Semana Santa o no tan santa

“Piense usted una cosa”, le decía el cardenal Vicente Enrique y Tarancón al periodista Ángel María de Lera; “piense que la Santa Madre Iglesia, en nuestro país, está presente en todos y cada uno de los momentos importantes de la vida de un ser humano. Está allí cuando uno nace, cuando adquiere el uso de razón, cuando se casa, cuando muere. Le perdona los pecados, le consuela y hasta le consagra. Piense usted que la inmensa mayoría de los pueblos de España tiene nombres de santos. Piense en cuántas fiestas, a lo largo del año, se deben a celebraciones sagradas. Y piense en cuántos miles, cuántos millones de personas participan en las procesiones que celebran la pasión de Cristo, en la Semana Santa, en todos los rincones de España. Y eso ocurre desde hace siglos, no es cosa de ayer o del régimen político que ha quedado atrás. ¿De verdad cree usted que la democracia o la actitud de ciertos partidos puede acabar con eso de un día para otro? Arrancar el sentimiento religioso del alma de los españoles llevaría generaciones enteras. Y yo creo que eso no ocurrirá nunca”.

Esas palabras son del año 1980 y pertenecen a una entrevista integrada en un largo reportaje que Ángel María de Lera dedicó a antiguas organizaciones que entonces volvían a la legalidad tras una persecución de cuarenta años de franquismo. De Lera falleció en 1984. El cardenal Tarancón, una década después. Pero muy poca gente se atrevería a negar que esa larga frase parece dicha casi ayer y conserva su vigencia. Eso se nota especialmente ahora, en la semana en la que los cristianos conmemoran la pasión y muerte de Jesús de Nazaret con las célebres y, en muchos casos, multitudinarias procesiones. Y es verdad que el “cardenal de la Transición” seguramente imaginaba –aunque no lo dijo en aquella entrevista– que llegaría un día en que unos españoles tratarían de cuestionar, o matizar al menos, la expresión pública del sentimiento religioso de otros, sobre todo de los representantes públicos. Lo que no podía conocer era el cómo.

La polémica sobre la supuesta voluntad de “prohibir” la Semana Santa comenzó con unas risas. Desafortunadas, pero risas. Fue en enero de 2015. Una de las dirigentes de Podemos en Sevilla, Begoña María Gutiérrez Valero, daba una rueda de prensa. Hay que recordar que, en enero de 2015, Begoña Gutiérrez no era oficialmente nadie en Sevilla, y Podemos tampoco: las elecciones municipales y autonómicas se celebrarían, en buena parte de España, el 24 de mayo de ese año. En enero, Gutiérrez acababa de ser elegida, bastante por los pelos, secretaria general de Podemos en Sevilla. Por eso daba la rueda de prensa.

Al final de las preguntas, y en tono inequívocamente jocoso, un informador –Juan Miguel Vega– preguntó a Begoña Gutiérrez si, en caso de gobernar, Podemos prohibiría la Semana Santa sevillana. A Gutiérrez le dio la risa y, poco avezada en el trato con la prensa, no tuvo mejor ocurrencia que contestar que “en Podemos todo lo decidimos los ciudadanos y las ciudadanas. Si se llegara a plantear esa cuestión, serían ellos quienes lo decidirían”. La típica respuesta no meditada que, según en el tono en que se lea, puede sonar como una amenaza, como una indecisión o como lo que en realidad era: una broma que respondía a otra broma.

Pero se armó la flagelación (y nunca mejor dicho) en cuestión de horas. Determinados grupos y algunos medios no dudaron en usar aquella respuesta poco afortunada como una provocación en toda regla, y azuzaron inmediatamente el sentimiento religioso de los sevillanos contra Gutiérrez y su grupo. En menos de 24 horas, todo el mundo había oído que Podemos quería prohibir la celebración de la Semana Santa sevillana. El entonces alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP) proclamaba, en tono solemne, que “la Semana Santa es una celebración popular de cinco siglos de historia y no decide sobre ella ningún político”. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz (socialista y devota de la Esperanza de Triana) recordaba que “un gran logro de nuestra democracia es el respeto y otro el sentido común. En la Semana Santa y en todo”. El presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, Carlos Bourrellier, auguró calamidades: “No sé si habría que empezar entonces a preguntar a los sevillanos después si tendría que haber Feria, cabalgata de Reyes Magos o si la Seguridad Social habría de existir. Si en Sevilla, que es la tierra de María Santísima, van a preguntar algo como esto, todos sabremos dónde estamos. Me parece una barbaridad solamente el pensarlo”.

Llovieron las declaraciones airadas en el mismo sentido. De nada sirvió que Begoña Gutiérrez y el propio informador, Juan Miguel Vega, tratasen de explicar cómo había ocurrido todo en realidad. La indignación, bien atizada, prendió como la paja seca.

Y sigue ardiendo. El alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, seguramente el regidor de Podemos más conocido de España, se encontró al llegar al consistorio con unas cuentas en estado preagónico y se vio obligado a “meter la tijera” por donde pudo. Y una de las cosas que recortó fue la subvención municipal de 130.000 euros que venía recibiendo el Consejo de Hermandades y Cofradías de la capital gaditana: “Tendrán que apretarse el cinturón”, dijo en septiembre pasado; “hay cantidades que nosotros entendemos que no tienen una vinculación directa con la Semana Santa y que, por tanto, para nosotros son prescindibles perfectamente y para ellos suponen un ahorro”. Inmediatamente aclaró que ni se le pasaba por la cabeza prohibir ni hermandades ni procesiones: “Yo mismo me he criado con la Semana Santa, cómo la vamos a prohibir (…) Podemos no viene a quitar la Semana Santa sino a mejorarla”. Pero esas aclaraciones, naturalmente, o fueron ignoradas o fueron inmediatamente calificadas de mentiras. Sin más.

La paja seca de la indignación corrió de nuevo hace apenas un par de semanas, cuando algunos medios aseguraron que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, había cambiado el nombre de “Semana Santa” por el de “Semana de Festividades”. Una ofensa más a los sentimientos religiosos de los madrileños. Así habría podido interpretarse... si la noticia fuese cierta. Porque no lo es. TIEMPO se ha puesto en contacto con el equipo de Gobierno del ayuntamiento, dirigido por Ahora Madrid, y la pregunta fue recibida con indisimulable sorna: “¿Ustedes también? Pero que no... Que eso es mentira... Que a nadie se le ha ocurrido aquí proponer semejante disparate, fue un comentario interno que se desechó de inmediato. Pero si tratamos de que la Semana Santa de Madrid sea reconocida como de Interés Turístico Nacional, que de momento solo es regional, ¿cómo vamos a hacer eso? Se trata de una mentira, un infundio más propagado por la prensa de extrema derecha, que están convencidos de que Dios es suyo y de nadie más... Si quiere le doy los nombres...”.

Sí es verdad que, como pasa en Cádiz y en muchos sitios más, los recortes en las subvenciones han llegado también a las cofradías y a las celebraciones procesionales de Madrid. El ayuntamiento ha concedido 150.000 euros a la comunidad china para celebrar su Año Nuevo y la misma cantidad a las comunidades musulmanas para su Ramadán. A las hermandades de la Semana Santa les han otorgado 178.000 euros. Pero como el CIS dice que son unos cuatro millones de madrileños los que pueden asistir a las procesiones (si eso llegase a ocurrir, la Semana Santa madrileña saldría en el libro Guinness de los récords), hay quien calcula que a cada “católico” le corresponderían 0,05 euros de la subvención municipal. En las mismas condiciones, a cada musulmán le tocarían 0,5 euros y a cada chino nada menos que tres. En Ahora Madrid sonríen: “Cada uno cuenta chinos, musulmanes y católicos como le parece mejor. Es un argumento que no se sostiene. Ni en veinte años juntos van cuatro millones de personas a ver las procesiones de Madrid. Ojalá fuesen, qué más quisiéramos. El equipo de Ana Botella dio a las cofradías 216.000 euros: la diferencia es muy pequeña, como cualquiera puede ver... Pero eso no lo dicen, porque no se trata de eso. Se trata de politizar las cosas, de hacer daño al equipo de Gobierno. Si para desacreditar a la alcaldesa tienen que sacar al Cristo de Medinaceli todos los días, y no solo el Viernes Santo, no le quepa duda de que lo sacarán”.

Hay algo en lo que sí se diferencian los nuevos gobernantes municipales de los anteriores, y eso en muchos lugares de España. En Murcia, por ejemplo, el grupo Cambiemos Murcia (tres concejales sobre 29) ha propuesto que ni el alcalde ni ningún concejal acudan a las celebraciones procesionales en calidad de tales, con su vara y sus insignias; que vayan, si así lo desean, como ciudadanos corrientes, pero no en representación del ayuntamiento. El PSOE y Ciudadanos se han opuesto porque creen que tiene más valor “la libertad religiosa y la libertad de los concejales”. Lo mismo piensa el PP. Pero de inmediato se convocó, para el Viernes de Dolores (el previo a la semana pascual) y ante el ayuntamiento, una manifestación de las cofradías murcianas, que creen que esa moción supone “un ataque a la libertad” y se sienten obligadas a “defender la Semana Santa”. Que parece poco amenazada: en la ciudad gobierna el PP en solitario.

En Sevilla se presentó una moción de IU-LV, apoyada por Participa Sevilla (cinco concejales sobre 31 en un consistorio con alcalde del PSOE) en la que ni siquiera se mencionaba la Semana Santa; se pedía, eso sí, que los representantes públicos no acudan a actos religiosos en calidad de tales, que los representantes de las confesiones religiosas no sean invitados a los actos municipales “como autoridades públicas” y que se cambie el callejero de Sevilla para hacerlo “laico y aconfesional”. Esto último supondría volver del revés el nomenclátor de la ciudad entera, como muy bien sabía el cardenal Tarancón hace 35 años.

El resultado fue una manifestación de varios cientos de personas, entre las que estaba el exalcalde Zoido, ante las puertas del ayuntamiento mientras se debatían allí cuestiones presupuestarias. El lema era “Los fundamentalistas contra tus raíces”. La gente rezaba, cantaba el Perdónalos, Señor, enarbolaba crucifijos, rosarios y grandes fotos de la sevillana Santa Ángela de la Cruz. Se dirigió una petición al alcalde, Juan Espadas, del PSOE, para advertirle de que le quedaban “horas para impedir la destrucción de la Semana Santa sevillana”. Juan Ignacio Zoido, hoy concejal del PP, difundió un vídeo en el que aparece él mismo besando una foto de la santa Ángela de la Cruz mientras la multitud le gritaba “alcalde, alcalde”.

Daniel González, concejal de IU, estaba estupefacto: “Nadie quiere prohibir la Semana Santa ni quemar iglesias ni impedir que la gente vaya a misa –decía–; lo que queremos es la separación de la Iglesia y el Estado, que los cargos públicos del ayuntamiento no participen como tales en actos religiosos”. Pero nadie le hizo mucho caso. “Basta de ataques a la Iglesia. Respeta mi fe”, le gritaban, y muchos pedían que se le declarase persona non grata en Sevilla, como al resto de los concejales que firmaban la moción.

Ha habido respuestas como esta, de la bloguera Carmen Bellver, en Religión Digital: “Al parecer el anticatolicismo más casposo ha vuelto por sus fueros. Son ya muchas las agresiones a lo más sagrado de nuestra fe. El clan laicista quiere suprimir todo vestigio religioso y lo está mostrando sin pudor. En Madrid se quiere cambiar el nombre de la Semana Santa por el de Semana de Festividades. En Sevilla directamente han intentado acabar con ella: prohibir al alcalde y a los concejales participar en procesiones; retirar la condición de autoridad pública al arzobispo; crear un callejero laicista...”.

De nuevo en Cádiz, el alcalde Kichi anunció que no acudirá a las procesiones de Semana Santa como tal alcalde. Que irá, como ha hecho siempre, “como hijo”, acompañando a su madre. Se reunió con la Junta de Gobierno de la Semana Santa gaditana para explicarles que no ocupará el palco oficial, que no presidirá los desfiles y que no entregará la vara de mando del municipio al nazareno, “regidor perpetuo” de la ciudad. La respuesta de los cofrades fue exigirle que no convierta las estaciones penitenciales en un “circo mediático” y recordarle que “su sitio es la presidencia porque él es el alcalde de todo Cádiz”. Al final será el hermano mayor de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Santa María de Cádiz, José Manuel Verdulla, quien entregue a la imagen de Cristo la vara de mando, que antes le habrá dado el alcalde a él para continuar con la tradición.

En Salamanca, los concejales de Ganemos propusieron lo mismo: que el alcalde y los integrantes de la corporación no participen como tales en los actos religiosos que se producen durante estos días y que no se concedan honores a advocaciones o santos, incluidos los patrones de la ciudad. Pretendían que se considerase la Semana Santa no solo (o no tanto) un hecho religioso como cultural. La respuesta del alcalde, Alfonso Fernández Mañueco, del PP, fue terminante: “Mientras yo sea alcalde, la Semana Santa se celebrará con toda normalidad”. Los de Ganemos le contestaron que lo que ellos pretendían era precisamente eso mismo, y que la normalidad, desde el punto de vista legal y hasta constitucional, era separar el papel de la Iglesia y el del Estado.

En Zamora, que tiene una de
 las Semanas Santas más be-
 llas del mundo (Interés Turístico Internacional desde 1986; solo hay 21 en España que tengan esa distinción), el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido, de Izquierda Unida, no asistirá al Juramento de Silencio en la catedral, que precede al desfile de la Real Hermandad del Santísimo Cristo de las Injurias. Los cofrades le han acusado de romper una tradición que se remonta a… 1947.

Aún se recuerda la que se armó cuando, en junio de 1983, el cardenal arzobispo de Toledo y primado de España, Marcelo González Martín, prohibió a las autoridades del recién elegido primer Gobierno socialista asistir a la procesión del Corpus Christi en Toledo y pronunció una memorable filípica contra el PSOE a propósito del aborto. Los ministros de Transportes, Enrique Barón, y de Presidencia, Javier Moscoso, vieron la procesión medio escondidos en un balcón del Gobierno Civil toledano, y se ocultaron del todo cuando pasó el furibundo cardenal. Que años más tarde mantuvo una estrecha amistad con el político socialista José Bono. La presencia de autoridades civiles, y desde luego también la participación de las Fuerzas Armadas, en los desfiles procesionales de la Semana Santa se pierde en la noche de los tiempos. La Cofradía del Santísimo Sacramento, Nuestra Señora de San Antolín y Señor Santiago, de Zamora, se fundó en el siglo XI, dice la tradición que por la reina doña Urraca, en tiempos del Cid Campeador. No hay medio de saber cuántas cofradías y hermandades penitenciales hay en España, pero los estudios más conservadores (como el de la asociación Amistad Cofrade) hablaban, a principios de este siglo, de casi 2.000. Otros multiplican esa cifra por dos y hasta por tres. Y el número de cofrades pasa como mínimo del millón en todo el país. Solo en Sevilla hay más de 60 hermandades y más de 60.000 hermanos.

Tenía toda la razón el cardenal Tarancón. No es fácil encontrar en la historia de España, desde el mencionado Cid Campeador para acá, momentos en los que la Iglesia católica y el Estado, tuviese este la forma que tuviese, no estuviesen íntimamente relacionados y aun unidos con lazos casi irrompibles. La única excepción podría ser la Segunda República española. Durante siglos ha sido, pues, algo perfectamente natural que los alcaldes, los concejales y los soldados acompañasen, honrasen, custodiasen y se arrodillasen ante las imágenes sagradas de las procesiones. Esa costumbre de siglos llegó a extremos de verdadera sumisión durante el franquismo, cuando el régimen, aislado internacionalmente, se echó en manos de la Iglesia y firmó con Pío XII un concordato en el que se hacían al catolicismo oficial concesiones que hoy parecen delirantes... aunque algunas de ellas aún sobrevivan. Aquello ha pasado a la historia con el nombre de nacionalcatolicismo.

Pero la sociedad ha cambiado profundamente, y las leyes con ella. Hoy, cuando causa como mínimo extrañeza ver a un ministro condecorando vírgenes por más católico que sea, resulta al menos cuestionable la participación de las autoridades públicas, o de fuerzas militares, en su condición de tales, en actos religiosos, puesto que España no tiene religión oficial y, por lo mismo, sus instituciones y autoridades tampoco la tienen. La tradicional presencia de los munícipes en las procesiones puede ser cuestionada con la ley en la mano, lo mismo que la presencia de crucifijos u otros símbolos religiosos en las escuelas públicas, ayuntamientos o cuarteles.

El Rey va a misa y asiste a procesiones, porque es católico; pero cuando Felipe VI juró la Constitución ante el Parlamento no había allí ninguna imagen sagrada. Esos son los términos de una discusión que, en España, ha de ser forzosamente larga: son demasiados siglos haciendo las cosas de un modo como para que ahora a nadie le parezca que se está atacando a la religión cuando se hacen, o se propone que se hagan, de otro.

Pero, si somos serios, hay que admitir que la Semana Santa no corre en España el más mínimo peligro. Y esto por motivos que nada tienen que ver con la devoción religiosa. Tienen que ver con la economía.

Como ejemplo bien valen los datos de Sevilla. El año pasado, el entonces alcalde Juan Ignacio Zoido estimaba en 280 los millones de euros que habían entrado en la ciudad gracias a los desfiles procesionales, sin duda los más populares de toda España. Eso es el 1,26% del PIB de la ciudad. Un río de oro. La ocupación hotelera llegó, a partir del Jueves Santo  de 2015, al 100%, incluidos todos los hoteles de cinco estrellas. El comercio creció, por término medio, un 10% durante los siete días, y llegó a su “pico” el Sábado Santo. No hay concejal de Podemos, por más ateo que sea, que se plantee siquiera renunciar al cuerno de la abundancia que supone el turismo atraído por las procesiones. Y esto pasa en toda España.

Un ejemplo singular es el de León. La capital del Antiguo Reino es una de las poquísimas ciudades españolas que mantiene, y desde hace más de 80 años, una procesión explícitamente burlesca, paródica y festiva: el Entierro de Genarín, creado por cuatro golfos de los años 30 para conmemorar la muerte, en la noche del Jueves Santo de 1929, de un borrachín perdulario del lumpen leonés de entonces. Sus cofrades inventaron la procesión con el indisimulado propósito de reírse de la santurronería, la pacatería y la hipocresía provinciana de la sociedad decente de la ciudad. Durante todos los años en que se ha celebrado (fue prohibido por el franquismo desde 1957 hasta 1977), la prensa conservadora y las fuerzas vivas de la localidad han lanzado sobre los bebedores y burlones cofrades de Genarín los mayores improperios que quepa imaginar.

Pero no lo quitarán nunca y todos lo saben. Porque el Entierro de Genarín atrae, por sí solo, una media de 20.000 personas que se desplazan desde las cuatro esquinas de España para verlo y trasegar orujo. Porque, de las 36 procesiones que se celebran en León durante la Semana Santa, el Genarín siempre está entre las dos o tres que más público tienen. Porque los pasos burlescos, y las hachas de cera, y el camión que lo transporta todo, y la megafonía, y la iluminación, son sufragados por los comerciantes del casco antiguo (muchos de ellos lo niegan), porque el resultado económico es sabrosísimo. Es posible que el Entierro de Genarín, inspirador obvio de algunas “procesiones ateas” de nuevo cuño que se intentan en Madrid y en otros lugares, sea una blasfemia. Quizá. Pero ante todo es un espléndido negocio, y eso lo saben los ateos, los creyentes, los del PP, los del PSOE y todo hijo de vecino en la ciudad.

De todas las celebraciones de la Semana Santa española, 21 están declaradas de Interés Turístico Internacional y una, la de Valladolid, es candidata a entrar en el catálogo del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad que elabora la Unesco. Pero todas, sin excepción, son el fruto de un largo trabajo que muchas veces dura meses enteros y que termina en un lucimiento callejero que mueve descomunales cantidades de dinero que benefician a todos. Con más o con menos fervor religioso. Con más o con menos debates sobre si es legal o no permitir que una confesión religiosa (es decir, un grupo privado) ocupe el espacio público durante tantos días, como muchas veces arguyen los más ortodoxos comecuras. La izquierda nueva o vieja, emergente o tradicional, podemita o castiza, ni se propone acabar con la Semana Santa ni se lo propondrá jamás, en ninguna parte, digan lo que digan los medios de la extrema derecha. Lo dice Sergio Pascual, diputado de Podemos por Sevilla: “Permítanme repetir por enésima vez que no, que Podemos no va a quitar la Semana Santa, pero que tampoco vamos a dejar que nos la quiten porque también es nuestra”. Y lo que ha pasado en Ferrol es buena prueba de ello: el alcalde, Jorge Suárez, de Ferrol en Común, se propuso retirar a las cofradías la subvención de 75.000 euros. La reacción de las hermandades fue tal que Suárez no solo abandonó la idea sino que cambió las amenazas por piropos.

Y es que los vecinos que aguardan a los turistas como agua de mayo no se lo iban a consentir. Esto es lo que no decía el cardenal Tarancón en 1980. Pero es que Tarancón nunca decía todo lo que sabía.