Los independentistas llevan sus planes al teatro

El Teatro Nacional de Cataluña es junto con la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña, uno  de los lugares emblemáticos de una comunidad que ha ido recuperando, en estos últimos  años de total autonomía, su verdadera identidad. El teatro, una gigantesca obra del arquitecto Ricardo Bofill, está dedicado a las  obras en catalán y forma  parte de esas nuevas instituciones de la Generalitat que han servido para cohesionar  la cultura catalana.

Por eso, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont ,y su Gobierno, así como decenas de responsables políticos y representantes de movimientos independentistas como Òmnium Cultural, la Asamblea Nacional de Cataluña y la Asociación de Municipios por la Independencia, no podían haber escogido mejor escenario para su última representación política. Un escenario que desde su
inauguración en 1996, ha hecho del drama, la comedia, e incluso del esperpento, el objeto de su exitosa existencia.

A estas alturas no se sabe, todavía, si lo que representaron el pasado 4 de julio es un drama, una comedia o, por el contrario, como sostienen muchos, estamos ante la puesta en escena de un esperpento. Tendría que ser el lector,  a la vista del texto presentado y a la luz y el desarrollo de los acontecimientos, el que decidiese a que nos enfrentamos. Si sirve de orientación habría que decir que la ley del referéndum de autodeterminación de Cataluña, que se representa en el Teatro Nacional de Cataluña,  prevé la posibilidad de declarar la independencia antes de 48 horas, en el caso de que ganara el sí, en un eventual referéndum el 1 de octubre. En el caso de que ganara el no, el Govern convocaría elecciones autonómicas.

A pesar de que los independentistas han destacado la importancia de la alta participación en el referéndum, el texto no fija un porcentaje mínimo de participación para que el resultado del referéndum sea vinculante, ni tampoco marca una mayoría cualificada para validar el sí. Simplemente da cuenta de que declararía la independencia de Cataluña “si hay más votos afirmativos que negativos”. El texto establece “un régimen jurídico excepcional” con el fin de realizar la consulta y se amparará en la legislación internacional como las sentencias del Tribunal de La Haya y la Carta Suprema de Canadá.

Esa ley será “suprema” y prevalecerá sobre cualquier otra norma que pueda contradecirla, advierte en su artículo 3 ante la previsible suspensión de la ley por parte del Tribunal Constitucional, y con el ánimo de transmitir seguridad jurídica a todos los cargos que colaboren con la consulta. Por si quedaba alguna duda de la representación esperpéntica, horas más tarde en otra representación en directo en TV3, el vicepresidente de la Generalitat afirmaba que la única legalidad que aceptaban era la internacional, la de la ONU que reconoce el derecho de autodeterminación de los pueblos. Así, el proyecto de ley que los grupos independentistas llevarán al Hemiciclo en las próximas semanas para su aprobación, “ampara a las autoridades y personas físicas y jurídicas que participen en el referéndum”, blindándolas de cualquier actuación judicial por parte del Estado, según sus promotores. En el referéndum podrán participar todas las personas con derecho a voto “en una convocatoria electoral convencional” que sean residentes en Cataluña y en el exterior, y la ley establece que el Govern deberá ser neutral en todo el proceso.

Además, está previsto que se cree una Sindicatura Electoral,  que asumirá las competencias de la Junta Electoral Central y será el órgano “responsable de velar por la transparencia y la objetividad del proceso electoral y del ejercicio efectivo de los derechos electorales” . La Sindicatura Electoral estará formada por cinco miembros elegidos por el  Gobierno.

El mejor resumen de lo que ha ocurrido lo hacía Oriol Junqueras, el vicepresidente de la Generalitat, en TV3 para aclarar todo. Según él, la supuesta legalidad del Estado español no es legal porque no sigue el mandato del derecho internacional que él se autoimpuso que debía cumplir. El razonamiento de Junqueras es que se rigen por un sistema legal que tiene su fuente en el Convenio de Derechos Humanos, “parte sustancial de la legalidad española”, ya que según ha explicado, el Estado español firmó los Derechos civiles y políticos y se comprometió a generar e interpretar su legislación en función del derecho internacional, que reconoce el derecho de autodeterminación de los pueblos, según la ONU. Es decir, que el vicepresidente catalán está convencido de que Cataluña es una colonia y que tiene derecho a exigir la independencia de España.

En este clima de locura, en el que, después de casi un año, se han reunido Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, los dos han coincidido en que el referéndum que se pretende convocar el día 1 de octubre es ilegal, aunque haya diferencias. Mariano Rajoy cree que a estas alturas ya no se puede hacer nada y Pedro Sánchez piensa que hay que abrir una mesa de diálogo y que, en caso de que eso no prospere, se compromete a proponer medidas legislativas, partiendo de los últimos puntos del documento que Carles Puigdemont envió a La Moncloa. Acuerdo con matices y con un desarrollo totalmente distinto, mientras el tren, sin dirección y a máxima velocidad, se dirige hacia el precipicio… Unos quieren frenarlo antes, otros piensan que ellos mismos lo frenaran cuando vean que, efectivamente, al final está el precipicio.