El arquitecto de la desconexión de Cataluña

Carles Viver Pi-Sunyer es uno de los hombres que más y mejor han impreso su huella en todo el proceso catalán, pero es el gran desconocido para los ciudadanos. De hecho, este jurista que cumplió 68 años el pasado 1 de septiembre es el arquitecto de la independencia, el cerebro que ha pergeñado la mayoría de las normas legales catalanas en la última década, desde el Estatuto de 2006 hasta las leyes de desconexión. Y todo eso después de pasar por Madrid como vicepresidente del Tribunal Constitucional, el mismo que ahora él quiere abolir y hacer desaparecer del ordenamiento jurídico catalán.

Sus detractores afirman que es su venganza. “Mientras era magistrado, había hecho muchos votos particulares en sentencias porque sus compañeros no le daban la razón. Sus planteamientos siempre eran muy políticos y años más tarde, ya fuera de la judicatura, en redactados de leyes o normas que hacía desde Cataluña, volvía a meter argumentaciones que sabía que no iban a ninguna parte y que ya había perdido años antes”, explica a Tiempo un jurista de reconocido prestigio que le conoce de cerca y que prefiere permanecer en el anonimato. Ahora, paradójicamente, ha sentado los cimientos para demoler el ordenamiento jurídico español dinamitando el Estado de Derecho en la comunidad autónoma de Cataluña.

Pero la afirmación de que no ha cambiado mucho con los años es mantenida también por Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona. “Le conozco desde finales de los 70 y puedo decir que tanto en las maneras como en su ideología es el mismo que el de hace décadas. Es un hombre muy educado, tímido, de pocas palabras, supercorrecto y muy prudente en las formas”, dice De Carreras a este semanario.

También le conoce bien Miquel Iceta, primer secretario del PSC y presidente del grupo parlamentario socialista en la Cámara legislativa catalana. “Le conocí cuando estaba en el Instituto de Estudios Autonómicos, donde fabricaba textos base sobre los que luego se trabajaba en ponencia. En aquellos momentos, tenía fama de jurista muy riguroso”, explica Iceta a Tiempo. De ahí que el líder del PSC se sorprenda de la redacción de la ley del referéndum o la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, que son “un ejemplo de normas chapuceras”. 

Vicepresidente del Tribunal Constitucional

Lo cierto es que Carles Viver no deja indiferente a nadie. Nacido en Terrassa (Barcelona) en 1949, se doctoró en Derecho en 1977. Entre 1987 y 1990 fue catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona y luego pasó a la Universidad Pompeu Fabra como primer decano de Derecho de la misma. En 1992 aterrizó como magistrado en el Tribunal Constitucional, del que fue vicepresidente entre 1998 y 2001, con el PP en el poder. Según los que le conocen, su elección como vicepresidente se debió a su gran amistad con el entonces presidente, Pedro Cruz. En 2004, el Gobierno tripartito que entonces encabezaba Pasqual Maragall lo rescató como presidente del Instituto de Estudios Autonómicos. En realidad, su fichaje fue obra del ecosocialista Joan Saura, con quien había coincidido en el PSUC, la versión catalana del PCE.

Una vez llegó Artur Mas al poder, lo mantuvo en ese cargo y en 2013 lo nombró presidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN), con un salario de consejero (en la actualidad, asciende a 109.341 euros). Pasó a ser, pues, uno de los selectos integrantes del club de cienmileuristas de la Administración. Bajo su control, el CATN emitió 19 informes que sirvieron a Mas para diseñar el camino hacia la independencia. Muchos de los puntos contenidos en esos informes fueron luego aprovechados para incorporar a las leyes de desconexión. En febrero de 2015, Mas le nombró comisionado para la Transición Nacional, nombramiento que el Constitucional anuló. Su cometido era preparar un “plan ejecutivo de las estructuras de Estado” para que Cataluña pudiese independizarse de España aunque fuese por las bravas. Entre esas estructuras, se encontraban la preparación de una Hacienda propia, una Seguridad Social propia, un plan de infraestructuras estratégicas o las leyes de desconexión.

También modificó el nombre del organismo al que estaba adscrito (Institut d’Estudis Autonòmics) por el de Institut d’Estudis d’Autogovern, con lo que las siglas siguen siendo las mismas pero el nombre oficial tiene más caché separatista. Ahí cuenta con un equipo de 15 personas cuya tarea es preparar las bases jurídicas para el nuevo Estado catalán.

“Viver, desde el punto de vista ideológico, siempre fue muy nacionalista. Y en realidad, fue el principal responsable del Estatuto de 2006. Ahí, jugó un carta determinante desde el punto de vista jurídico y se jugó también su prestigio político diciendo que aquel Estatuto pasaría el filtro del TC y que este no encontraría reparos porque él tenía mucha influencia y conocía a los miembros del tribunal. Pero se le cargaron partes decisivas de sus argumentaciones. Eso fue un fracaso académico y profesional, porque en esta profesión nos conocemos todos. Y entonces, se le plantearon dos opciones: o seguir en la judicatura y dedicarse a otros aspectos del Derecho o apretar y optar por la independencia y una radicalización de sus argumentos. Optó por esta segunda cuestión, porque sufrió una decepción y una cierta vergüenza con el Estatuto”, dice a este semanario un compañero suyo de profesión. 

Golpe psicológico y político

Hubo otro punto de inflexión en su carrera: la negativa de Mariano Rajoy a negociar el pacto fiscal con Artur Mas en 2012. Viver había participado en su diseño, aunque la criatura no era suya, sino del entonces secretario general de la Presidencia, Francesc Homs. Y eso fue otro golpe psicológico y político a su orgullo académico. Aun así, es de destacar que, desde el punto de vista jurídico, sus tesis flojeaban. Consideraba, apunta otro magistrado, que “se podían dividir competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Se trataría de un determinado blindaje de competencias que sería un imposible jurídico. Por eso, sus tesis nunca cuajaron en Madrid y le quedó siempre un cierto resentimiento hacia sus compañeros”. Y un abogado que también le ha conocido argumenta que “su teoría es que Cataluña estará siempre sometida a España, por lo que decidió convertirse en el teórico del derecho a decidir y de la independencia”.

Otro letrado critica el detallismo de sus argumentos. “Es de los que piensan que si cambias una palabra, conviertes un texto en bueno. Por ejemplo, si el derecho a la autodeterminación no está contemplado en el Derecho Internacional, lo cambias por el derecho a decidir y lo cuelas como si no tuviese nada que ver. Eso es una trampa, una creencia en el nominalismo: para cargarse una sentencia, cambia la palabra, sin aceptar que el significado o el concepto es el mismo”.

Miquel Iceta, por su parte, señala que mientras era presidente del IEA y redactaba textos para el Estatuto, mantuvo con diputados autonómicos muchas reuniones. “Venía a explicar las competencias y exploraba las doctrinas más avanzadas del TC y de la Constitución. Siempre era muy riguroso en los términos jurídicos y luego nos decía: ‘Ahora les toca a ustedes dejarlo en su justa medida’. O sea, que nosotros éramos los que debíamos convertir los textos del Estatuto en algo más realista. Su tesis era que lo que él nos entregaba era un punto de partida, con planteamientos de máximos”.

Uu hombre de la izquierda

Compañeros de profesión de Viver le recuerdan como un nacionalista “pero no exactamente de la órbita de Convergència, sino más de izquierdas”. Y el líder del PSC recuerda que “llegó a estar en el PSUC, aunque también era un conocido y antiguo antifranquista”. Una militancia que no obsta para que su padre fuese un veterano franquista y acabase militando en el PP y luego en Òmnium Cultural. Por parte de su madre, en cambio, el linaje se adentra en el corazón del catalanismo: uno de sus familiares más conocidos fue Carles Pi i Sunyer, exalcalde de Barcelona, exconsejero de la Generalitat con Lluís Companys y exministro de Trabajo en la República de 1933.

Para José Domingo, vicepresidente de Sociedad Civil Catalana (SCC), Viver “ya se significó en 2010, marcando el terreno del enfrentamiento”. Domingo era entonces diputado de Ciudadanos y en una comparecencia de Viver para hablar sobre la sentencia del Estatuto se las vio con él a causa de los planteamientos soberanistas del jurista. Entre los abogados que le conocen, Viver es “un experto venido a menos”. Algunos afirman que “está jugando en segundo plano para no arriesgar, pero él es el responsable de las leyes rupturistas en última instancia”. Otros le critican la poca responsabilidad. “Lo que ha hecho es una chapuza jurídica. Hubiese sido mejor una declaración unilateral de independencia antes que los textos llevados al Parlamento. Los independentistas no hubiesen hecho un papel tan triste como el que hicieron. En la actualidad, hay una opinión unánime entre los juristas: las leyes de ruptura son jurídicamente insostenibles. Y esta batalla la ganará quien tenga argumentos de su parte”. Tal chapuza jurídica, afirman algunos, ha hundido su prestigio en el mundo de la judicatura, al tiempo que le ha creado enemigos donde antes tenía amigos.

Pero Viver es inmune al desaliento. Para las últimas elecciones autonómicas, celebradas el 27 de septiembre de 2015, tenía preparada una batería de textos legales en caso de que los independentistas ganasen con holgura en las urnas (al final, obtuvieron menos votos que los no independentistas, aunque más escaños). Además, se guardaba un as en la manga: un borrador de Constitución de transición que daría lugar a la Constitución Catalana definitiva.

En 2003, el último año en que Jordi Pujol dirigió la Generalitat, recibió su máximo galardón, la Cruz de Sant Jordi y el premio Justicia de Cataluña. Curiosamente, en 2004, con el Gobierno tripartito en el poder, fue galardonado con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica y al año siguiente con la Orden del Mérito Constitucional, distinciones de claro signo españolista. Tanto lustre de antaño se ha convertido en odio atroz. En 2016, la diputada del PP Esperanza García le acusó de ser la cabeza visible de un “obtuso y destructivo comité de operaciones” para “planear, con el tiempo, un golpe de Estado”.

Autojustificaciones

El portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, le conminó a devolver sus condecoraciones porque “no está actuando con lealtad”, a lo que respondió el jurista: “Yo no renuncio a nada de lo que he hecho profesionalmente”. Viver justificó su evolución ideológica, que comparó con la de miles de catalanes. “Comenzamos pensando que podíamos ayudar a hacer una relectura de la Constitución y del Estatuto que abriese el ámbito de las competencias a las comunidades autónomas, por ejemplo, y vimos que eso no tenía salida (…) He llegado a la conclusión (…) de que la única salida de Cataluña es la independencia”. Justificó su labor como arquitecto de la independencia porque “sería una grave irresponsabilidad por parte del Gobierno del que formo parte en un segundo nivel no preparar estas estructuras cuando se está propugnando la independencia”. Y anunció: “Dejaré mi cargo cuando Cataluña sea independiente, y espero que sea pronto”.

Poder. El ex conseller Francesc Homs y el expresidente de la Generalitat Artur Mas, ahora inhabilitados, con Carles Viver. Foto: JULIO CARBO

Sedición

Imputado en una querella

Aunque el asunto apenas ha trascendido, Carles Viver es uno de los investigados por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona desde el pasado mes de marzo como consecuencia de una querella interpuesta por el partido Vox, que acusaba al exjuez y exsenador de ERC Santi Vidal, al secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó y al propio Carles Viver de desobediencia, revelación de secretos, infidelidad en la custodia de documentos, prevaricación, provocación, conspiración, proposición para la sedición y rebelión. La querella se basaba en las declaraciones de Vidal sobre que la Generalitat había conseguido ilegalmente los datos fiscales de los catalanes, que se había seleccionado ya a los jueces que podrían ejercer en una hipotética Cataluña independiente y que habían camuflado 400 millones de euros para crear las “estructuras del Estado catalán”, entre otras lindezas.

País Vasco y Navarra: un antecedente singular

El ponente del no a la autodeterminación

Durante su permanencia en el TC, en los años noventa, Carles Viver rechazó un recurso de un colectivo de ciudadanos que pretendían que el Parlamento vasco instara al Congreso a reformar la Constitución y que incluyese el derecho de autodeterminación para el País Vasco y Navarra. Ver para creer: veinte años más tarde, considera que ese derecho de autodeterminación es legal para Cataluña, aún eliminando por las bravas la Constitución en nombre de la que él hablaba entonces. 

Asimismo, fue uno de los juristas que marcaron las pautas para sentar jurisprudencia en cuestiones relacionadas con la Ley de Suelo. Viver también fue el ponente en un asunto muy delicado: el Tribunal Supremo había absuelto, en los años 90, a la revista Interviú de la publicación de un reportaje sobre la secta Ceis, en el que se incluía la publicación de un diario de una de las integrantes de la secta e incluso fotografías subidas de tono. El reportaje llevaba por título “Sexo y negocios en nombre de Dios” y un subtítulo que rezaba: “Barcelona: las sectas Ceis y Niños de Dios, acusadas de prostitución y corrupción de menores”. El juzgado de primera instancia de Barcelona había rechazado la demanda; la Audiencia de Barcelona estimó parcialmente el recurso de la secta; y el Supremo anuló la sentencia de esta última. Luego fue Viver, como ponente, quien antepuso el derecho a la intimidad al derecho a la información, aun en contra de la opinión del fiscal. La sentencia en contra de la libertad de expresión contó entonces con el voto particular en contra del magistrado Vicente Conde Martín. 

También fue ponente en la sentencia que denegó el amparo al periodista José María García. Este había demandado al entonces presidente del Real Madrid, Ramón Mendoza, por un atentado contra el derecho al honor, pero los tribunales fueron muy benignos porque admitieron una “previa campaña difamatoria” y una campaña de desprestigio por parte del periodista contra el directivo madridista. Carles Viver le denegó el amparo a José María García.

Juicio a Mas

Un palo a su orgullo

En la sentencia del 9-N, la que juzgó a Artur Mas y a sus consejeros Joana Ortega e Irene Rigau, el TSJC da un serio toque a Carles Viver, que fue testigo en el juicio. De él dice la sentencia que “mostró en el juicio oral una memoria selectiva que pone en serio compromiso su credibilidad”. Se dio la circunstancia de que había “olvidado” detalles que podían ser perjudiciales para los acusados, pero luego inundaba de detalles otras circunstancias que les eran beneficiosas. 

Semanas previas al 1-O

La sociedad civil tomará las calles de Cataluña

Tras la Diada del 11 de septiembre, a los independentistas les quedan varias semanas de intensa actividad política. La estrategia del Gobierno catalán y de las formaciones soberanistas es movilizar el voto del No, conscientes de que una movilización solamente del Sí deslegitimaría el referéndum del 1 de octubre. Y en esta misión cobra especial importancia la actividad de lo que se conoce como sociedad civil, encarnada en la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural y la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI).

Jordi Sánchez, presidente de la ANC, ya avanzó en el mitin al acabar la manifestación de la Diada que ahora le tocará el turno a las entidades soberanistas para culminar el procés. Fuentes independentistas matizan que “el responsable del referéndum es el Gobierno catalán, pero es cierto que nosotros hemos de estar ahí como motor o lo que sea. Estaremos hasta el final apoyando y haciendo campaña por todos los pueblos de Cataluña”. 

Desde la ANC reconocen que esta organización “lidera la campaña por el Sí, pero Òmnium también tiene importantes campañas en marcha a favor de la democracia. Y los partidos políticos hacen su propia campaña”. Las entidades cívicas, advierten, “estaremos empujando, pero quien pone el carromato, o sea, la infraestructura, es el Govern. Y sin carromato, no hay nada”. En otras palabras: el 1-O será una obra de la alta política, pero el combustible saldrá de las calles o el fracaso está asegurado.

Jordi Sánchez (con camiseta roja), al lado del presidente Puigdemont durante la Diada