Una oposición de Estado

El año 2018 marca el décimo aniversario del inicio de la peor crisis económica global desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Fue en el tercer trimestre de aquel 2008 cuando se produjo la primera contracción de nuestro PIB, justo hace una década.

Es, por tanto, un momento particularmente simbólico en la historia reciente de nuestro país. Tanto para hacer un balance de todo lo que hemos perdido, como para rectificar las políticas erróneas con las que el Gobierno, aun con el viento de cola de la coyuntura monetaria a nivel europeo y la recuperación de las grandes economías de nuestro entorno, se ve incapaz de trasladar los efectos positivos del crecimiento al conjunto del país y, especialmente, a quienes más sufrieron las consecuencias y todavía sienten las secuelas de la crisis.

El Gobierno, con su pasividad, está dando la espalda a los dos grandes retos de la economía española: cómo hacer el crecimiento duradero y sostenible y cómo conseguir que los frutos del crecimiento lleguen a la mayoría del país. El débil crecimiento de la productividad pone de manifiesto un mal crónico de la economía española que las políticas del PP no están afrontando. Los socialistas queremos poner el reto de la productividad como un objetivo de primer nivel para la política económica de España. Para ello es necesario trabajar en dos frentes.

En primer lugar, en unas auténticas políticas activas de empleo que aumenten la cualificación de los trabajadores y de los casi dos millones de parados de larga duración.

En segundo lugar, dando un impulso a la inversión en I+D para recuperar el tiempo perdido en estos años. Mientras el conjunto de la UE invierte hoy un 27,4% más en I+D que antes del inicio de la crisis económica, España invierte un 10% menos. Este retroceso, que ha continuado pese al crecimiento económico, está poniendo en jaque la capacidad de nuestra economía para superar futuras crisis. Un país serio no puede permitirse abandonar su capacidad de generar conocimiento por cambios en el ciclo político o económico, se debe buscar, y el PSOE se compromete a ello, un pacto por la ciencia que garantice una senda de financiación estable en I+D+i y en educación.

Del mismo modo, la evidencia intolerable de que más de dos millones y medio de trabajadores están en riesgo de pobreza, nos obliga a reflexionar profundamente sobre qué tipo de empleo estamos creando en una coyuntura económica supuestamente favorable. Singularmente, por su gravedad, merece ser tenido en cuenta el impacto de estas políticas en los jóvenes que se incorporan al mercado laboral, y que sufren, en primera persona, las consecuencias de la ruptura del pacto intergeneracional, sobre cuyos efectos la socialdemocracia ha alertado reiteradamente.

España afronta este 2018 con un Gobierno agotado, carente de impulso político y preso del lastre de su pasado. Un pasado que se hace presente de forma periódica, con el recuerdo de la corrupción que termina contagiando al conjunto de las instituciones y resta credibilidad a la promesa de una regeneración política que difícilmente puede cristalizar en una agenda de reformas si esta lleva el sello del Partido Popular.

Desde el PSOE, no queremos ignorar las consecuencias de esta década a la hora de ofrecer a España un programa de regeneración política y recuperación de derechos perdidos para el futuro. Ponemos rostro humano a los dramas de una crisis cuya consecuencia última ha sido el incremento inaceptable de todos los ratios de desigualdad económica y social.

El año 2018 debería ser el del giro en las políticas públicas necesarias para cambiar el rumbo de colisión hacia una sociedad partida en dos, como la que está consolidando la derecha en su acción de gobierno.

A las heridas de una crisis económica que este Gobierno ha sido incapaz de mitigar en sus efectos, pese a la favorable coyuntura internacional, se une la crisis territorial, que ha tenido en el insensato pulso del secesionismo catalán su máxima expresión.

Lo que esta crisis demuestra es que el acuerdo constitucional de 1978 necesita, de forma urgente, una actualización de nuestro modelo territorial. Si queremos que el Estado de las autonomías siga contando a generaciones futuras un relato de éxito, basado en lo que la herramienta del consenso pudo conseguir en su día, necesitamos articular un nuevo pacto, que incluya la necesidad de renovar el acuerdo de financiación autonómica, pospuesto por la derecha de forma irresponsable desde 2014, incluso cuando gozaba de mayoría absoluta para ello o desoyendo el mandato de la Conferencia de Presidentes.

La conmemoración del 40 aniversario de la aprobación y entrada en vigor de la Constitución española, debería marcar un hito esencial en la renovación de un consenso tantas veces pospuesto por razones de oportunidad e intereses partidistas. En ese sentido, 2018 representa una fecha simbólica que exige de todas las fuerzas políticas altura de miras y compromiso con una España capaz de reconciliar a una generación con los valores de su tiempo. No hay mejor forma de honrar la obra constituyente de la España democrática de 1978 que afrontar la necesidad de actualizar un texto que corre un riesgo serio de quedar desfasado por los valores, principios y hechos sociales de nuestro tiempo.

El PSOE estará a la altura de lo que de él se espera, como oposición de Estado, del modo en que ha ejercido ese papel a lo largo del desafío soberanista catalán. Anteponiendo siempre el interés general y proponiendo medidas para el diálogo, como la Comisión para la modernización del Estado autonómico, que debería ofrecer un diagnóstico nítido sobre las fortalezas y debilidades de nuestro modelo territorial a lo largo del primer semestre.

La crisis demográfica, las consecuencias del cambio climático en España, la transición ecológica de nuestro modelo productivo, la digitalización o la robotización de la economía, son solo algunos de tales retos. La concreción de un nuevo Pacto de Toledo para reformar nuestro sistema de pensiones, o la cobertura efectiva de los derechos de los trabajadores en la nueva economía, exigen de respuestas inmediatas para que nuestro país no quede expuesto, una vez más, a las consecuencias negativas de los mismos, que siempre terminan pagando los más débiles.

En esencia, 2018 marca un año crucial para pensar en la España que ha de ser, más que en la España que hoy es. Un año en el que el PSOE consolidará su disposición para ser alternativa de Gobierno contribuyendo a construir grandes consensos y afirmando su capacidad nuclear para construir una alternativa de izquierdas, nítidamente socialdemócrata y al servicio de la regeneración política y económica de nuestro país.

Ilustración: Luis Grañena