Coletazos judiciales de la lista Falciani

El último episodio judicial de la famosa lista Falciani, en la que figuran titulares de cuentas en el banco HSBC, se centra en los altos cargos de Hacienda que invitaron a regularizar su situación a los clientes españoles cuyos datos fueron enviados en 2010 al Gobierno español por el banco. El exdirector de Inspección de la Agencia Tributaria (AEAT) Carlos Cervantes, y la exdirectora de Gestión del organismo Dolores Bustamante, que ocupaban dichos cargos cuando era ministra Elena Salgado, en la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, podrían pisar el Juzgado de lo Penal número 37 de Madrid tras la querella presentada por el sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, que les acusa de prevaricación administrativa. Por mandato de la La Audiencia Provincial de Madrid, estos ex altos cargos tendrán que explicar por qué el año 2010 dieron una “amnistía fiscal encubierta”. Pero esta actuación amenaza con no ser la última, porque desde los fiscales y la inspección de Hacienda aumenta la presión para llevar ante los tribunales a los defraudadores, hayan regularizado o no su situación.

Sobre la querella de Gestha, fuentes de la Fiscalía Anticorrupción señalan a Tiempo que “no es la primera vez que se investiga judicialmente a altos funcionarios en el ejercicio de sus funciones. El procedimiento tributario de la AEAT tiene muy tasado cómo y cuándo se requiere al contribuyente y se le inspecciona, pero tiene grados de discrecionalidad. Lo grave sería que la regularización que ofreció Hacienda no fuera por economía procesal, por ahorrar tiempo y costes, sino para evitar imputar por flagrante delito fiscal a un colectivo de gente importante, empresarios, banqueros, etcétera”. En la Fiscalía se inclinan por creer que fue una medida de eficacia tributaria sin más, para poder recaudar lo más posible sin que prescribieran los fraudes, aunque ello pueda prestarse a sospechas por parte de quienes no conocen cómo se trabaja en la Inspección Tributaria.

Pocos condenados.

Las peticiones de aclaración de estos procesos de amnistía fiscal se producen justo cuando asociaciones de jueces y fiscales exigen que el delito fiscal en España sea de verdad disuasorio. La prueba del nueve es que hay pocos condenados, con poca pena y muy llevadera. Vale como demostración palpable a día de hoy los contadísimos casos ejemplares que se pueden registrar de condenados por delito fiscal: el empresario y expresidente del Barcelona Josep Lluis Núñez, junto con su hijo; y el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra.

El escándalo que va camino de los juzgados lo protagoniza ahora un colectivo de millonarios, clientes del banco HSBC en Suiza, cuyas cuentas ocultaban más de 2.000 millones al fisco español. Ese dinero llevaba décadas oculto a la Hacienda española, hasta que el informático francés Hervé Falciani, empleado del banco, copió los datos de las cuentas de decenas de miles de clientes defraudadores y las entregó al Gobierno francés, que envió a otros Gobiernos la lista de clientes copiados.

Hacienda justificó en su momento el trato de favor a estos contribuyentes y la invitación a la regularización en lugar de iniciar una inspección y un expediente de delito fiscal. Temía que los jueces tirasen abajo los procedimientos, fueran administrativos o judiciales, al basarse en una lista robada a un banco. Fuentes jurídicas consultadas advierten que fue un argumento endeble, ya que ha habido jueces que han dictado condenas por delito fiscal en las que avalan la legalidad de la lista Falciani. Los jueces señalan en sus sentencias que la lista es “legal por subsanación, desde el momento en que Hacienda y la Fiscalía la dieron por buena y se convirtió en prueba fehaciente del fraude”.

El titular del Juzgado de lo Penal número 37 de Madrid pedirá explicaciones ahora, de forma oficial y en sede judicial, de por qué cerca de 600 ricos españoles tuvieron un plazo graciable de 10 días para ponerse a bien con Hacienda. Hay juristas que señalan que nada de lo que sucedió era inocente y que en el fondo se trataba de que gente muy importante no se viera amenazada de delito fiscal. La invitación a regularizarse con el fisco mediante declaraciones complementarias “espontáneas” no se hace con todo el mundo porque es contraria a las prácticas de Hacienda. Ahora Gestha ha logrado que la Audiencia Provincial de Madrid revoque la primera decisión del juzgado 37, que rechazó la querella en primera instancia y que ahora se ve obligado a iniciar diligencias de investigación.

En este trámite judicial previo, la investigación solo se dirige hacia los ex cargos directivos de la AEAT y no hacia los responsables políticos superiores, porque los tribunales no ven hasta ahora que hayan existido órdenes directas ni concluyentes de actuar de una determinada manera para salvar a nadie del delito fiscal. En estas circunstancias es poco probable que los entonces máximos cargos políticos, la ministra Elena Salgado y el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, pasen por el juzgado a declarar.

La historia comenzó cuando 558 contribuyentes españoles de la lista Falciani fueron requeridos a mediados de 2010 por el fisco para que aclararan sus cuentas ocultas en el HSBC. Fueron solo 352 los que presentaron declaraciones complementarias con un ingreso para el fisco de 264 millones de euros. Es mucho dinero pero no todo el que se hubiera recaudado de actuar con diligencia. Los técnicos de Hacienda señalan que se ha perdido recaudación similar a lo ingresado ya que las sanciones graves y muy graves van del 50% al 100% de la cuota defraudada. Con multas, recargos e intereses de demora, se hubiera elevado al doble el monto a pagar por los defraudadores.

Debate permanente.

El asunto es muy sustancioso política y judicialmente. Se cuestiona si Hacienda trata con el mismo rasero a los ricos españoles, a los grandes patrimonios, y al resto de los contribuyentes. Hay un debate permanente sobre si se vulnera o no la Constitución en cuanto a la igualdad de trato ante la ley por parte de las administraciones públicas. Para el sindicato Gestha, “es dudosa la igualdad de trato, basta con ejemplos recientes: la amnistía fiscal de 2012 con un Gobierno del Partido Popular y la amnistía de la lista Falciani, con el Gobierno del PSOE en el año 2010. No hay amnistías fiscales para ciudadanos normales ni segundas oportunidades”.

Sin embargo, no todo queda en nada. El escándalo de la lista Falciani tiene sorpresas jugosas. Se acaba de demostrar que una amnistía fiscal no libera de todo, sobre todo si el afectado se confía en exceso. Se supone que el defraudador regularizado paga la cuota defraudada con los recargos correspondientes y queda libre y en paz con el fisco. Pues a veces no. Hay ya sentencias en que un regularizado ha sido condenado por delito fiscal, por no haber prescrito el delito en un ejercicio y todo por cuestión de días.

Regularizado y condenado.

Este es el caso, por ejemplo, de Rogelio Mestre Fernández, empresario catalán condenado por delito fiscal por el Juzgado de lo Penal número 20 de Barcelona, el 29 de octubre de 2013. Este contribuyente, administrador de 25 empresas, integrante de la lista Falciani, regularizó varios ejercicios, pero fue imputado y juzgado por delito fiscal. Eso le acarreó una condena a tres meses de cárcel y una multa de 35.000 euros, más diversas penas accesorias. Mestre fue avisado por el HSBC de que se había filtrado la lista en la que él figuraba, y reconoció a Hacienda su situación irregular con un fraude de 141.792 euros en el año 2006. Regularizó el IRPF de 2008 y el Impuesto de Patrimonio de 2007. Su mala suerte es que tras prescribir el año 2005 tuvo un problema con el ejercicio de 2006, que no prescribió por escaso margen de días. Hacienda envió el requerimiento inspector al pueblo de Alella, cuando él vivía en Barcelona. La demora no le sirvió ya que el procedimiento abierto se inició de inmediato y no llegó a prescribir el delito por pocos días.

Esta sentencia del magistrado barcelonés José Alberto Coloma Chicot es muy importante, ya que declara legal la lista Falciani a todos los efectos. De hecho, la admitió como prueba concluyente en el juicio porque la presentaron Hacienda y la Fiscalía al margen de que fuera robada por un empleado del banco HSBC. El juez Coloma dice que España no reconoce el secreto bancario suizo “porque el secreto no existe a efectos de perseguir el fraude fiscal”. El juez propina un varapalo a Hacienda y advierte que “la decisión de no sancionar a los titulares de cuentas suizas no declaradas [del HSBC] se debió a una decisión de política fiscal, a juicio de este magistrado, de dudoso soporte jurídico, ya que solo por ley podían haberse excluido responsabilidades tributarias”. La tesis del juez Coloma es compartida en España por muchos jueces y fiscales, que creen que falta contundencia contra el delito fiscal.

705 investigados.

Tras todos estos episodios, el responsable actual de la AEAT, Santiago Menéndez, señalaba esta semana que la segunda amnistía fiscal, la de 2012, no ha sido un borrón y cuenta nueva, porque están siendo investigados ahora mismo hasta 705 evasores fiscales que regularizaron su situación tributaria, pero se les sigue la pista para ver si el dinero que hicieron aflorar esconde un delito de blanqueo de capitales, cuyas penas son mucho más duras que las que prevén las leyes para el fraude fiscal. En paralelo, la Agencia Tributaria tiene abiertas inspecciones a otros 7.073 españoles con patrimonio y rentas fuera de España por si estuvieran cometiendo un delito de evasión de impuestos.