Precedentes para ser duros con Cataluña

Andrés Herzog, candidato de UPD a la presidencia del Gobierno.

Mucho se ha criticado durante los últimos años el particular modo en que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha encarado la mayoría de los problemas, llevando la prudencia hasta las últimas consecuencias. En el caso de la crisis con Cataluña también se le ha achacado cierta pasividad, pero en las últimas semanas ha logrado que la mayoría de los partidos políticos compartan su postura de no responder con dureza a las provocaciones secesionistas que llegan desde Cataluña. Pero hay una excepción: Unión, Progreso y Democracia (UPD).

El partido de Rosa Díez, que en las elecciones generales del 20 de diciembre luchará por la supervivencia, tiene una opinión mucho más dura respecto a cómo hacer frente al independentismo catalán. Y así se lo transmitió a Rajoy su actual líder, Andrés Herzog, durante la reunión que ambos mantuvieron en el palacio de la Moncloa el 3 de noviembre, en el marco de la ronda de contactos que el presidente realizó para consensuar la respuesta a la declaración soberanista aprobada por el Parlamento catalán.

Según fuentes conocedoras de la reunión, Herzog le puso encima de la mesa a Rajoy dos precedentes que avalarían emplear una mayor firmeza en Cataluña en aras de preservar el interés común. El primero de los precedentes esgrimidos por Herzog se produjo en el año 2003, cuando PP y PSOE pactaron ilegalizar a la izquierda aberzale para que no pudiese tener presencia en las instituciones. En aquel momento esa medida fue cuestionada por buena parte de la sociedad española, pero el paso de los años ha confirmado su tino: el terrorismo es historia y los simpatizantes de ETA se han visto obligados a condenar la violencia para poder participar en política.

El Ayuntamiento de Marbella. El segundo precedente se podría llegar a parecer más al caso catalán y avalaría utilizar el famoso artículo 155 de la Constitución para que el Estado asuma algunas competencias autonómicas o, incluso, suspenda temporalmente la autonomía. Y es que el 7 de abril de 2006 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en un Consejo de Ministros la disolución del Ayuntamiento de Marbella tras la imputación judicial de buena parte de sus miembros (algo que no es descartable en esta ocasión), y procedió a nombrar una gestora independiente para que administrase la alcaldía hasta las siguientes elecciones municipales.