Garbanzos y lentejas

La política española adquiere aromas de potaje según se aproxima el otoño. Con mucho retraso y la debida confusión se aproxima la negociación sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, el puchero donde se cuecen los garbanzos que alimentan la política territorial. En los primeros días de septiembre se conocieron las balanzas fiscales del ejercicio 2014. Por cuarto año el Gobierno hace un ejercicio de transparencia que, como cabía suponer, ha sofocado el incendio que algunos habían alimentado durante años. Porque las cuentas públicas territorializadas –nombre técnico de las balanzas– nos muestran reiteradamente que la redistribución territorial es, en esencia, la consecuencia lógica de dos decisiones políticas ampliamente compartidas: que contribuya más quien más gana o tiene, y que todos tengan acceso a servicios públicos equivalentes en cualquier lugar de España. La progresividad del sistema fiscal explica el 70% de la redistribución territorial, y es consecuencia de la mayor recaudación que se obtiene donde hay mayores rentas y patrimonios. Las políticas de gasto explican el 30% restante, y lo hacen en general con criterios perfectamente justificables. El debate real está limitado a un gasto público equivalente a menos del 1% del PIB cuyo destino geográfico podría sensatamente discutirse.

La comisión de expertos sobre financiación, que presentó sus conclusiones en los últimos días de julio, no se alejó apenas de los juicios compartidos hace ya tiempo por la mayor parte de los especialistas. Es preciso aproximar más los recursos disponibles por habitante entre todas las comunidades autónomas, ajustando por la edad de los residentes dado que es el factor que más influye en el componente principal del gasto descentralizado (sanitario y educativo). Y, por otro lado, si se reclaman recursos adicionales debe exigirse que las comunidades asuman ante los contribuyentes el coste político de estas decisiones, bien sea modulando conjuntamente los tipos del IVA, bien sea estableciendo copagos en el ámbito sanitario. En la situación presupuestaria española, con un endeudamiento acumulado preocupante, no es concebible un acuerdo que dispare el gasto público; la dificultad entonces estriba en dar satisfacción a todos sin coste alguno. Un nuevo modelo que dejase ganadores y perdedores sería inviable en su tramitación parlamentaria, por lo que cualquier arreglo respetará siempre el statu quo y se centrará en los cambios en la evolución futura de los recursos.

Según hemos sabido, el acuerdo que permitió la investidura de Mariano Rajoy se sustenta en el pacto de las lentejas “o las comes, o las dejas”. No es de extrañar que en el aniversario de su firma faltase cualquier celebración. Y mientras Ciudadanos exige que se cumpla lo pactado sobre aforamientos o limitación de mandatos, el Partido Nacionalista Vasco administra con prudencia sus escaños y Pedro Sánchez pone condiciones para respaldar al Gobierno ante la situación política en Cataluña. La prudencia se transforma con facilidad en atonía y despoja a un Gobierno en minoría de su principal instrumento, el ejercicio del liderazgo sobre la opinión pública. Abrir nuevos debates es su principal baza, dejarlo en manos ajenas podría ser su perdición.