El último privilegio de la iglesia

13 / 07 / 2017 Javier Otero
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El episcopado teme que la polémica sobre la exención que disfruta en el impuesto de obras presione hacia la revisión de los acuerdos con la Santa Sede.

Obras: Trabajos de rehabilitación del Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago. Foto: Lavandeira/EFE

La polémica sobre si la Iglesia católica debe pagar tributos como el impuesto sobre construcciones y obras (ICIO) se suma a las anteriores sobre el impuesto de bienes inmuebles (IBI). Ahora, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que la exención del primero podría ser contraria al derecho comunitario. Sin embargo, el auténtico problema del cuestionamiento del pago del ICIO no es tanto el coste real que podría tener para las arcas de la Iglesia católica en España (incluyendo congregaciones religiosas, colegios, hospitales...) como el hecho de que, de seguir adelante, tendría que desembocar en una modificación de los acuerdos del Estado con la Santa Sede.

Los citados acuerdos incluyen uno relacionado con los asuntos económicos. Las peticiones para la modificación o anulación de estos acuerdos son recurrentes a lo largo del tiempo por parte de algunos partidos políticos y han sido desechadas por los diferentes Gobiernos, incluido el socialista. Ahora, el nuevo secretario de Justicia y Libertades del PSOE, Andrés Perelló, se ha declarado partidario de denunciar los acuerdos con la Santa Sede, que considera “obsoletos”. El cuestionamiento de la exención del impuesto sobre construcciones de que disfruta la Iglesia podría abrir un melón que la jerarquía eclesiástica intenta evitar.

En el episcopado no ha sentado bien la apertura de este nuevo frente. Los obispos habían tenido que responder antes a los que criticaban las exenciones que disfrutan sobre el IBI. El ICIO era hasta el momento un asunto marginal en comparación con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Sin embargo, una obra en un salón de actos en un colegio de los Escolapios en Getafe (Madrid) ha provocado que tenga que lidiar de nuevo con los que argumentan que la Iglesia católica disfruta de privilegios económicos.

Esta situación llevó al episcopado a recomendar a los Escolapios que zanjaran el asunto pagando el impuesto y abandonando la petición de exención del mismo, del que disfrutan las obras realizadas por la Iglesia. Efectivamente, así lo hicieron y pagaron los 23.730 euros de ICIO sobre los que se basaba la controversia. Sin embargo, el juez español que llevaba el litigio sobre si tenían que pagar el impuesto, siguió adelante y presentó una cuestión prejudicial al Tribunal de la Unión Europea.  Lo hizo a pesar de que no existía caso desde el momento en que la orden religiosa pagó el impuesto. Sin embargo, se acogió a una figura jurídica, lo que se llama “en interés de ley”, para llevar el asunto a Europa.

El episcopado calcula que el impacto económico de una hipotética pérdida de la exención del ICIO sería reducido desde un punto de vista global, aunque si se estudia obra por obra, el montante económico puede ser importante, como por ejemplo los más de 20.000 euros que pagaron los Escolapios de Getafe. En lo referido a las obras que realizan las diócesis y parroquias, los números que maneja la Conferencia Episcopal señalan que se gastan anualmente 55 millones de euros en construcciones y 25 millones en obras de rehabilitación. Es difícil estimar las obras que realizan el resto de entidades de la Iglesia católica en España, como podrían ser los colegios, hospitales o residencias de congregaciones religiosas. En el episcopado manejan un cálculo estimado de unos 50 millones de euros anuales. Sumadas todas estas cifras, consideran que se trataría de unos 140 millones de euros al año sobre los que tendrían que tributar por el ICIO. 

Estimaciones económicas

La cantidad en juego sería por lo tanto, (si se tiene en cuenta que este impuesto tiene un tipo máximo del 4%) de unos seis millones de euros al año. Se trataría de una cantidad relativamente pequeña que ha provocado un fuerte dolor de cabeza a los obispos. Sin embargo, hay que subrayar que se trata de estimaciones. En lo que se refiere a las obras que pueden realizar las entidades religiosas que no son las diócesis y parroquias, las cifras podrían ser otras. Hay que tener en cuenta que una sola obra, como es el caso de la de Getafe, que ha llegado a la Unión Europea, podría rondar el millón de euros. En España hay un total de 2.593 centros educativos católicos, 15 universidades, unos 9.000 centros sociales y asistenciales, entre los que se encuentran  65 hospitales, 56 ambulatorios y 773 casas para ancianos, enfermos crónicos y personas con discapacidad. En el episcopado admiten que el coste individual para cada uno de estos centros sí es importante. Así lo señaló en un primer momento Escuelas Católicas, la asociación que reúne a estos centros educativos, aunque posteriormente se remite a un estudio en profundidad de la sentencia antes de transmitir su postura definitiva. Esta entidad señaló que el fin de la exención sobre el ICIO supondría una “dificultad añadida” para realizar las necesarias reformas en sus instalaciones.

Otro ejemplo podría encontrarse en obras tan importantes como las de rehabilitación de catedrales como la de Santiago. Solo la restauración del famoso Pórtico de la Gloria tendrá un coste de 1,7 millones de euros. La diócesis de Cádiz ha llegado a gastar 4,2 millones de euros en un ejercicio en conservación de edificios, la archidiócesis de Sevilla ha gastado algunos años casi cinco millones de euros; la de Toledo, se dejó 2,2 millones en un año para la construcción de nuevos templos, la de Madrid gastó 5,9 millones en conservación de edificios y 3,2 millones en inversión en nuevos templos, según los últimos datos económicos conocidos, con lo que pagar el tipo máximo del ICIO podría suponer un gasto adicional de 360.000 euros anuales . La construcción de un nuevo templo, según quienes conocen estas inversiones, suele significar un  gasto de entre uno y tres millones de euros, con lo que pagar el ICIO de los más caros al tipo más alto (4%) supondría 120.000 euros adicionales. Para el 53% de las diócesis, los gastos en conservación de edificios y funcionamiento han supuesto más de un tercio de sus gastos ordinarios. La diócesis de Málaga ha llegado a tener que afrontar 6,5 millones de euros anuales en esta partida, lo que supone el 37% de su presupuesto. 

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El vicesecretario para asuntos económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Giménez Barriocanal (con corbata). Foto: Javier Etxezarreta/EFE

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Trabajos de rehabilitación del Pórtico de  la Gloria de la catedral de Santiago. Foto: Lavandeira/EFE

Ayudas estatales

La intervención del Tribunal Europeo de Justicia se ha producido en tanto que la exención de este impuesto podría ser considerada una ayuda estatal, que alterara la competencia en su sector. La sentencia tiene, no obstante, unos efectos limitados al hecho de que para que se consideraran ayudas públicas, estas (y por lo tanto la exención del ICIO) tendría que alcanzar los 200.000 euros en tres años. Por lo tanto, el problema de fondo no es que no se pudiera disfrutar de la exención debido a que colisionara con las normas europeas, sino que la polémica provocara el replanteamiento de los acuerdos económicos entre España y la Santa Sede. Los efectos de la sentencia de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea está siendo estudiado con detenimiento en la Conferencia Episcopal por un grupo técnico de cuatro personas (tres de ellos expertos en fiscalidad) y ha sido estudiado también por la Nunciatura Apostólica de Su Santidad en España.

Un precedente de esta situación se encuentra en el momento en el que la Iglesia ya no pudo disfrutar de la exención del IVA. También tuvo que ver con Europa, aunque el motivo no fue el mismo. La Unión Europea, según los Tratados, es la única que puede establecer las exenciones a este impuesto, y entre ellos no se encontraba la que disfrutaba la Iglesia católica en España. Las obligaciones con Europa hacían ineludible el fin de la exención del IVA. El asunto se resolvió finalmente en el marco de la reforma del sistema de financiación de Iglesia que acordaron los obispos españoles con el Gobierno, entonces presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. Este acuerdo terminó con la garantía que tenía la Iglesia de recibir unos fondos mínimos, independientemente del resultado de la campaña de la asignación tributaria destinada a sus fines en el IRPF. Esto se tradujo en la mejora del porcentaje de este impuesto que va a parar a manos de la Iglesia, que pasó del 0,5% al 0,7%. La partes acordaron que en esta mejora estaba incluida una compensación por el fin de la exención del IVA. Los expertos del episcopado calculan que el impacto del fin de esta exención pudo alcanzar los 30 millones de euros anuales.

La exención del IVA tuvo una trayectoria diferente a la del ICIO. Este último impuesto sufrió sucesivas adaptaciones legales que sirven para entender hasta qué punto está blindado por los acuerdos con la Santa Sede. Este impuesto no existía cuando se firmaron los acuerdos en 1979. El ICIO se introdujo en la Ley de Haciendas Locales de 1988. Curiosamente, la Iglesia católica (y los colegios, hospitales, etcétera de su órbita) pagaban el que era el antecedente de este impuesto. Se trataba de una tasa de licencia de obras. Como la Iglesia no estaba exenta de tasas, tenía que pagar esta. Sin embargo, cuando se pasó de tasa a impuesto (un cambio que se realizó por razones jurídicas y que además conllevó que había que pagar más) empezaron los problemas respecto a la aplicación a la Iglesia. En los acuerdos con la Santa Sede, España se comprometió a la “exención total y permanente de los impuestos reales o de producto, sobre la renta y sobre el patrimonio”. Un dictamen del Consejo de Estado estableció que este impuesto sobre construcciones y obras formaba parte los impuestos “reales o de producto”. 

En el año 2008, el eurodiputado de Izquierda Unida Willy Meyer preguntó en el Parlamento Europeo por esta exención. En 2009, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprueba una orden ministerial en la que reduce el alcance de la exención que se había establecido previamente. Una congregación religiosa llevó entonces este recorte ante el Tribunal Supremo y ganaron el pleito. A pesar de ello, la Conferencia Episcopal, recomendó acogerse a la exención solo en el caso de que no hubiera ninguna duda y, por lo tanto, no hacer un uso excesivo del mismo. El episcopado no puede obligar a órdenes religiosas ni centros educativos y ni siquiera a los obispos, sino solo comunicar este tipo de recomendaciones. 

Tribunal Supremo

Pero lo más relevante de la sentencia del Tribunal Supremo es que esta dirige un rapapolvo al Gobierno por intentar modificar los acuerdos con la Santa Sede. Estos acuerdos son un tratado internacional que no se pueden modificar unilateralmente, y menos con una orden ministerial.

Ahora, la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea señala que podrían existir ayudas de Estado en la exención de este impuesto. Sin embargo, las premisas que tiene que comprobar ahora el juez español que ha consultado con Europa esta cuestión prejudicial acotan mucho esta posibilidad. En el caso de la obra de los Escolapios de Getafe, tendrá que decidir si se trata de un salón de actos donde se realicen actividades económicas. Europa no considera actividad económica afectada por las limitaciones a las ayudas de Estado aquella que se realice por los colegios concertados, en el marco de un sistema educativo público. En segundo lugar, el juez español tendrá que estudiar si la obra recibirá ayudas de más de 200.000 euros en tres años. Para rizar el rizo, si el uso del salón de actos es mixto, es decir, que se realicen actividades relacionada con la enseñanza concertada o con actividades pastorales y, además, actividades económicas como pueden ser las actividades extraescolares o las relacionadas con la enseñanza no obligatoria (por ejemplo el Bachillerato), es difícil establecer en qué porcentaje se dedica a cada una de ellas. El abogado general de la Unión Europea presente en la causa prejudicial señaló que, si fuera así, habría que aplicar un porcentaje por debajo del cual las actividades económicas no serían tenidas en cuenta para que se vigilara desde el punto de vista de la concesión de ayudas estatales.

En todo caso, los obispos están dispuestos a adoptar la decisión que tome el Gobierno respecto al impuesto. Sin embargo, si el asunto se calentara hasta el punto de que el Ejecutivo tuviera la tentación de terminar con esta exención, tendría que pasar por la modificación de los acuerdos, como ha establecido el Tribunal Supremo español. Ahí podría ocurrir que ambas partes llegaran a un cambio a través de fórmulas diplomáticas como el llamado intercambio de notas, con el que ambas partes rubrican los cambios o adaptaciones a nuevas circunstancias. Así ocurrió con la eliminación de la exención del IVA y el acuerdo para la reforma del sistema de financiación de la Iglesia católica a través del IRPF. Y en este punto sería necesaria, de nuevo, la intervención de la Santa Sede a través de la Nunciatura de Su Santidad en España.

Los obispos se encuentran especialmente incómodos con este asunto y con la insistencia de quienes afirman que la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles es un privilegio. El episcopado señala que disfruta de esta exención de la misma manera que otras entidades acogidas a la ley de mecenazgo, por lo que no se trataría de una exención que disfrute en exclusiva.

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Acuerdo. El cardenal Cañizares (izquierda) y la vicepresidenta del Gobierno con Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega, negociaron la última reforma. Foto: A. Nusca/EFE

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