Tierra sobre las víctimas

Como tantos españoles de mi generación sé lo que es perder el rastro de un familiar que fue fusilado en una ejecución masiva por orden de los ilegales tribunales franquistas. Quizá por eso comprendo la impotencia de quienes, a estas alturas, no encuentran los restos de sus muertos y sufren una situación similar a la que yo viví hace 30 años, cuando tuve la suerte de encontrar varias personas generosas y desinteresadas que me ayudaron a recuperar su memoria y, sobre todo, su expediente judicial, para saber que fue condenado a muerte por un grotesco Consejo de Guerra sin las mínimas garantías. Si no hubiera sido por estos conocidos, mis familiares y yo seguiríamos buscando ayudas al margen de la burocracia estatal para acabar con el desasosiego que produce no poder rehabilitar su memoria. Quien no lo haya vivido, desconoce la sensación de reparar en parte una injusticia para quedarse en paz con uno mismo. En los procesos de desagravio ha tenido un papel fundamental la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que ha realizado numerosas exhumaciones gracias al trabajo de miles de voluntarios internacionales, entre ellos arqueólogos, antropólogos, forenses, historiadores, documentalistas y familiares de las víctimas.

Dicha ONG recibió una subvención ministerial en torno a los 50.000 euros anuales, que solo duró tres años y apenas sirvió para sufragar el 20% de los gastos, pues el 80% restante lo cubrían el trabajo de los voluntarios y las donaciones privadas, desde la cuota de los socios a los donativos anónimos, como el de un turista hospedado en León que aportó sus 400 euros o los 6.000 remitidos por el sindicato de electricistas noruegos de Elogit, para realizar cuatro exhumaciones en Lugo, León, Cádiz y Ávila. Una de las condiciones que la asociación se marcó desde un principio era que los familiares de los desaparecidos no tuvieran que añadir a sus padecimientos el menor gasto económico por los trabajos arqueológicos. Y así fue, hasta que hace unos días se produjo un hecho insólito: el Ayuntamiento de Guadalajara reclamó 2.057 euros en concepto de tasas a los familiares de los 28 represaliados del franquismo, entre otros, de Timoteo Mendieta, por la exhumación de los restos que la ARMH encontró en una fosa común. La justificación fue aún más escandalosa que el hecho en sí. El concejal de Hacienda y teniente de alcalde de la corporación dijo que no se trataba de una decisión política, sino de una aplicación escrupulosa de la ley, pues según un informe técnico jurídico no se podía eximir de la tasa a los familiares por exhumación o inhumación a represaliados del franquismo.

No puede haber una explicación más torpe ni una decisión más ofensiva, que solo ha servido para avivar la polémica en torno a los más de 100.000 desaparecidos sepultados en las cunetas, y para recordar que España es el segundo país del mundo, tras Camboya, con mayor número de víctimas de desapariciones forzadas cuyos restos no han sido recuperados ni identificados. Lamento escribir una semana más sobre un asunto tan dramático que los sucesivos Gobiernos, y más el actual, tenían que haber resuelto hace demasiado tiempo.