Los secretos de Estado en poder de la familia Franco

05 / 05 / 2017 Javier Otero
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El Gobierno ha comunicado a la Fundación Nacional Francisco Franco que debe impedir el acceso público a los documentos clasificados como secretos que tiene en su poder. TIEMPO desvela algunos de esos informes reservados.

Sede del archivo de Salamanca. Foto: Enrique Carrascal/Reuters

Numerosos secretos de Estado se encuentran en manos de la familia Franco. Tiempo saca a la luz documentos con información clasificada que sirven de ejemplo de los delicados datos que manejan los herederos del dictador. La documentación se encuentra desde hace años en la fundación con el nombre del Generalísimo. Son los que se conocen como “los papeles privados de Franco”, aunque contienen una ingente documentación oficial que pasó por sus manos a lo largo de los casi cuarenta años como jefe del Estado. El Gobierno ha restringido el acceso a las copias que se encuentran en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca y ha instado a la Fundación Francisco Franco a que tome medidas para proteger el acceso a estos secretos, según una respuesta parlamentaria por escrito enviada al líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón.

Informes y estudios donde aparece el sello de “Secreto” o “Máximo Secreto” se encuentran en manos de la familia Franco desde que se los llevaron a la muerte del dictador. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, el que se titula “Consecuencias tácticas del empleo del arma atómica”. Son precisamente los documentos clasificados que se refieren a asuntos relacionados con armas nucleares los que más han preocupado a los responsables de su custodia. En este archivo se encuentran otros, los que estudiaron los daños que podría producir un hipotético ataque nuclear contra la base hispano-norteamericana de Torrejón, en Madrid.

El informe sobre las consecuencias tácticas del empleo de armas atómicas incluye información sobre directrices de la OTAN, calcula pérdidas humanas y de material, escenarios posibles de uso contra tropas, tácticas de dispersión de las mismas y apartados controvertidos, como que “no se aplicarán las medidas de protección contra el peligro atómico adversario más que en tanto no impidan el cumplimiento de la misión”.

Máximo secreto militar

Otro ejemplo sería el documento del Alto Estado Mayor “Sección de enlace”, calificado como “Máximo Secreto”, en el que se informa sobre un proyecto bautizado como “Colossus I”. Este consiste en un nuevo sistema de detección de submarinos en el estrecho de Gibraltar en los prolegómenos de un acuerdo entre España y Estados Unidos para su instalación. En el documento aparecen las zonas exactas donde podrían instalarse los cables submarinos con los que contaría este proyecto. El sistema se regiría por las mismas normas sobre mando de las bases conjuntas hispano-norteamericanas.

Los documentos secretos abarcan desde la Guerra Civil a la muerte de Franco, en 1975. En 1970, el embajador estadounidense en España, Robert C. Hill, escribía un informe secreto al presidente Nixon en el que aconsejaba estrechar los lazos entre los dos países “tanto en lo económico como en lo político y en lo militar, sin retroceder a los días de la Guerra Civil Española, con todos los perjuicios que se originaron en aquella época”. De algún modo, Franco contó con una copia de esta carta, cuyo ejemplar traducido se encuentra entre los papeles del dictador. Entre la documentación secreta se encuentra una publicación reservada llamada “Resumen Extractado de Información Reservada”, de la Comisaría General de Información del Ministerio de la Gobernación. En plena Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, se alerta de “la presencia en nuestra frontera de 120 cañones alemanes de gran calibre” o también de la “persecución y detención de pistoleros rojos españoles” en Portugal, país regido por el régimen dictatorial de Salazar, según la frase literal que aparece en el informe. Las informaciones clasificadas como secretas de la Comisaría General de Información tratan, por ejemplo, del estraperlo, la “situación social” analizada provincia por provincia o el espionaje inglés en el Campo de Gibraltar. También, en sentido contrario, información pormenorizada de la llegada de buques norteamericanos e ingleses a la Roca, con supervivientes de barcos hundidos en esos momentos, en que se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial. Esta era la información reservada con la que contaba Franco. Entre ella, este servicio de información del Gobierno le daba cuenta en documentos secretos de operaciones empresariales. Un ejemplo llamativo es cuando adelanta al dictador que se va a producir una operación de bolsa de la empresa Saltos del Sil para modificar artificialmente el precio de sus acciones en el parqué. Franco contaba con este tipo de informaciones y, curiosamente, entre los documentos aflora años después que él y su esposa, Carmen Polo, tenían acciones de esta empresa. Para rizar el rizo, si entre los tópicos de la dictadura están las inauguraciones de pantanos, en las que se prodigaba Franco, este también asistió a las de esta empresa en la misma época en la que se tiene noticia de que era también accionista, como por ejemplo el embalse de San Esteban, en su momento la central hidroeléctrica más potente de Europa.

Franco y la Guerra

Los historiadores se quejan insistentemente de que sucesivos Gobiernos no permitan el acceso a la documentación militar relacionada con la Guerra Civil, para culminar su estudio, ya que las publicaciones de los historiadores carecen de esta importante fuente de información. Un ejemplo podría ser el informe secreto redactado por el general jefe del Ejército de Levante al “Excmo. Señor Generalísimo de los Ejércitos Nacionales”, Francisco Franco, el 17 de marzo de 1939, a pocos días de terminar la guerra, sobre maniobras de ataque de sus tropas, que habían sido corregidas por el propio Franco.

El Estado no ha facilitado ni siquiera este acceso. En la Fundación Francisco Franco se encuentran depositados, sin embargo, parte de estos documentos. Estos fondos son accesibles al público e investigadores hasta el momento, y lo seguirán siendo si sus responsables no toman las medidas de protección que les ha trasladado el Gobierno.

Otro documento secreto es un informe enviado al ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Castiella. En los años de mayor influencia del Opus Dei en España, también en la vida política, el embajador español de España ante la Santa Sede da cuenta de una entrevista con el fundador de la Obra, Monseñor Escrivá de Balaguer. En ella resume “el esquema de su pensamiento”. Curiosamente, la primera idea que se refleja en el informe sobre la posición de Escrivá es: “No quiero saber nada de política”.

Tras décadas en las que se mantuvo esta situación en los fondos de la Fundación Francisco Franco, una copia de este archivo fue cedido al Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. Al principio se podían consultar allí estas copias sin restricciones, pero poco a poco se introdujeron inconvenientes que pasaron de una revisión de sus responsables a los documentos a los que los investigadores habían accedido previamente para autorizar o no su reproducción, hasta llegar al sistema actual, en el que la restricción es total. En la actualidad, los investigadores no pueden acceder a las copias, sino que tienen que pedir la reproducción de las que atisben que pueden ser interesantes según un índice con una descripción muy escueta de los documentos. 

Documentos enigmáticos

Estos documentos son revisados (a veces lo han sido por el Centro Nacional de Inteligencia) y no son entregados si son secretos. Esta revista, por ejemplo, no ha podido acceder por este motivo en este archivo a un documento sobre los etarras que realizaron el atentado contra el presidente del Gobierno Carrero Blanco. Hay otros documentos con contenido enigmático que se deniegan en la actualidad, como uno referido a un misterioso trueque de pesqueros por una partida de café brasileño, o investigaciones realizadas por los norteamericanos sobre restos de satélites rusos que cayeron sobre suelo español. Tampoco es posible acceder a documentos sobre la “penosa” situación económica que atravesaba el infante Don Jaime en 1959 o a otro documento que contiene varios asuntos, entre los que se encuentra uno relacionado con fondos que podría guardar el socialista Indalecio Prieto tras la Guerra Civil. La situación ha dado el salto al escenario político a raíz de una iniciativa parlamentaria del líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, sobre los documentos secretos que tienen los herederos del dictador, sobre los que puso ejemplos. Tras analizar los documentos, los técnicos del Centro Documental de la Memoria Histórica, de la Secretaría de Estado de Cultura, remitió a la Fundación Francisco Franco un escrito para que retire del acceso público esta documentación. Además, el Gobierno requiere a la fundación que realice un informe que lleve a “la protección de la información de los documentos mencionados y contra la eventual divulgación de su contenido”.

Ley de secretos

Garzón ha promovido que el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presente una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a que la documentación no estrictamente personal de Francisco Franco que se encuentra en la fundación que lleva su nombre sea trasladada a los archivos públicos. También pide que se cierre cautelarmente el acceso al archivo de esta fundación hasta que no se recuperen los documentos secretos. Hay que recordar que estos fondos se encontraron durante lustros solo en la Fundación Francisco Franco a pesar de las iniciativas que reclamaban que la documentación no podía considerarse privada y, por lo tanto, debía ser custodiada en archivos públicos. Finalmente se llegó a una solución intermedia, por la que la fundación cedió una copia (no los originales) en malas condiciones al Estado a cambio de una subvención. El acuerdo fue en 2001 y las copias no fueron depositados en el archivo de Salamanca para su consulta pública hasta 2009. Estas copias están siendo digitalizadas, y conforme se ha hecho evidente que contienen documentos secretos, se ha censurado su acceso. Por si fuera poco, faltan más de cien documentos que constaban en el índice del archivo.

En la actualidad, el Ministerio de Cultura informa a los investigadores que quieran tener acceso a estos fondos que parte de la documentación está sujeta a la ley de secretos oficiales de 1968, y que por esa razón debe ser revisada previamente. Esta ley es la causa por la que en España no se pueda acceder a documentos declarados secretos al cabo de un plazo determinado de tiempo, a diferencia de lo que sucede en otros países, como Estados Unidos, donde son accesibles de forma automática pasados 25 años.

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