Canadienses bien colocados

Los recién casados lo saben, ahora que el Gobierno liberal de Canadá de Justin Trudeau va a cumplir su segundo año completo en el poder. La luna de miel ha sido larga, se remonta a la sorprendente victoria de los liberales en las elecciones de octubre de 2015. Eufórica incluso, no hay más que ver los millones de selfies de sonrientes canadienses al lado de su jovencísimo y carismático primer ministro (con y sin camisa). Como las nuevas parejas, los canadienses y el Gobierno liberal se han pasado gran parte del año hablando de cómo cambiarán el país y el mundo.

En 2017 habrá que volver a la realidad. La avalancha de consultas públicas sobre cómo mejorar todo, desde la forma de votar a la forma de conceder las ayudas internacionales, terminará. Habrá que tomar decisiones políticas que no gustarán a todos. Trudeau se enfrentará a su primera crisis total si Donald Trump mantiene su amenaza de romper los acuerdos comerciales. Estados Unidos es el socio comercial más importante de Canadá, destino de casi el 77% de sus exportaciones en 2015.

Aunque la luna de miel haya terminado, el país tiene un feliz acontecimiento que celebrar: su 150 aniversario. El próximo 1 de julio los canadienses celebrarán la creación del Dominio de Canadá en 1867 por una ley del Parlamento británico. El Acta de la Norteamérica Británica unió las colonias autónomas de Ontario, Quebec, Nuevo Brunswick y Nueva Escocia y les dio una Constitución escrita. Aunque las otras provincias y territorios se unieron más tarde –Nunavut se creó en 1999– y la Constitución de Canadá solo era otra ley del Parlamento británico hasta 1982, los canadienses fechan el nacimiento de su país en 1867.

Mucho antes de esas celebraciones, al Gobierno se le viene encima una difícil decisión: aprobar un oleoducto para transportar petróleo al puerto de Burnabyen, en la costa oeste de la Columbia Británica, desde la provincia occidental de Alberta, rica en energía. El regulador nacional de energía ha aprobado la ampliación del oleoducto TransMountain con condiciones. Ahora le toca al Gobierno federal aprobarlo, rechazarlo o devolvérselo al regulador. Cualquier cosa que no sea un sí enfurecerá a Alberta, que lucha contra la recesión y un déficit histórico debido a los bajos precios del petróleo. Pero la aprobación enojará a los grupos ecologistas y a los canadienses seducidos por las promesas de los liberales de un Canadá más verde que el que ofrecen los proenergéticos conservadores.

Trudeau trata de calmar ambas facciones. Tras intensas negociaciones, obligó a todas las provincias a fijar para octubre un precio del carbón para 2018 o les impondrá uno. Los mandatarios descontentos, por lo menos, podrán quedarse los nuevos ingresos. Siete de las diez provincias son deficitarias, por lo que una aportación de fondos federales para programas caros como la sanidad podría acallar las objeciones. Los ecologistas, ya molestos por la aprobación de un gaseoducto a la costa Oeste, se movilizarán si el oleoducto es aprobado. Trudeau tiene hasta las próximas elecciones en 2019 para recuperarlos. Cumplir la promesa electoral de eliminar subvenciones a los combustibles fósiles por valor de 3.300 millones de dólares canadienses (2.375 millones de euros) al año sería un buen comienzo.

No hay mucho tiempo antes de la próxima gran prueba del Gobierno: decidir qué sistema electoral sustituirá al actual de mayoría simple. Trudeau prometió que las elecciones de 2015 serían las últimas con ese sistema. En diciembre de 2016 un comité especial que ha mantenido audiencias en todo el país ha emitido su informe, pero el Gobierno deberá darse prisa para cumplir con el plazo límite de mayo de 2017 fijado por la junta electoral para que la legislación entre en vigor antes de las elecciones de 2019. La oposición conservadora insiste en un referéndum sobre los cambios propuestos. El Gobierno, con el brexit presente, se niega.

Los canadienses están indecisos sobre la necesidad de cambio (solo el 41% lo cree necesario) y qué sistema elegir. Un sistema de representación proporcional mixto en el que se vota a candidatos individuales y a partidos como el utilizado en Alemania y Nueva Zelanda probablemente sea el elegido, pero será una dura lucha.

La excepción canadiense

Además de estas y otras promesas electorales, como regresar a las misiones internacionales de paz y retomar las relaciones con los pueblos indígenas, los liberales tendrán que presentar su segundos Presupuestos del Estado. Ya han marcado tres grandes prioridades. Primera, recorte de impuestos para la clase media y subida para los ricos, aquellos que ganan más de 200.000 dólares canadienses (144.000 euros) al año. Segunda, más subsidios familiares y más cuantiosos. Y tercera, el primer tramo de un plan de infraestructuras de 60.000 millones de dólares canadienses (43.200 millones de euros). El déficit se disparará de los 1.000 millones de dólares canadienses (720 millones de euros) en 2015 a por lo menos 25.100 (18.000 millones de euros). La modesta deuda pública neta de Canadá permite aumentar los gastos pero alejará a los liberales de su declarado objetivo de equilibrar las cuentas.

Entre los Gobiernos occidentales, Canadá es un caso aparte. Defiende la inmigración mientras otros cierran sus fronteras (Trudeau recibió personalmente a un grupo de refugiados sirios en el aeropuerto de Toronto en diciembre de 2015), defiende la globalización mientras otros dan la espalda al comercio y defiende los estímulos fiscales mientras otros optan por la austeridad. Pero estas políticas tardan en tener efecto sobre el crecimiento económico y resulta difícil defenderlas. El crecimiento fue de un escaso 1,1% en 2015, el banco central prevé que alcance el 1% en 2016 y el 2% en 2017. Un desplome de la vivienda en los sobrevalorados mercados inmobiliarios de Toronto y Vancouver o el creciente proteccionismo global podrían hacer descarrilar la economía.

Si eso ocurriese, otra de las promesas de Trudeau –legalizar la marihuana– podría ser muy útil. Permitiría que los canadienses, si no su economía, terminen 2017 bien colocados.