Las pensiones, una cuestión de Estado

Tras un año sin ser convocada, la Comisión de Seguimiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social se reunió esta semana, a petición de los sindicatos, después de la polvareda levantada por la nueva disposición de dinero (8.700 millones en junio) que hizo el Gobierno para poder pagar la extra de verano a los pensionistas. Esta nueva extracción de fondos de la hucha de la Seguridad Social ha disparado algunas alarmas y ha puesto sobre la mesa la necesidad de tomar medidas con cierta urgencia en cuanto se constituya un nuevo Ejecutivo.

Con las cifras en la mano, salvo que se bajen las pensiones en vigor, el agujero que presenta cada año el sistema solo puede arreglarse mediante nuevas fuentes de ingresos para la Seguridad Social o traspasando al Estado la carga de algunas pensiones específicas.

Según los últimos datos oficiales, la Seguridad Social pagaba a 30 de junio último 5,7 millones de pensiones de jubilación en España, que suponen 5.966,4 millones de euros mensuales de desembolso, más dos pagas extras en junio y diciembre. Pero a estas cifras hay que sumar los 2,4 millones de pensiones de viudedad, que suponen otros 1.504 millones de euros mensuales, así como los 128 millones que la Seguridad Social gasta cada mes en pagar las 341.403 pensiones de orfandad que están en situación de alta. En total, el sistema de la Seguridad Social, que se alimenta de las cotizaciones de los trabajadores y los empresarios, gasta cada año 23.000 millones de euros en pensiones de viudedad y orfandad que cobran los familiares vivos de pensionistas fallecidos.

El sistema de las pensiones de viudedad fue ideado para que los cónyuges de pensionistas que fallecen no quedaran desamparados cuando su principal fuente de ingresos era, precisamente, la pensión del fallecido. En muchos casos, y así lo reconocen tanto los agentes sociales como el propio Gobierno, estas pensiones de viudedad son necesarias para que los cónyuges que quedan vivos puedan mantener una cierta dignidad en su calidad de vida. En lo que ya no hay tanto acuerdo es en quién debe pagarlas.

Herencia

Una de las cosas que los Gobiernos de la década de los noventa del siglo pasado tuvieron claro es que el sistema de la Seguridad Social heredado de la época franquista tenía que ser reestructurado en profundidad para asegurar su pervivencia en el tiempo. Hasta ese momento, por ejemplo, el gasto que originaban la asistencia sanitaria y los medicamentos en la sanidad pública también se cargaban al presupuesto de la Seguridad Social.

Ahora, ya no. La sanidad fue separada de las pensiones y desde entonces se paga a través de los presupuestos ordinarios del Estado y de las comunidades autónomas. Aun así, y ante la insistencia de los representantes de los sindicatos en que hay pensiones que no pueden cargarse a la Seguridad Social, como las no contributivas (las que cobran quienes han cotizado muy poco o no lo han hecho nunca), algo más recientemente también se sacaron del sistema general de la Seguridad Social y ahora se pagan a través de los presupuestos ordinarios del Estado. Incluso para quienes cobran la pensión mínima a la que no llegarían por el cálculo de sus años cotizados, el Estado hace todos los años una transferencia de fondos a la Seguridad Social con el nombre de “complemento de mínimos”.

Los representantes sindicales reclaman también que las medidas que toman los Gobiernos de rebajar cotizaciones a determinados colectivos o en algunos tipos de contrato se paguen con impuestos y así no incidan en la recaudación de la Seguridad Social. UGT lo cifra en 2.500 millones de euros. De cualquier manera, la pelota está en el tejado del próximo Parlamento. Al final, el Estado acabará pagando y para ello es necesario bajar pensiones o subir la recaudación fiscal.