Mariano Rajoy, de su semana negra a su semana trágica

En su mejor momento, superadas las dificultades internas en un congreso en el que ni siquiera se habló de la sucesión, algo que, en algún momento, hace meses, estuvo encima de la mesa; encauzada la legislatura y los futuros Presupuestos Generales Estado para 2017 y aceptado en el núcleo duro de Europa (Alemania, Francia e Italia) como representante de un país que ha superado dificultades políticas y económicas muy duras, el presidente del Gobierno de España y del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha entrado en su semana más dura de los últimos años, precisamente cuando más favorables son los datos de crecimiento económico y creación de empleo, reconocidos por el propio Fondo Monetario Internacional ( FMI). Una auténtica semana negra, como reconocía la última portada de Tiempo. Semana negra que se iniciaba el Martes de Pascua, después de la Semana de Pasión, con el anuncio de que el presidente tendrá que comparecer como testigo en el juicio de la primera etapa de Gürtel (1999-2005), en la que Rajoy era vicesecretario general del partido. El presidente era además responsable de varias campañas electorales y, según los papeles de Bárcenas, recibió sobres en B, algo que él ha negado sistemáticamente. En esa primera parte de Gürtel también prestarán declaración como testigos todos los que durante esa etapa fueron secretarios generales o altos cargos del PP: Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes, y Javier Arenas. El que faltaba era precisamente el antecesor de Cascos, Mariano Rajoy Brey.

La comparecencia de Rajoy ante el tribunal ha causado verdadera irritación en el PP, cuyos dirigentes no entienden cómo tras dos votaciones en las que el Tribunal Penal de la Audiencia Nacional rechazó su presencia como testigo, a la tercera, por el cambio de actitud del magistrado Julio de Diego, que se sumó a las tesis de José Ricardo de Prada frente a la oposición del presidente del tribunal, Ángel Hurtado, la Fiscalía Anticorrupción y el abogado del Estado, fue la vencida y se aprobó que, por primera vez en la historia de la democracia, comparezca como testigo en un juicio por corrupción un presidente del Gobierno en activo. Se ignora si prestará declaración por videoconferencia desde su despacho de La Moncloa, desde la sede del PP o, por el contrario, como sostienen algunos juristas, de forma presencial en la propia sala de la Audiencia Nacional.

Ahí empezaba de hecho la semana negra a la que se refiere Tiempo, aunque muy pocos esperaban que esa semana negra fuera a convertirse, 24 horas más tarde, en una semana trágica que iba a poner al PP en una situación límite, precisamente cuando estaba a punto de conseguir apoyos suficientes para la aprobación de los Presupuestos Generales. A primeras horas de la mañana, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil detenía al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y a una decena de personas más, entre ellas a un hermano y un cuñado suyos, se producían registros en numerosas empresas que han financiado al PP ilegalmente, entre ellas OHL a través del yerno de Juan Miguel Villar Mir, Javier López Madrid, y sobre todo el Canal de Isabel II, centro de la operación anticorrupción puesta en marcha con el nombre de Lezo (por el almirante Blas de Lezo, el defensor en el siglo XVIII de Cartagena de Indias, localidad que aparece en las investigaciones).

La detención de González y su ingreso en la prisión de Soto del Real, donde está otro importante dirigentes del PP madrileño, Francisco Granados, principal imputado en la operación Púnica, como consecuencia de la denuncia presentada por la propia Comunidad de Madrid sobre la compra por el Canal de Isabel II de empresas en América Latina (Brasil, Colombia, República Dominicana) por un precio que cuadruplicaba su valor real, es solo la punta de un iceberg de unas proporciones parecidas a la Gürtel y, en algunos casos, mayor. No se trata solo de unos sobrecostes de millones de euros, muchos de los cuales han ido a parar a cuentas en Suiza, sino también de comisiones gigantescas a cambio de concesiones de obras (ahí está el fallido proyecto del tren de Navalcarnero, concedido gracias a comisiones pagadas por OHL través de su consejero López Madrid, por el que la Comunidad de Madrid exige una indemnización de más de 300 millones) de reparto de millones de euros entre la prensa amiga, de implicaciones que ya investigaba el juez Eloy Velasco sobre las conexiones con la Púnica, de la financiación ilegal del PP para campañas de Esperanza Aguirre, y de una trama que, para el juez Velasco, a pesar de las presiones e injerencias del fiscal anticorrupción Manuel Moix, se trata de una banda criminal en la que está incluida casi toda la familia de González.

Toda una bomba de relojería que irá estallando poco a poco, pese a los impedimentos que está poniendo el fiscal Moix, el candidato de González para el puesto, según ha trascendido de las conversaciones grabadas por la Guardia Civil al expresidente madrileño. La anterior fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, fue cesada precisamente por no aceptar el nombramiento de Moix y sustituida por José Manuel Maza, que nombró, a pesar de su nula capacidad, a Moix, el amigo del encarcelado Ignacio González.