Opacos cursos de formación

Desde hace años, no es raro que cada cierto tiempo los escándalos sobre los fondos de formación de trabajadores y desempleados salten a los titulares. Patronales y sindicatos, dos de los principales perceptores de las subvenciones, se han visto manchados repetidamente por irregularidades, cuando no ilegalidades, en sus divisiones de formación. Pallerols, la investigación de UGT Andalucía o la reciente detención de una docena de personas relacionadas con CEIM, la patronal madrileña, son algunos de los casos más famosos, pero hay muchos más de pequeño nivel.

El problema radica fundamentalmente en la opacidad con la que se distribuye el dinero destinado a los cursos. En España la gestión de fondos para la formación está administrada casi en su totalidad por la Fundación Tripartita, un gigante que consume solo en poner en marcha su maquinaria algo más de 30 millones de euros anuales. No es para menos. Por las manos de la institución, dirigida por los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y la Confederación Intersindical Galega (CIG), las patronales CEOE y Cepyme y la Administración General del Estado a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), pasan cada año más de 2.000 millones de euros. Con ellos se financian miles de cursillos de formación, tanto a nivel nacional como autonómico. Por establecer una escala, la cifra es similar a la consignada en los Presupuestos Generales del Estado para Educación (2.150 millones de euros) y algo más del doble de lo que gasta cada año el Ministerio de Asuntos Exteriores (996 millones de euros). Cerca de la mitad de este dinero se distribuye a través de las comunidades autónomas, donde en muchos casos es difícil seguirle la pista. El resto, mediante asignaciones directas a empresas, instituciones formativas, sindicatos o patronales a nivel estatal.

Lo cierto es que por uno u otro lado, buena parte de los fondos, tanto los estatales como los autonómicos, acaban en manos de los mismos gestores: patronales, sindicatos y toda la estructura formativa vinculada a ambos.

Un nuevo modelo de formación.

El actual sistema tiene, sin embargo, fecha de caducidad. El Gobierno ya ha manifestado a los implicados su intención de eliminar el doble papel de los agentes sociales como participantes en la planificación, programación y diseño del sistema y, al mismo tiempo, perceptores de los fondos y ejecutores de los programas. El propio presidente Mariano Rajoy advirtió durante el Debate del estado de la nación de que abordará “una reforma integral de este sistema para poner en marcha un nuevo modelo de formación profesional que se rija por los principios de transparencia y libre concurrencia” y “esté sometido a la evaluación permanente” de los resultados para garantizar que cumple sus objetivos. En el nuevo modelo, especificó, “la función de los agentes sociales se limitará a la planificación, diseño y control del sistema”. La Administración pública, que gana peso en la gestión del sector, programará sus actividades de formación para cubrir a quienes no alcance la empresarial.

Las palabras del presidente suponen un cambio radical del modelo, hasta ahora copado por los agentes sociales. Se le entrega a las empresas, la Administración y los centros de formación gran parte de la administración del sistema, sin más intermediaciones. La libre concurrencia es el punto fundamental e irrenunciable del Gobierno durante las negociaciones que mantiene para renovar el cuarto acuerdo de formación con los agentes sociales, prorrogado desde 2010. La intención es que las competencias de la Fundación Tripartita sean asumidas por organismos en los que no estén presentes ni patronal ni sindicatos y que adjudiquen los fondos a proyectos y programas de empresas formativas mediante competencia. En palabras del Gobierno, que los agentes sociales dejen de ser “juez y parte” en la gestión de los fondos. Lo que no está claro es si la Fundación Tripartita desaparecerá o verá recortadas sus competencias hasta el mero diseño y planificación del programa y la detección de prioridades de formación.

En todo caso, la reforma supone arrebatar a patronales y sindicatos un enorme caramelo del que nadie quiere desprenderse. Aunque reconocen que el sistema debe cambiar para introducir más transparencia, nadie quiere ser desplazado del diseño y gestión de los cursos. Desde Comisiones se critica que se le entregue a las empresas de formación todo el protagonismo convirtiéndolas precisamente en “juez y parte”. Tampoco el secretario general de UGT, Cándido Méndez, respalda la propuesta e insiste en que la formación debe estar ligada a la negociación colectiva y, por tanto, a los agentes sociales. En el otro extremo está la CEOE, que, como en otras ocasiones, subraya que la mayor parte de los fondos proviene de las empresas y son ellas quienes deben gestionarlos sin absolutamente ninguna intermediación.

Unas cuentas millonarias.

Efectivamente, en la actualidad el sistema se nutre fundamentalmente mediante las cuotas de formación que pagan las empresas y los trabajadores (un 0,6% y un 0,1% del salario, respectivamente). Esta partida supone el 87% de los 2.125 millones que gestionó la Fundación Tripartita el año pasado. El resto se completa con una aportación del Estado de 165 millones y otros 100 millones provenientes del Fondos Social Europeo.

La parte más compleja, sin embargo, es el reparto (ver gráfico sobre estas líneas). La Fundación Tripartita maneja directamente unos 787 millones de euros, todos para formación continua de personas empleadas, de los que 31 son para su funcionamiento. Del resto, unos 575 millones de euros se trasladan directamente a las empresas para que formen a sus propios empleados. Es la llamada formación de demanda, la mayor partida con enorme diferencia, y ni sindicatos ni patronales tienen acceso a ella. Sí acceden a la denominada formación de oferta, 181 millones de euros en 2013 que se reparten fundamentalmente en función de la representatividad. En 2012, de los 184 millones de euros que componían esta partida más de 100 acabaron en sus manos. En concreto, 51 millones de euros para CEOE y Cepyme, 24,7 millones para UGT, y 23,6 millones para Comisiones Obreras, todos ellos miembros del patronato de la Fundación Tripartita. Otros sindicatos consiguieron dos millones de euros. Conocedores del sistema advierten pese a todo que no es el único ingreso que obtienen de la partida. Tanto patronales como sindicatos mantienen dentro de su entramado diversas empresas y organizaciones que acceden también al reparto. En 2012 los importes que obtuvieron centros de formación y fundaciones sumaron otros 65 millones de euros.

Además del precio de los cursos vinculado estrictamente a los costes, tanto patronales como sindicatos pueden repercutir en la factura que trasladan a la fundación entre un 10% y un 15% del coste, dependiendo del objetivo del curso en concepto de gastos asociados, es decir para la preparación y gestión del curso. Este importe, que deducido de las partidas supone un buen pellizco, ha sido señalado repetidamente como una forma de financiación del aparato de patronal y sindicatos. Es decir, existe la sospecha de que la mayor parte de las veces no responde a las necesidades formativas de los trabajadores sino a las actividades del día a día de las organizaciones. De nuevo, a estos costes asociados hay que sumar los que declaran las empresas que imparten los cursos, muchas veces vinculadas a patronal o sindicatos y que sirven asimismo para mantener la estructura. No en vano, los sindicatos se juegan con esta reforma la posibilidad de mantener buena parte de sus aparatos en funcionamiento.

Pese a todo, la partida manejada por la Fundación Tripartita no es la más opaca. Entre ayudas para personas ocupadas y desempleadas, las comunidades autónomas gestionaron en 2013 más de 1.000 millones de euros. Es una partida enorme de la que, según fuentes vinculadas a los sindicatos, las distintas patronales regionales y nacionales obtienen el 30%, un porcentaje similar al que gestionan los propios sindicatos. Un rápido vistazo a los cursos ofertados por las distintas comunidades permite distinguir grandes diferencias de precio, sin razón, con importes muchas veces muy por encima del mercado. Y eso sin contar con los distintos escándalos de corrupción en los que se han visto envueltos sus gestores. 

Corrupción en los cursos.

No en vano, prácticamente todos los casos de corrupción o irregularidades relacionadas con los cursos de formación tienen ámbito autonómico. Es lo que ocurre con el último escándalo descubierto en Madrid y que ha provocado ya la detención de doce personas, entre ellos un exvocal de la patronal madrileña CEIM, Alfonso Tezanos. La comunidad autónoma reclama a 35 asociaciones profesionales los 4,4 millones de euros que les entregó en 2011 para realizar cursos de formación fantasma que nunca llegaron a impartirse. Un empresario cordobés vinculado al Partido Popular, José Luis Aneri, montaba los cursos, inscribía alumnos falsos y cobraba las subvenciones. Para ello se apoyaba en asociaciones empresariales vinculadas a CEIM y Fedecam, la patronal del pequeño comercio madrileño. La policía cree que Tezanos, presidente de Fedecam, fue fundamental para poner en contacto al empresario con las distintas asociaciones. A los 4,4 millones de euros podrían sumarse otros 11 millones procedentes del Ministerio de Empleo que pasaron también por manos de Aneri y que se siguen investigando.

La detención de Tezanos, a quien muchos consideraban estrecho colaborador del presidente de CEIM, Arturo Fernández, llega además pocos días antes de que este último opte a la relección al frente de la patronal, una carrera que ahora podría complicarse. Es el tercer escándalo que afecta al presidente de la patronal después de la colocación de la esposa de Ignacio González en la organización y las acusaciones de algunos de sus empleados de pagar sueldos en dinero negro.

Facturas falsas en Andalucía.

No solo las patronales están siendo investigadas. En Andalucía, la jueza Mercedes Alaya, encargada del caso de los ERE, detectó durante la investigación el uso indebido de los fondos públicos destinados a los cursos de formación de UGT. Presuntamente, se habrían emitido facturas falsas para justificar cursos inexistentes y con ello cobrar los importes consignados para ello. Aunque la Audiencia ha prohibido a Alaya seguir investigando al respecto, ya que excede la causa de los ERE, el escándalo no está muerto. Una vez reciba el expediente, la Audiencia decidirá qué juzgado asume el caso. Además, la Junta de Andalucía está empezando a revisar las facturas de los expedientes y reclama ya al sindicato 3,6 millones por facturas injustificadas, una cifra que podría seguir subiendo. Hasta que no justifique esas facturas, el sindicato no podrá seguir recibiendo subvenciones procedentes de la Junta.

Otro de los casos de corrupción que han acaparado titulares durante los últimos años y está relacionado con cursos es el de Pallerols. En los 90, el empresario Fidel Pallerols logró, gracias a la mediación de Unió, la adjudicación de multitud de cursos por un importe total de 9 millones de euros, de los cuales una parte iba a financiar al partido catalán.

Aunque los más conocidos, no son los únicos. Prácticamente todas las comunidades autónomas han registrado en algún momento irregularidades, facturas injustificadas o directamente fraude en los importes que dedicaba a la formación de trabajadores o desempleados.

El sistema, coinciden todos los protagonistas, necesita más transparencia. Habrá que esperar para comprobar si el nuevo modelo elimina las sombras de sospecha o se limita, como en otras ocasiones, a trasladarlas sobre nuevos actores.