El futuro judicial de los líderes del procés

03 / 11 / 2017 Antonio Rodríguez
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Los 20 imputados por el desafío independentista en Cataluña afrontan un futuro judicial incierto pese a la gravedad de los delitos atribuidos por la Fiscalía.

Carles Puigdemont en la rueda de prensa en Bruselas de esta semana. Foto: Olivier Matthys/AFP

Rebelión, sedición y fianza de 6,2 millones de euros por presunta malversación de caudales públicos. Al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, solo le faltó dar un puñetazo en la mesa. La querella contra 20 figuras del catalanismo independentista es la más grave presentada en España desde el golpe de Estado del 23-F y está dirigida contra aquellos que han producido “una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia” del pasado 27 de octubre, realizada “con total desprecio a nuestra Constitución”. Una de las novedades de este caso es que el Ministerio Público ha enviado sendas querellas a la Audiencia Nacional y al Supremo. Aunque el grueso de los escritos se centra en los acontecimientos de las últimas semanas, al final abarca todo el procés, desde la declaración independentista del 9 de noviembre de 2015 a la declaración de independencia del 27-O. En la Audiencia se interpuso la querella contra los miembros del Govern de Junts pel Sí (JxS) que ya no gozan de aforamiento: Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Antoni Comín, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Clara Ponsatí, Joaquim Forn, Lluís Puig, Carles Mundó, Santiago Vila y Meritxell Serret. Mientras, la del Supremo se presentó contra los miembros de la Mesa de Parlament que permitieron tramitar la votación de la declaración de independencia el 27-O. Los afectados son Carme Forcadell, Lluís María Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet –todos ellos de JxS–, junto a Joan Josep Nuet, representante de Catalunya Sí que es Pot (CSQP, la rama de Podemos en Cataluña). Pese a estar disuelto el Parlament, forman parte de la Diputación Permanente y mantienen por tanto el aforamiento del que disfrutan los diputados, a excepción de Nuet. Todos ellos fueron llamados a declarar al Supremo esta semana como investigados en compañía de un abogado.

Maza no pidió medidas cautelares contra los 20 querellados, pero se reservó el hacerlo cuando se les cite “en atención a la gravedad de los hechos imputados”. Eso sí, solicitó que se cursen las comparecencias de manera “urgente” debido “a la gravedad de los hechos y de los delitos imputados, así como de las penas previstas, la flagrancia en su comisión, la contumacia en la ilegalidad y el riesgo de reiteración en las conductas antijurídicas”. En caso de incomparecencia, algo que puede ocurrir con Puigdemont y los cinco exconsejeros que viajaron a Bélgica, el fiscal general ya advirtió que reclamaría su “inmediata detención” en ese caso. 

La sentencia del 23-F

Según el escrito del fiscal, el 1 de octubre se quiso llevar a término el referéndum ilegal “desobedeciendo los autos judiciales mediante la presión intimidatoria de la multitud, impidiendo la actuación de las fuerzas del orden público”. A juicio de Maza, la “violencia que requiere el tipo –de rebelión– no exige que se esgriman armas, ni combate, ni violencias graves contra las personas” y se apoya en la sentencia de abril de 1983 contra Tejero y el resto de golpistas del 23-F. “La concurrencia de violencia física puede no ser necesaria cuando el alzamiento por sus características y por el número indeterminado de personas implicadas es de tal dimensión que tiene capacidad intimidatoria suficiente para disuadir de una posible actuación a las fuerzas del orden, sabedoras de que cualquier oposición a los planes rebeldes tornará el alzamiento en violento y belicoso”, argumentó.

Y por si no quedaba claro, el fiscal general subrayó que todos los querellados, “de común acuerdo con otras autoridades, funcionarios públicos y entidades públicas y privadas, unieron sus voluntades para, dentro de su respectivo ámbito de actuación, llevar a cabo el referéndum independentista y con ello la separación de Cataluña de España, promoviendo y utilizando la fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas de la población, llamando a esta a la insurrección”.

Así, los miembros del Govern eran “plenamente conscientes” de que la “muchedumbre” que acudió a votar el 1-O en el referéndum ilegalizado por el Tribunal Constitucional “iba a protagonizar, como así ocurrió, actos de violencia material y física”. La consigna repetida desde el Govern, los grupos parlamentarios independentistas y las entidades soberanistas sobre la “resistencia pacífica”, se indica en la querella, “no era sino un eufemismo de lo que en realidad consistía en una incitación, difundida con publicidad y dirigida a los sectores independentistas de la población, para que se opusieran e hicieran frente a la actuación de los agentes”. 

Los mossos como “fuerza armada”

Tras el relato de los hechos del 1-O, la fiscalía se centró en la declaración de independencia y la asunción en “exclusiva” por parte de Puigdemont del mando de los Mossos d’Esquadra con los cambios en el organigrama que introdujo en las semanas previas a la consulta. Un paso que suponía “implícitamente” la potencial utilización de este cuerpo policial de 17.000 miembros como una “fuerza armada” contra quienes intentaban “hacer efectiva la vigencia de la Constitución española en Cataluña”.

El Ministerio Público echó mano del denominado Consell Assessor per a la Transició Nacional (CANT), un organismo que en 2014 publicó un libro blanco sobre la “Transición Nacional de Cataluña” en el que se advertía la necesidad de organizar “los efectivos de defensa, o, por decirlo claramente, la opción por la creación o no de un Ejército”. En ese libro blanco se incluía la disyuntiva de ampliar las funciones de los Mossos, lo que implicaría una militarización parcial del mismo con la creación de una Guardia Nacional, con funciones de seguridad, de gestión de emergencias o de defensa, coordinada con los demás cuerpos de seguridad. O bien, optar por crear un Ejército que, “dadas las nuevas condiciones, podría ser muy diferente de los existentes hasta finales del siglo XX”.

El propio Puigdemont señaló a finales de agosto en un encuentro con ciudadanos a través de Facebook Live que “los ejércitos y la política de defensa son absolutamente indispensables”, al tiempo que animaba a no tener “complejos” ante unas hipotéticas Fuerzas Armadas. “No hemos de tener complejos, hemos de tener una política de defensa moderna, democrática y homologable a la de las naciones aliadas”, se recuerda en la querella. La fiscalía incluyó también las declaraciones del exconsejero de Interior Joaquim Forn el pasado 11 de octubre, cuando fue preguntado en un medio de comunicación sobre si podría producirse un enfrentamiento entre Mossos y Policía Nacional y Guardia Civil. Forn respondió lo siguiente: “Si hay buena voluntad y se acepta la nueva realidad política, no habrá colisión entre policías”, dando a entender que el choque armado era una posibilidad contemplada por el Govern.

La causa que ha llegado a la Audiencia Nacional ha recaído en Carmen Lamela, que el pasado lunes era la que ostentaba las funciones de juez de guardia. Ahora deberá decidir si incorpora esta querella a la causa en la que investiga los disturbios del 20 y 21 de septiembre en Cataluña por sedición. De lo contrario, se enviará a reparto entre los seis jueces de instrucción de la Audiencia.

Las querellas presentadas por Maza contra los citados 20 responsables catalanes no tienen precedentes en democracia y causan controversia entre los juristas y catedráticos del Derecho Constitucional y Penal. Por sorprendente que parezca,  si un Parlamento autonómico proclama la secesión de su comunidad del territorio español no comete un delito según la legislación vigente, tal y como advirtió TIEMPO en su número 1.810. Ello se debe al llamado “Código Penal de la democracia”, que se aprobó en 1995 tras una dura negociación del PSOE con los nacionalistas del PNV y CiU, y que contó con un amplísimo respaldo parlamentario. El PP puso objeciones en su tramitación pero solo se abstuvo en la votación final.

El delito de traición, por ejemplo, no se puede aplicar al 27-O porque todas sus modalidades, previstas en los artículos 581 y siguientes del Código Penal, descansan exclusivamente en el supuesto de un conflicto bélico entre España y una “potencia enemiga”. Del mismo modo, es discutible el delito de sedición, porque se tipifica en los artículos 544 y siguientes sobre la base de un alzamiento “público y tumultuario”. Por último, el delito de rebelión, el más grave, penado en la Constitución con un máximo de 30 años, implica un alzamiento para alguna de las finalidades señaladas en el artículo 472 pero exige que ese alzamiento, además de público, sea “violento”.

En el anterior Código Penal sí se incluían unos supuestos que encajarían como un guante en la situación actual. Así, la declaración de independencia de parte del territorio nacional se incluía entre los fines del alzamiento rebelde (artículo 214). No se exigía el requisito de violencia porque la esencia del delito consistía en la finalidad independentista de la acción. Además, el artículo 217 castigaba como rebeldes a quienes cometieran “por astucia o por cualquier medio contrario a las leyes” algunos de los delitos contemplados en el 214, caso de la declaración de independencia de una parte del territorio nacional. Y se castigaba con 6 a 12 años de prisión a quienes “atentaren contra la integridad de la nación española o persiguieran la independencia de todo o parte del territorio”. En los cambios introducidos en 1995 tuvo un papel importante Diego López Garrido, por entonces diputado de Izquierda Unida y que ya lideraba una corriente interna que acabó integrándose en el PSOE a los pocos años. 

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Independentistas festejan la declaración del 27 de octubre. Foto: David Ramos/Getty

Exigencia de un “alzamiento violento”

Los nacionalistas del PNV y CiU reclamaron entonces que no se les persiguiese por hacer valer una opción “ideológica” como es la de declararse independiente, según recuerda López Garrido. Por ello, se transaccionó una enmienda suya en la que se exigió el carácter violento para que fuese una rebelión. De ahí que no esté de acuerdo con los argumentos que plantea ahora Maza ya que, en su opinión, la declaración de independencia del 27-O fue “pública pero sin un alzamiento violento”. Tampoco ve el delito de sedición, que es contra el orden público pero que tiene que ejercerse “de forma tumultuaria”. Una condición que, a su juicio, sí se da en el caso de los Jordis con la riada de independentistas que destrozaron vehículos de la Guardia Civil el 20 de septiembre cuando los agentes fueron a hacer registros en varias consejerías catalanas. Por último, considera inoportuno agarrarse a la sentencia del 23-F, un juicio que se siguió bajo los parámetros del Código Penal militar, no el ordinario, y en el que sí que hubo una rebelión “como la copa de un pino”. El propio Maza parece dudar en sus querellas sobre el alcance final de la acusación, ya que sitúa el delito de sedición como subsidiario de la posible rebelión, en caso de que los jueces entiendan que el elemento de violencia no se da en este último caso.

¿Fue violento el vertiginoso 27-O? La Justicia tendrá la última palabra, pero tanto el Govern como el Parlament se cuidaron mucho de minimizar daños con la proclamación de la República Catalana. Para ello echaron mano de una serie de artimañas. Por ejemplo, la votación fue secreta e incluyó abstenciones en las filas de JxS para evitar acusaciones judiciales. La frase fundacional de la nueva Cataluña –“constituimos la República Catalana como Estado independiente y soberano, de Derecho, democrático y social”–, no se votó en realidad, sino que formaba parte de la exposición de motivos que se incluyó en la propuesta de resolución del debate parlamentario. Y esa propuesta, que sí se votó, s0lo instaba al Gobierno catalán a activar la Ley de Transitoriedad, suspendida por el Tribunal Constitucional en septiembre. 

Temor a una acusación penal

Esta fórmula tan enrevesada por parte de los promotores de la independencia solo escondía el temor a una acusación penal. De hecho, para hacer efectiva la nueva república estaba prevista una reunión del Govern en la tarde del 27-O para aprobar los primeros decretos, pero Puigdemont no convocó a su Govern tras ver la jugada de Mariano Rajoy con el artículo 155. Del mismo modo, no se retiró la bandera española de la Generalitat y nadie salió al balcón para fundirse con los seguidores que abarrotaban la plaza Sant Jaume en las primeras horas de la supuesta Cataluña independiente. Al día siguiente, la comparecencia grabada de Puigdemont para TV3 fue sumamente ambigua: evitó grabar el mensaje en la Generalitat para que no le acusasen de usurpación de funciones, no se reivindicó como presidente en activo y pidió “oposición democrática” al artículo 155, una fórmula que parece un llamamiento a la resistencia pero que se puede interpretar en clave electoral de cara al 21-D.

Para Javier Tajadura, catedrático de Derecho Constitucional por la Universidad del País Vasco, sí que hay base para imputar el delito de rebelión a los líderes del procés. “Decir que la Constitución no está en vigor lleva implícito un acto de fuerza. Desde el 6 de septiembre hay una serie de hechos que sí lo sustentan. El 1-O, por ejemplo, organizaron un referéndum por la fuerza y luego ha habido actos que, en todo su conjunto, encajan en lo que es una rebelión en toda regla”, argumenta. Ahora bien, también existe un “criterio de oportunidad” que los jueces pueden valorar a la hora de tomar futuras decisiones y es que un posible ingreso en prisión preventiva de los querellados “alteraría” la campaña electoral del 21-D.

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Con el mazo. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, explica los pormenores de las querellas contra los promotores de la declaración de independencia. Foto: Ballesteros

Conflicto diplomático

Bélgica, refugio del Govern

La posibilidad de que Carles Puigdemont pida asilo político en Bélgica puede causar daños en la coalición de Gobierno belga y tensar las relaciones diplomáticas con España, que ya han sufrido, precisamente, por la presencia en el Ejecutivo de Charles Michel de los nacionalistas flamencos de la N-VA, amigos y aliados del soberanismo catalán. El presidente de Flandes, Geert Bourgeois, ha sido anfitrión de Puigdemont en varias ocasiones. El viaje a Bélgica del ex president se ha conocido solo un día después de que el secretario de Estado de Asilo y Migraciones belga, Theo Francken, abriese la puerta al asilo político: “Se está hablando ya de una pena de cárcel [para Puigdemont]”, justificó este político con fama de provocador, con el trasfondo histórico de la imagen de Bélgica como refugio de etarras en los noventa.

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Charles Michel y Mariano Rajoy en una cumbre

Tras el viaje de Puigdemont

El futuro de los Jordis se complica

En la causa que ya instruye Carmen Lamela figuran como investigados por un delito de sedición, penado de entre 8 a 15 años de cárcel, el exjefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero –cesado el pasado sábado–, la intendente de la Policía catalana Teresa Laplana y los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente. 

Los dos Jordis se encuentran en prisión incondicional desde el 16 de octubre por “promover” los disturbios del 20 de septiembre contra los agentes de la Guardia Civil que entraron en varias Consejerías catalanas en virtud de una orden judicial. Fuentes jurídicas consultadas por TIEMPO coinciden que este caso es el que mejor encaje tiene dentro del delito de sedición debido a los altercados, escraches y amenazas que hubo aquel día contra los guardias civiles en Barcelona.

Los abogados de Sánchez y Cuixart presentaron un nuevo escrito ante la Audiencia Nacional para que se les ponga en libertad mientras dura la instrucción. La fiscalía ya se manifestó en contra de su salida de prisión, asegurando que desde Soto del Real continúan “llamando a la movilización social para conseguir la desconexión forzosa de Cataluña”. Precisamente, el viaje de Puigdemont y varios de sus consejeros cesados a Bélgica y la posibilidad de que soliciten asilo político no ayuda a los Jordis, ya que los jueces valorarán con más atención el riesgo de fuga de ambos si  salen de la cárcel.

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Jordi Cuixart y Jordi Sánchez

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