Diputados de cristal

Los parlamentarios españoles pueden convertirse en políticos de cristal. No sólo por la transparencia para sus bienes y actividades que se puede aplicar en las modificaciones en marcha, sino por una posición de fragilidad en la que les puede colocar el endurecimiento de las incompatibilidades, que algunos ya critican.

La reforma de las pensiones de los trabajadores comunes y corrientes ha presionado sobre las ventajas de las que tienen los diputados en las suyas. Rajoy se mostró dispuesto a acabar con lo que llamó “privilegios”, al igual que hizo el presidente del Congreso, José Bono, que pidió propuestas a los grupos parlamentarios. Éstos, además de pensiones, decidieron proponer endurecer las incompatibilidades, el derecho al subsidio de desempleo y hacer públicos sus bienes y los de sus familias... La cascada de propuestas se ha acelerado en una pendiente cada vez más pronunciada y ya empiezan a aparecer voces dentro de los partidos que se muestran contrarias a algunas de estas reformas.

La tendencia a una mayor transparencia es una de las menos discutidas. El presidente del Congreso, José Bono, ha dicho que es partidario de que los representantes públicos tengan los bolsillos de cristal y que los ciudadanos puedan mirar dentro. Cuando se trata el asunto, los políticos encargados de negociar los cambios posibles miran lo que se hace en otros países. Uno de ellos es el Reino Unido. En la página web del Parlamento británico se pueden consultar las declaraciones de actividades y de bienes y patrimonio de los comunes y de los lores. Estos confiesan trabajos, cargos y acciones en empresas, inmuebles, su pertenencia a asociaciones, organizaciones sin ánimo de lucro y hasta quién ha pagado sus viajes al extranjero. Lo curioso de una visita por estos registros es que los políticos ingleses mantienen una vida profesional privada mucho más amplia que los políticos españoles.

Igualmente llamativo es que en el Reino Unido se hacen públicas las relaciones de las diferentes comisiones parlamentarias, donde está permitido, por ejemplo, que la industria del motor realice labores de secretariado de la comisión parlamentaria correspondiente y pague los refrescos de las reuniones, o que una asociación contra el tabaco realice apoyos similares a la comisión parlamentaria sobre el mismo.

El primer ministro, David Cameron, detalla las donaciones privadas y de empresas, los regalos y cortesías, incluido el uso de helicópteros o aviones privados con el detalle del coste exacto de los gastos de los que se ha beneficiado. También es llamativo el amplio listado de familiares que son contratados como asistentes parlamentarios de los políticos británicos.

Bienes de los políticos.

En España, la reforma en marcha puede acabar haciendo que los bienes de los miembros del Congreso de los Diputados y del Senado y de sus familiares sean públicos. Hoy, estos políticos tienen que declararlos, pero el contenido de esta declaración no es público. Sin embargo, en algunos parlamentos autonómicos, diputaciones provinciales y ayuntamientos se ha empezado a introducir la obligación de hacer públicas estas declaraciones, además de las de los miembros del Gobierno central, aunque cada una con diferentes grados de detalle.

Esto ha provocado que se puedan ir conociendo los políticos con más bienes declarados. Si hasta hace unos meses la ministra Garmendia encabezaba la lista, la incorporación a la publicación de las declaraciones de bienes de la Diputación de Castellón ha colocado a su presidente, Carlos Fabra, a la cabeza de los políticos españoles con mayor patrimonio, ya que Fabra declara bienes por valor de 3,9 millones de euros.

En cuanto a las incompatibilidades, su endurecimiento empieza a cosechar algún rechazo. Así, el portavoz socialista en las Cortes valencianas, Ángel Luna, se ha mostrado contrario porque considera que puede limitar el número de personas dispuestas a aceptar un cargo público, lo que empobrece la Cámara. Hace pocos meses, la presidenta del Parlamento gallego, Pilar Rojo, manifestó también su preocupación por el hecho de que el régimen de incompatibilidades provocara que la cámara autonómica se convirtiera “en un reducto de profesionales de la política que quieran seguir a toda costa porque no tienen profesiones a las que volver o porque les sea muy difícil”.

A día de hoy, sólo 57 de los 350 diputados del Congreso trabajan fuera del sector público, aunque 250 de ellos tienen otros ingresos además de su asignación como diputados. Los representantes políticos no se acercan, ni de lejos, a la proporción de ocupados en el sector privado del resto de la población. Curiosamente, las proporciones se invierten. Si en España el 16% de los ocupados son asalariados del sector público y el 84% son ocupados del sector privado, en el Congreso es al revés, sólo el 16% trabajan en el sector privado, mientras que el 84% de los diputados son asalariados públicos. Además, la mayoría de los que trabajan en el sector privado lo hacen en la misma profesión: abogados, una situación muy diferente de la que se puede comprobar en los citados registros públicos del Parlamento británico.

Incompatibilidades.

Un endurecimiento en las incompatibilidades podría acentuar este fenómeno y reducir a la mínima expresión o hacer desaparecer de entre los representantes públicos a quienes tienen una actividad en el sector de la economía privada.

Aun así, las actividades en el sector privado de algunos políticos han sido especialmente polémicas los últimos meses. El caso Gürtel ha tenido que ver con alguna de estas polémicas. En el Congreso de los Diputados se discutió sobre la compatibilidad de la actividad del despacho de abogados del exministro de Justicia y diputado del Partido Popular José María Michavila, ya que la Cámara le permitió ésta, cuando el citado caso de corrupción destapó que su bufete mantenía contratos con administraciones públicas. Las acciones que el vicepresidente de la Generalitat valenciana, Juan Cotino, tiene en empresas de su familia han provocado rifirrafes políticos cuando la oposición le ha afeado la relación de estas empresas también con el caso Gürtel.

El malestar sobre el anuncio de las reformas en lo que se ha llamado privilegios es palpable entre muchos diputados. Algunos recuerdan que los diputados españoles son los que cobran menos de la Europa de los quince, por debajo incluso de griegos y portugueses. En algunos países, como Italia, los diputados cobran más del doble que en España. Un diputado raso cobra 3.126 euros mensuales brutos de asignación por los que paga sus impuestos, a los que suma otros 1.823 para los diputados de circunscripciones diferentes de Madrid y 870 para los de la capital para gastos, que no tributan. El Congreso cubre los gastos de transporte y paga dietas de 120 euros para desplazamientos en España y 150 en el extranjero.

El hecho de que 81 parlamentarios se hayan visto beneficiados desde 2006 con la posibilidad de cobrar la pensión máxima tras haber sumado 11 años como representantes públicos, unas condiciones más favorables que las del resto de trabajadores, provocaron la llamada a acabar con los privilegios de los políticos. Pero no es el único. Los diputados y senadores, por ejemplo, no pagan las cotizaciones a la Seguridad Social que les corresponden al resto de los trabajadores, sino que lo hacen las Cámaras por ellos.

Pero el hablar de privilegios ha levantado ampollas en algunos diputados. Así, el diputado y ex alcalde de Madrid Juan Barranco cree que se está haciendo demagogia y populismo sobre este asunto y ha reclamado la defensa de la dignidad de los políticos. Barranco ha recalcado el argumento de que los diputados españoles se encuentran entre los peor pagados de Europa.

El portavoz de Convergencia i Uniò en el Congreso, Josep Antoni Durán i Lleida, ha respondido a la petición de José Bono de requerir propuestas sobre los cambios en los llamados privilegios de los políticos con un llamamiento a la seriedad para evitar convertirlo “en una subasta para ver quién puja más alto”. Durán se ha mostrado partidario de abordar un estudio comparativo con la situación en otros países de Europa.

El fenómeno, mientras tanto, puede seguir provocando modificaciones en otros parlamentos autonómicos. En Asturias, por ejemplo, los representantes de las principales fuerzas políticas se han mostrado favorables a que allí también sean de acceso público las declaraciones de bienes de los diputados del parlamento regional.