Cataluña: así se fabrican mártires del procés

Cataluña se está convirtiendo en una fábrica de mártires. Puede parecer exagerado, pero la frase encierra una verdad incontrovertible: el proceso por el 9-N, con la petición de diez años de inhabilitación para Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega, la exconsejera de Educación Irene Rigau y el exconseller de Presidencia Francesc Homs, ha echado leña al fuego del independentismo. Y la acusación fiscal por prevaricación y desobediencia contra Carme Forcadell, presidenta del Parlamento catalán, otro tanto.

El tema se complica con la investigación sobre los ayuntamientos que decidieron abrir sus puertas el pasado 12 de octubre, a pesar de ser fiesta nacional. De momento, el Juzgado de Instrucción número 4 de Badalona ha citado a declarar a seis concejales del equipo de Gobierno de esta localidad. Uno de sus tenientes de alcalde, José Antonio Téllez, llegó a romper la interlocutoria del juzgado el mismo día 12 a las puertas del consistorio.

Pero el problema se ha extendido a muchos ayuntamientos más. La propia ERC reconoce que una cuarentena de sus consistorios también habían abierto. Y la lista es mucho más larga. “Este lunes [por el día 17] fueron enviados requerimientos a 58 ayuntamientos preguntándoles si trabajaron ese festivo”, reconocen fuentes independentistas a Tiempo. Cuatro alcaldes de la CUP hicieron un comunicado conjunto en el que afirman que no contestarán a ese requerimiento porque es “una petición absurda”. A ello, se le suman 337 procesos contra alcaldes por diversos motivos (desobedecer la Ley de Banderas o declararse territorio libre y soberano, por ejemplo) y algunos procesos contra concejales o alcaldes. Uno de ellos es el que se dirige contra Joan Coma, concejal de la CUP de Vic, que defendió una moción de apoyo a la declaración parlamentaria de ruptura con España (declarada inconstitucional por el TC). La Fiscalía recoge en su acusación que Coma tomó la palabra en el pleno del 9 de diciembre de 2015 e incitó a desobedecer a las instituciones españolas “en particular a las decisiones del TC”. La Audiencia Nacional le investiga por sedición y le ha citado para el 24 de octubre. La alcaldesa de Berga, Montserrat Venturós, también se negó en dos ocasiones a ir a declarar al juzgado por no haber descolgado la estelada (bandera independentista).

Según datos de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), en estos momentos hay denunciados 329 ayuntamientos por no colgar la bandera española, por impulsar la “soberanía fiscal”, por pagar la cuota a la AMI, o por declararse “territorio catalán libre y soberano”. Pero la Fiscalía ha denunciado también a ocho consistorios por apoyar la resolución parlamentaria rupturista del 9-N. “Con estos ocho casos, el número de denuncias del Estado español suma 337 procesos”, dicen en la AMI.

Toda esta avalancha judicial es un caldo de cultivo para mártires. El procesamiento de Forcadell es el último episodio. La exhibición de 30.000 esteladas en el Camp Nou en el partido Barça-Manchester City, con una Forcadell en el palco aclamada por la multitud, es solo un botón de muestra de la fuerza que da al procés la judicialización de la política, ya que crea la legión de mártires que los independentistas quieren en un momento en que los ciudadanos comienzan a estar hartos de tanta movilización sin resultados tangibles. 

“Lo que hace esta judicialización es darle un toque de irreversibilidad al procés, porque cierra la puerta al diálogo. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los procesos no se dirigen contra radicales de la CUP, sino contra personas de la antigua CiU o de ERC que pueden considerarse moderados. Pero con esta estrategia, metes a la gente en una situación en la que ve que la única salida es la independencia. En resumen, les ayudas a convencerse y se hace más irreversible el procés”, dice a Tiempo una fuente de la dirección de la Asamblea Nacional Catalana.