TTIP: un pacto comercial polémico

Un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. El primer ministro británico Winston Churchill definía así a Rusia en 1939 y casi 80 años después otro secreto recorre Europa. Al menos así es como millones de ciudadanos y organizaciones de todo tipo perciben las negociaciones del Acuerdo Trasatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) que la UE y Estados Unidos empezaron a negociar en 2013. Desde entonces, las partes tratan de alcanzar un acuerdo para permitir el acceso a sus respectivos mercados de productos agrícolas, industriales y de servicios, que incluya también un pacto regulatorio así como normas para proteger aspectos como el medio ambiente o los derechos laborales y de los consumidores, más claves para Europa que para EEUU. Supondrá liberalizar el comercio entre los bloques comerciales del mundo, con 800 millones de habitantes y que concentra el 40% del PIB global.

La Comisión Europea publica sus ofertas pero ha asumido la exigencia de Washington de no exponer los términos en los que avanza la negociación en áreas tan delicadas como el acceso a los mercados respectivos y los cambios regulatorios que podrían cambiar el equilibrio entre la intervención de las empresas en las políticas públicas. El secreto se ha levantado a través de filtraciones como la que difundió recientemente Greenpeace, porque quienes tienen acceso oficial deben firmar un acuerdo de confidencialidad que les impide divulgar lo que leen. Así ocurre desde 2014 en el Parlamento Europeo, donde se habilitó una sala de lectura en la que los eurodiputados pueden consultar documentos clasificados como Restreint UE, es decir, cuya difusión es considerada “dañina para los intereses de la UE”. La eurodiputada del PSOE Inmaculada Rodríguez Piñeiro es miembro de la comisión de Comercio Internacional, donde antes de cada una de las 13 rondas de negociación que ya se han celebrado comparece el negociador jefe de la UE. El acceso a estas reuniones no está permitido, como tampoco es público el acceso a la sala de consulta. Como sus otros colegas, firmó una declaración donde se comprometía a mantener la confidencialidad de lo que leía y estuvo acompañada en todo momento por un funcionario. Dejó fuera de la sala teléfono móvil, ordenador e incluso útiles de escritura, porque solo está permitido utilizar un papel con una marca de agua especial. Su entrada y salida fueron también registradas. A pesar de ello, considera que las negociaciones no son “oscurantistas”, aunque añade que “la transparencia nunca será suficiente”. Eso sí, se queja de que los documentos solo estén en inglés y que no se permita entrar acompañada de asistentes para poder gestionar tanta información.

También se unió a la reclamación de que los parlamentarios de los países de la UE tuvieran acceso a los documentos, que está en la raíz de la tournée de los mismos por los Veintiocho. Ya están en el Ministerio de Economía, donde se acaba de habilitar una sala de consulta, restringida a parlamentarios y algunos funcionarios. De momento, parece que son estos segundos los más interesados. En Podemos han ido dos diputados, en el PSOE se tiene constancia de uno y el PP no tiene la cuenta de quiénes se han inscrito en un registro también secreto.

Documentos en Madrid

Pablo Bustinduy (Podemos) ha sido uno de los primeros en visitar la “sala secreta”. Lo pidió con 72 horas de antelación y especificó qué puntos concretos quería leer. En el ministerio, un funcionario le acompañó hasta la sala y no se separó de él durante todo el tiempo que estuvo allí, dos horas como máximo. Como en Bruselas, dejó fuera sus pertenencias. Dentro encontró papel y lápiz para tomar unas notas con un alcance político incierto. Debido a que firmó una declaración de confidencialidad –de la que no se le facilitó copia–, Bustinduy no tiene muy claro qué podría ocurrir si revelara el contenido, aunque imagina que será “parecido” a la normativa sobre secretos oficiales. Ni siquiera puede decir qué partes consultó en un procedimiento “demencial” que, desde su punto de vista, solo incrementa el interés del público ante algo oculto. “Probablemente la mejor manera de mantener casi en secreto las cosas es publicarlo todo, miles de documentos técnicos que probablemente ni se hubieran publicado”. Al contrario, “esta aura de opacidad hace que un ciudadano normal piense qué tienen que esconder”.

La negociación del TTIP ha estado rodeada desde sus inicios del interés de colectivos muy distintos, que alertan de un posible deterioro de normas y derechos sociales y medioambientales. De su filtración, Greenpeace concluye que el TTIP pondría en peligro normas europeas de protección del consumidor y del medioambiente, más estrictas que en EEUU. Por ejemplo, podría permitir la entrada de transgénicos, vetados en la UE o rebajar las exigencias en materia de seguridad para productos químicos como fármacos o cosméticos, según la organización ecologista, que denuncia el peso en la negociación de la industria y las asociaciones comerciales. En Europa, más de tres millones de firmas piden pararla y la principal asociación alemana de jueces se opone al tribunal internacional de inversiones que quiere EEUU.

Tras su primera visita a la sala de consulta, Bustinduy mantiene sus “inquietudes” frente a un “tratado sumamente perjudicial y una amenaza para los derechos laborales, medioambientales y sociales”. Pero no todo el mundo lo ve así. La patronal CEOE y la Cámara de Comercio patrocinan un estudio que prevé un aumento del PIB español de 4.525,6 millones de euros adicionales cada año, un incremento del consumo de entre 9.230 y 1.766 millones en función de distintos grados de apertura comercial, y la creación de entre 17.429 y 83.514 y empleos al año o de hasta 334.836 pasados cinco años.

El objetivo político es tener un acuerdo antes de que concluya el mandato de Obama, en noviembre, pero será difícil porque persisten grandes diferencias. “Es difícil porque queda todavía mucho por negociar”, dice Rodríguez Piñeiro.