio Tomás Torre a “Tiempo”, conoció a Camacho profesionalmente en los locutorios de la prisión de Soto del Real, donde estuvo ingresado el presunto cerebro de Gescartera. “Camacho coincidió en su misma celda, el módulo 9 de Soto del Real, con clientes míos que le hablaron bien de mí”. Así iniciaron una relación en la que durante un tiempo Torre prestó asistencia letrada a Camacho mientras que éste facilitó la entrada en el bufete de Torre de nuevos clientes, fundamentalmente de personas que tenían problemas relacionados con fraudes del IVA. En enero de 2006, Torre Dusmet accedió a crear la sociedad Antdus Friaza animado, según asegura a este semanario, por la oportunidad que le ofreció Camacho de firmar un contrato por cinco años con Vodafone para llevar los procesos monitorios –de recaudación de morosos– de la compañía de telefonía móvil.

El riesgo era mínimo. Camacho y Torre constituyeron la sociedad con un capital social de tan sólo 3.000 euros, cantidad que fue aportada en un 50% por cada socio. Y el montante total de la operación no podía ser más goloso. Según cálculos del propio Torre Dusmet, la minuta ascendería a una cifra de entre 9.000 y 12.000 euros mensuales. “Hubo varias reuniones con Vodafone y pese a que todo parecía indicar que el acuerdo estaba próximo, finalmente no prosperó”, explica el letrado. En junio pasado, agobiado por los gastos del Impuesto de Sociedades, Torre Dusmet decidió cesar como administrador de la compañía. Tres meses después, confiesa que “me arrepiento de haber montado la sociedad con Camacho. Inicialmente no me pareció una idea mala porque mi despacho es humilde y vi la posibilidad de que entraran asuntos importantes. Pero pronto me di cuenta de que eso no funcionaba”.

El ya ex socio de Camacho asegura que durante el año y medio que duró la relación con el broker, le dio la impresión de que “no tenía un duro”, al menos no mostraba síntomas de llevar la vida de lujo de que disfrutaba cuando saltó el escándalo. “Más allá de lo que he leído en la prensa, yo no sé exactamente qué tipo de vida llevaba antes y, por tanto, no puedo comparar con la situación anterior, pero no me pareció que llevara una vida ostentosa”.

Torre Dusmet vio por última vez a Camacho hace un mes y medio, cuando quedaron para “tomar una copas”. Desde entonces asegura que no lo ha vuelto a ver. Cree que en las últimas semanas se ha volcado en preparar el juicio en el que se juega ocho años de cárcel. Camacho, que estando en prisión estudió primero Psicología y luego Derecho, carrera que acabó en junio pasado, ha transmitido a sus próximos su deseo de participar de forma activa en la fase pericial de la vista oral, una parte decisiva para el futuro procesal del principal acusado de la estafa.

Entonces se conocerá un informe del Banco de España que será esclarecedor para conocer el rastro del dinero que se esfumó en el chiringuito de Camacho. La investigación llevada a cabo por la unidad de Policía Judicial de la Agencia Tributaria y el Banco de España, que han seguido el rastro de los fondos que administró Gescartera, ha dejado en evidencia que la mayor parte del dinero se esfumó, según fuentes próximas a la investigación judicial. “La forma de operar de la agencia de valores significa que los fondos de los clientes se iban autodestruyendo” ya que los pagos de comisiones y custodia del dinero de las operaciones en Bolsa iban reduciendo aquéllos progresivamente. Una mecánica que acabó con todos los recursos. “Ateniéndonos a la forma de actuar de Gescartera, el dinero de los clientes servía para financiar el pago de las ganancias”, afirma el informe pericial de la Agencia Tributaria. De ahí la relevancia de que tanto Caja Madrid como la Caixa estén consideradas por el fiscal como responsables civiles subsidiarios.

Sin embargo, el ex broker no podrá representarse a sí mismo en el juicio ya que aún no está colegiado. Otra cosa es que, de forma oficiosa, colabore con su abogado y le aporte su experiencia en el mundo de las finanzas.

Sortear la dificultades legales

Antonio Camacho tiene experiencia en sortear las dificultades legales para ejercer en el campo financiero. En el caso Gescartera, la sociedad consiguió transformarse en agencia de valores a pesar de que entre los requisitos para conseguirlo se exige que ninguno de los miembros de su Consejo de Administración estuviera inhabilitado. Antonio Camacho acababa de sufrir una inhabilitación para ocupar cargos de intermediación financiera porque los técnicos de la CNMV descubrieron que su empresa no acreditaba más que 30 de los 1.000 millones de pesetas que había puesto en sus manos el Arzobispado de Valladolid. Sin embargo, Camacho eludió este problema porque apareció desde entonces sólo como apoderado de Gescartera y colocó a otras personas de su confianza en los puestos de responsabilidad.

Además de aprovechar su experiencia como intermediario financiero en Gescartera y antes en Bolsa Consulting, la sociedad en la que dio sus primeros pasos con su padre, Antonio Camacho utilizó las nociones de Derecho adquiridas en unos estudios que, entonces, no había terminado. Sin embargo, su paso por la cárcel de Soto del Real le sirvió para re- tomar estos estudios que, cuando salió de la misma en 2004, tenía prácticamente finalizados, con un par de asignaturas pendientes. Un detalle, por cierto, que fue usado en interrogatorios posteriores cuando alguno de los abogados de la acusación le preguntó con sarcasmo: “¿Y qué te ha quedado? ¿Derecho Penal?”.

La nueva vida de Antonio Camacho ha dado a más de uno otra sorpresa. En diciembre del año pasado, Camacho se compró un chalé de 267 metros cuadrados y una parcela de 2.000 metros en Boadilla del Monte (Madrid) por 600.000 euros gracias a una hipoteca de Bancaja a treinta años.

Pero hasta el pasado mes de junio, después de que el diario El Mundo publicara la noticia, el Juzgado Central de Instrucción número 3 no ordenó el embargo preventivo de la finca para responder de los 50.220.988,53 euros que le reclaman en el juicio que ahora se inicia. Los mandamientos judiciales incluyen una “prohibición de disponer” del bien, pero llegan después de constituidas las hipotecas y de que Camacho se haya hecho con el dinero.

Las sorprendentes operaciones de Camacho se completan con otra hipoteca de Bancaja sobre el piso de la calle Caracas en la que tiene su domicilio y el de su nueva sociedad Antdus Friaza. La hipoteca, por 539.194 euros, se constituyó en diciembre del año pasado y tiene otra de 45.800 euros por la plaza de garaje. De nuevo no es hasta el pasado mes de junio cuando recae sobre la misma la anotación de embargo dictada por la jueza del caso, Teresa Palacios.

Chalés de lujo

La adquisición del chalé en esta zona con residentes de alto nivel adquisitivo recuerda que, antes, Camacho era propietario de un chalé en otra de las urbanizaciones más elitistas de Madrid, La Moraleja. El dueño de Gescartera perdió esta finca que, curiosamente, es hoy propiedad de Tobelar, una empresa de enseñanza de María Mollejo, la suegra de Camacho, que lo adquirió cuando salió a subasta. El chalé fue tasado para la ocasión en 2.165.000 euros.

Resignación y escepticismo

Las llamativas operaciones inmobiliarias de Antonio Camacho y sus nuevos negocios son valorados con resignación por los representantes de los perjudicados. Manuel Pardos, presidente de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros (Adicae), y una de las acusaciones personadas en el caso, muestra su escepticismo sobre los medios con los que cuenta la Justicia para “estar encima” año tras año de la actividad de encausados como Antonio Camacho. El abogado de esta asociación en el caso, Luis Alfonso Ros, considera, por otra parte, que el hecho de que el chalé de La Moraleja de Antonio Camacho termine en manos de un familiar podría ser “perseguible” judicialmente, pero el hecho de que la adquisición haya sido en una subasta hace que sea “difícil de demostrar” cualquier presunta irregularidad. En todo caso, en lo referido a las actividades de Camacho como apoderado de su nueva asesoría, Ros recuerda que las medidas que se puedan tomar contra él al respecto dependen del resultado del juicio que ahora comienza. El dinero con el que ha podido contar el cerebro de Gescartera contrasta con las peticiones de las acusaciones. Adicae representa a casi 300 particulares perjudicados por el escándalo y ha solicitado indemnizaciones por valor de 94 millones de euros. Además, mantiene abierta otra vía judicial para intentar que se reconozca la responsabilidad patrimonial del Estado.

Como parte de la operativa de Gescartera consistió en adjudicar ganancias y pérdidas en Bolsa a clientes elegidos previamente, Adicae intentó judicialmente sin éxito que los beneficiados tuvieran que devolver el dinero ganado en esas operaciones para que se pudiera repartir entre todos los perjudicados. Desde su punto de vista, esta negativa contrasta con las operaciones económicas que han podido realizar acusados y beneficiados por la operativa de Gescartera.

El folletín Gescartera

El “caso Gescartera” conmocionó la vida política y económica del país en el verano de 2001. No se trataba sólo de un agujero empresarial al uso. Los protagonistas formaban una madeja con fuertes implicaciones sociales y políticas, y a veces rayaban lo cómico.

Las primeras sorpresas surgieron cuando se descubrió que Jaime Morey, un cantante que representó a España en el Festival de Eurovisión de 1972, fue director de Gescartera Holding y era el padre de la novia de Antonio Camacho. Pero tras las bromas iniciales, aparecieron implicaciones mucho más serias.

En Gescartera habían puesto en juego su dinero la Iglesia, la Policía, la Armada, la Mutua de Huérfanos de la Guardia Civil y la Organización Nacional de Ciegos. No sólo eso, la agencia la presidía Pilar Giménez-Reyna, hermana del secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna, que tuvo que dimitir como consecuencia de esta relación.

Conforme avanzaba el caso, se conoció que Antonio Camacho había conseguido tejer una red de relaciones y empleados muy importante. Así, por ejemplo, fichó a José María Ruiz de la Serna, que previamente había sido técnico de supervisión en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNM V).

También salieron a la luz los detalles sobre la vida de lujo de la que disfrutó Antonio Camacho. Se hizo famosa su colección de 100 trajes Armani y 50 pares de gafas de la misma casa, además de los automóviles BMW y Jaguar, de todoterrenos y Mini Morris. Todo ello sin contar con las fuertes sumas gastadas en algún prostíbulo.

La comisión parlamentaria de investigación sobre el caso eximió al Gobierno de responsabilidades políticas. A pesar de la dimisión del secretario de Estado Enrique Giménez-Reyna y de la presidenta de la CNM V, Pilar Valiente, la comisión concluyó que sus actuaciones, ni las de ninguna otra parte de la Administración, favorecieron a Gescartera.

En el camino se debatieron asuntos como el hecho de que el ex vicepresidente de la CNM V y ex diputado del PP Luis Ramallo incurriera o no en incompatibilidad por actuar de notario de Gescartera tras salir de este organismo. Otro aspecto polémico fue el papel de la ONC E, que fue dueña del 10% de Gescartera, y se siguió la pista de misteriosas sociedades a través de las que se realizaron fuertes disposiciones de dinero de Gescartera. Algunas de ellas, como Dacna y Colombo, tenían su domicilio en el mismo piso de la calle Caracas de Madrid donde aún se puede ver pasear a su perro a Antonio Camacho y donde ha radicado su nueva asesoría.