Golpe al corazón del referéndum

28 / 09 / 2017 Antonio Fernández
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Cómo la Justicia desmonta el referéndum ilegal del 1-O.

Govern. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la declaración que realizó tras la acción de la Guardia Civil. FOTO: ANDREU DALMAU/EFE

El miércoles día 20 de septiembre, mientras el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, llegaba a una radio para realizar una entrevista, la sede de su Consejería era visitada por un destacamento de la Guardia Civil que acompañaba al secretario judicial para buscar en las dependencias oficiales documentos e información sobre la organización del referéndum independentista previsto para el 1 de octubre. Cinco años antes, tal día como aquél, el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, llegaba al Palacio de la Moncloa para entrevistarse con Mariano Rajoy. Llevaba en su cartera una propuesta de pacto fiscal para Cataluña que no pudo ni sacar. Rajoy no se lo permitió ni quiso discutir nada sobre el asunto. Aquella acción fue el detonante para que se iniciase un viaje de no retorno que acabó ahora con la intervención de facto del Gobierno autonómico.

La irrupción en cinco consejerías (Economía, Exteriores, Trabajo, Gobernación y Presidencia), así como en oficinas tan señaladas como el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) o el Instituto de Estudios del Autogobierno (que dirige el exmagistrado Carles Viver Pi-Sunyer) ha significado un importante golpe al independentismo. En la operación fueron detenidas 16 personas, algunas de especial relevancia. Había cargos públicos importantes, como Josep Maria Jové, secretario general de la Vicepresidencia, es decir, el segundo de Oriol Junqueras. Pero no menos importante es Lluís Salvadó, secretario de Hacienda (y secretario general adjunto de ERC). A Salvadó le seguían la pista desde hace meses. “Tenemos grabaciones de él vanagloriándose de que podía conseguir inmediatamente 30.000 millones de euros en el extranjero para financiar una independencia por las bravas. También decía que tenía acceso a fondos de inversión internacionales para obtener dinero, y que ya tenía a punto las estructuras informáticas para hacerse con la gestión de todos los impuestos de Cataluña, incluidos los del Estado, aunque le faltaba aún personal. Y, por si fuera poco, sacaba pecho vanagloriándose de que ERC controlaba las dos o tres consejerías estratégicas para la desconexión, por lo que tenía ya más poder, de facto, que Convergència”, señalan a TIEMPO fuentes cercanas a la investigación.

Entre los detenidos se encontraba también Eduard Vila, director de la Hacienda catalana, y Francesc Sutrias, director general de Patrimonio. Pero no menos importante es la de Josuè Sallent, director de estrategia e innovación del CTTI, el hombre al que Oriol Junqueras había encargado la creación de la estructura de Estado de ciberseguridad, es decir, el hombre que debería crear todas las bases informáticas del nuevo Estado catalán y que, al mismo tiempo, debía sentar las bases de unos servicios de inteligencia estrictamente catalanes. También es importante la detención de Josep Masoliver, director de sistemas de la Fundación PuntCAT, que gestiona los dominios de internet estrictamente catalanes. Los directivos de esta fundación se reunieron con el presidente catalán, Carles Puigdemont, el pasado 30 de agosto para visualizar el apoyo de la Fundación al procés. El organismo fue decapitado hace pocos meses y su director destituido fulminantemente por no ser encendidos patriotas de la causa independentista. Ahora, tenía la misión de controlar el dominio .ct “en caso de producirse un resultado afirmativo el próximo 1 de octubre”, puesto que “ese dominio será uno de los elementos esenciales de la identidad digital de Cataluña en la internet del futuro”.

Desarticulada la logística

El resto de los detenidos era de menor importancia, pero entre ellos figuraban cargos de la Administración y dos responsables de una empresa de Bigues i Riells, en la que se cazaron la mayoría de las papeletas del censo convocando a los miembros de las mesas electorales. Un golpe logístico de vital importancia.

“Podemos decir que hemos desarticulado toda la estructura logística del referéndum. Hemos tumbado todas las esperanzas que alentaban al más mínimo amago de referéndum. El día 1 de octubre podrá haber cuatro cajas y fotos con colas en algunos lugares, pero no habrá referéndum. No hay logística para materializarlo. Será una jornada con carácter reivindicativo, tal y como preconiza la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, apoyada por Podemos”, explican a Tiempo fuentes cercanas a la investigación.

Nada más producirse los registros en las consejerías, Puigdemont reunió de urgencia a su Gobierno y leyó luego una declaración institucional en la que afirmaba que la operación judicial fue una “agresión coordinada por las fuerzas policiales del Ministerio del Interior del Gobierno español para impedir al conjunto de los catalanes que se puedan expresar en libertad y en paz el 1 de octubre”. Subrayaba que “se perpetró esta agresión vulnerando el Estado de Derecho y todas las garantías constitucionales y violentando la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE” y que, de facto, “el Estado español ha suspendido el autogobierno de Cataluña y ha aplicado un estado de excepción. Las libertades están siendo suspendidas y reprimidas”. Puigdemont terminaba diciendo que el Gobierno español “ha sobrepasado la línea roja que lo separaba de los regímenes autoritarios y represivos” y que el 1 de octubre llevará a cabo el referéndum.

Desde el otro lado de la barrera, las cosas se ven de diferente manera. “Se ha constatado que ya no hay marcha atrás. Se ha visualizado que no existe apoyo internacional, a excepción hecha de un partido nazi flamenco. Y, sobre todo, se ha dejado bien claro que, a estas alturas, no hay censo ni papeletas, ni notificaciones censales ni citaciones para ser miembros de mesas”. Precisamente uno de los canales de investigación abiertos es el del censo: ¿Con qué listado serían citados los catalanes? Según fuentes independentistas, “la base es el censo que se hizo servir en las elecciones autonómicas de septiembre del 2015”. Sin embargo, ese censo habría de actualizarse a día de hoy.

Y ahí está el dilema: ¿Cómo se puede haber actualizado? ¿Con la base de datos de Salud? ¿Con otras bases de datos en manos de la Generalitat? Las fuentes consultadas por este semanario lo ignoran. Y subrayan una visita que Carles Puigdemont realizó el pasado lunes al CTTI, donde, al parecer, habló del asunto con el director del mismo, Jordi Puigneró. Pero nadie parece conocer el método de actualización del censo para incluir a los que han cumplido 18 años desde el 27 de septiembre del 2015 y eliminar a los fallecidos. A pesar de todo, si ese censo sale a al luz, sus promotores podrían tener serios problemas con la Agencia de Protección de Datos, puesto que al ser declarado ilegal el referéndum por el Constitucional, así como cualquier actividad para convocarlo, la mera elaboración de un censo se convertiría en un delito de desobediencia, además de un delito de revelación de datos.

Aprendices de Kale Borroka

Vigilanciaa los radicales

La sede de la CUP fue uno de los locales registrados en la operación judicial del pasado 20 de septiembre. De hecho, algunos de sus activistas ya habían venido siendo seguidos y observados con lupa desde hace meses por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Así, se detectaron reuniones con antiguos elementos abertzales que habían estado ligados a ETA y con grupos radicales anarquistas ubicados en Madrid y País Vasco. Una especial relevancia adquieren las reuniones de las juventudes de la CUP, Arran, (los mismos que este verano desplegaron las campañas antiturismo de Cataluña y Baleares), que asistieron a numerosos cursillos, impartidos por veteranos militantes especializados en kale borroka, realizados en Madrid, Bilbao y Barcelona. Y todo ello bajo la atenta mirada de algunos de sus mayores, puntales de la propia CUP. “La estrategia es muy clara: si pones a menores al frente de determinados actos, no tendrán responsabilidades penales si son detenidos. Se creen que así lo tienen todo atado y bien atado”, explica a TIEMPO una fuente que trabaja en los seguimientos de estos pequeños comandos. 

El procés, en la calle

Crece la tensión

La tensión en las calles de Barcelona ha crecido en los últimos días. Por un lado, la presencia de numerosos efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil provocó que algunos colectivos radicales se concentrasen ante las dependencias donde se alojaban para manifestarse con las consignas de “Fuera las fuerzas de ocupación”, “Votaremos” e “Independencia”. Pero también los reproches se han dirigido hacia los propios Mossos d’Esquadra, en cuyas manos está garantizar el orden público de Cataluña y que defendieron a los agentes de los otros Cuerpos que eran increpados mientras realizaban registros. Algunos círculos radicales de los propios Mossos alentaban a denunciar a los agentes autonómicos unionistas y a realizar listas negras para poder “escupirles a la cara por traidores”. Los argumentos de los radicales son que los Mossos han de obedecer al Parlamento catalán y al Gobierno de Cataluña y no hacer caso a las órdenes emanadas de un fiscal o de cualquier juez, porque la justicia que existe es española. 

Juez Ramírez: de héroe a traidor

Aunque Puigdemont apunte al Gobierno como instigador de las detenciones, todo se debe a la tozudez de un magistrado.

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Protestas ante la sede de la Consellería de Hacienda. Foto: Lluis Gené/AFP

Juan Antonio Ramírez, titular del juzgado número 13 de Barcelona, recibía en abril del año pasado una condecoración de los Mossos d’Esquadra por su labor como magistrado. Año y medio más tarde, se ha convertido en la bestia negra del independentismo. Porque el independentismo lo mismo crea de la nada héroes exultantes que traidores de la más baja calaña.

Pero es que de entonces hasta ahora han pasado muchas cosas. Ramírez recibió en febrero pasado una querella de Vox contra el exjuez y exsenador de ERC Santi Vidal (luego, se amplió contra Lluís Salvadó, secretario de Hacienda del Gobierno catalán, y Carles Viver Pi-Sunyer, el arquitecto de las leyes de desconexión). ¿El motivo? Vidal recorría Cataluña alardeando de que la Generalitat tenía de manera ilegal todos los datos fiscales de los catalanes, de que había conversaciones con fondos extranjeros para financiar una ruptura con España, de que se había hablado con gobiernos extranjeros para que reconociesen la independencia y de que había muchas cosas que no se podían contar de lo que estaba haciendo el Gobierno catalán porque serían delito. Esos alardes provocaron estos lodos: En mayo, Ramírez comenzó a citar a funcionarios y cargos de la Generalitat para conocer si se estaba organizando con fondos públicos la organización del referéndum. El primer gran golpe llegó con la imputación por sedición de Joaquim Nin, secretario general de Presidencia, por haber abierto la web del Pacto Nacional por el Referèndum, un organismo impulsado por el Gobierno catalán pero que no participó en la organización de la consulta. Por su despacho han pasado ya varias decenas de funcionarios y altos cargos, entre ellos Roc Fernández, responsable de redes sociales de la Generalitat, o Jaume Clotet, director general de Comunicación, al que en medio de su declaración se le comunicó que pasaba a ser investigado.

Tras el paréntesis del verano, el juez ha vuelto a la carga, sólo que en vez de citaciones para ir a declarar, ha dado un salto cualitativo y ha ordenado registros en dependencias oficiales. Al principio la cúpula de la Generalitat casi se lo tomó a risa. Ahora apuntan a una operación del Gobierno, cuando la verdadera causa del desaguisado está mucho más cercana y es más prosaica: la tozudez de un magistrado al que no arredran las amenazas y que tiene la piel curtida de tanto lidiar con elementos peligrosos.

Curtido desde hace lustros

Ramírez, que recientemente pidió alargar su vida laboral hasta los 72 años, es un viejo conocido de los círculos radicales y alternativos. Fue promovido a magistrado el 17 de mayo de 1994, cuando oficiaba como juez de primera instancia e instrucción número 3 de Sant Boi e inmediatamente antes de ser destinado al juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Terrassa. En 1997, fue trasladado a Badalona y el 24 de octubre del 2000 se le nombró decano de los juzgados de esa localidad, donde ejercía como titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 5. En el año 2003 saltó al juzgado de instrucción número 13 de Barcelona.

Fue entonces cuando se convirtió en el azote de los radicales. El 4 de octubre de 2004, unos desconocidos arrojaron varios cócteles molotov contra la comisaría de Sants, en Barcelona. Tres jóvenes fueron detenidos por ello. Dos de ellos ingresaron en prisión por orden del magistrado, que adujo precariedad laboral y desarraigo social para justificar el riesgo de fuga. Un detallado informe de los movimientos alternativos de Barcelona acusa a la Brigada de Información de la Policía de presionar al juez para enviarlos a la cárcel y a éste de ignorar torturas. Los detenidos fueron luego absueltos e indemnizados por el tiempo pasado en prisión.

En junio de 2005, un año más tarde, tras una manifestación en Barcelona en solidaridad con unos anarquistas italianos detenidos las semanas anteriores, se detuvo por desordenes a siete personas. De ellos, sólo el italiano Alberto Bettini continuó en prisión, mientras a los demás se les abría procedimiento de expulsión. El boletín alternativo ‘Contra-Info’ recogía la orden de prisión a mediados de julio y señalaba que el juez Ramírez era conocido “por su estrecha vinculación con la Brigada de Información de Barcelona”. Ese mismo boletín informaba de las acciones para liberarlos: un ataque con “bombas de pintura roja” contra la sede del distrito de Les Corts y contra “un concesionario de la empresa italiana Fiat situado en Sants”.

Un casteller inocente

Más recientemente, el 28 de mayo del 2015, Sergi Rubio, un casteller de Sants, se sumó a una cacerolada en protesta por el intento del Ayuntamiento de Barcelona de derribar Can Vies, un centro okupado de aquel barrio. Auxiliar de enfermería, había fundado la Peña Barcelonista de los Castellers de Barcelona y era la primera manifestación de Can Vies a la que asistía. Le acusaron de quemar un contenedor y el juez Ramírez decretó su ingreso en prisión sin fianza. Fue el único de los 84 detenidos que pisó la cárcel. Claro que fue el único que pasó al juez Ramírez. Todos los demás, bajo la tutela de otros magistrados, salieron en libertad. Sergi estuvo entre rejas 23 días, hasta que fue liberado por falta de pruebas en su contra.

En verano de ese mismo año, el magistrado abrió diligencias contra el entonces director general de los Mossos, Albert Batlle, por una presunta omisión de perseguir delitos. Consideraba que en la final de la Copa del Rey los silbidos al himno nacional podían considerarse injurias al Rey y ultraje a los símbolos de España.

Ramírez es también el juez que imputó al exdirector del Cesicat (el núcleo de lo que se intentó que fuesen los servicios de inteligencia de la Generalitat, o sea, el CNI catalán), Carles Flamerich, y a un trabajador de este organismo, Xavier Panadero, por intervenir supuestamente correos electrónicos de forma ilegal. En este caso, la Audiencia de Barcelona le dio  a este juez varios tirones de orejas: tras la denuncia de Albert Gabàs, un extrabajador del Cesicat, intentó archivar la causa en 2013 y 2014. En uno de los autos llegó a justificar el desvío de correos dentro de la Generalitat dando por bueno un informe de los Mossos de un solo párrafo que decía que no había delito alguno en la interceptación de correos. Cuando la Audiencia le obligó a investigar el tema, reabrió el caso e intentó archivarlo un mes más tarde. En diciembre del 2015, la Audiencia le obligó a tomar declaración a los consejeros Felip Puig y Ramon Espadaler. Los correos enviados por Gabàs a éstos acabaron en el buzón de los directivos del Cesicat. El 31 de octubre de 2106, la Audiencia le llamó de nuevo la atención para que tomase declaración al exdirector del Cesicat, Tomàs Roy, al exgerente, Josep Verdura, y al mosso Rubén Mora, enlace entre la Policía y ese organismo, antes de citar apertura de juicio oral.

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