Así sería la Cataluña independiente

La hipótesis de una Cataluña independiente se ha convertido en los últimos meses en un multicolor prisma en el que hay opiniones para todos los gustos: desde los que piensan que sería totalmente inviable política y económicamente, hasta los que dan por hecho que con la secesión se habrán acabado para Cataluña los problemas de recortes y las vacas flacas. Ya durante la campaña electoral del pasado otoño, el presidente catalán, Artur Mas, avisó de que pondrían en marcha “estructuras de Estado” para afrontar una nueva etapa, su “transición nacional” hacia la independencia. Y durante los casi seis meses que lleva gobernando ha dado pasos en este sentido.

Con el apoyo de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Mas ha creado el Consejo Asesor para la Transición Nacional, que preside el exvicepresidente del Tribunal Constitucional Carles Viver Pi-Sunyer, y ha puesto en marcha el embrión de lo que sería la Hacienda catalana fichando a un funcionario de la Agencia Tributaria, Juan Iglesias. Al mismo tiempo, se ha comenzado a tramitar en el Parlamento autonómico la Ley de Consultas, el instrumento del que echarán mano los soberanistas para forzar un referéndum independentista, tras el más que probable rechazo del Ejecutivo central.

Tanto CiU como ERC están convencidos de que la opción independentista ganaría en caso de celebrarse un referéndum y ya han comenzado a perfilar las bases de lo que podría ser el nuevo Estado. Además de redactar una Constitución de Cataluña, la norma básica que regularía la República independiente, sería necesario dotarse de una compleja Administración pública. Para empezar sería imprescindible crear una Agencia Tributaria Catalana (ATC). La intención es llegar a un acuerdo con el Ejecutivo español para crear un consorcio entre la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT) y la ATC, tal y como dispone el Estatuto. Los nacionalistas quieren tener el control de este consorcio, que en su estrategia sería solo un órgano transitorio hasta que la ATC se haga cargo de la totalidad de las 53 oficinas del fisco español en esta comunidad. Una vez controladas, la gestión y la recaudación de todos los impuestos se haría en Cataluña, y el nuevo Estado ya tendría su base financiera para echar a andar.

ERC va más allá y propone también reconvertir los consejos comarcales en oficinas territoriales recaudadoras de impuestos como primera fase del control del fisco. Estos órganos, creados por Jordi Pujol en los años 80 para contrarrestar el gran poder municipal que tenían los socialistas, han sido especialmente mimados por los nacionalistas en estas tres décadas. Una segunda fase sería la asunción progresiva de las funciones recaudatorias por parte de la ATC y la culminación del proceso, la creación de la agencia fiscal única, independiente de la española.

Para los contrarios a la independencia, en cambio, dividir la AEAT “no solo provocaría más costes por eliminación de las economías de escala, sino que dificultaría la lucha contra el fraude. Sin la Hacienda del Estado, en la Cataluña independiente no habrían destapado casos como el del Palau o la presunta financiación irregular de CDC”. Y en otro documento interno, los populares describen el día siguiente a la independencia: “No hay agencia tributaria eficiente; toda la estructura de la Administración, unos 32.000 millones de euros, se han de repartir entre 7 millones y no entre los 45 del Estado; se ha de traspasar el porcentaje correspondiente de la deuda (un 18% aproximadamente); se han de pagar 5.000 millones anuales de intereses; habrá dificultad de financiación en los mercados […]; previsible caída del PIB entre un 10% y un 20%; dificultad para atraer inversión; probabilidad de que algunas empresas se vayan; imposibilidad de aumentar el gasto público; empeoramiento de la calidad de vida...”. En resumen, concluye, todos pierden. “Abrir este melón provoca mucha incertidumbre; y la incertidumbre, riesgo, el peor enemigo de la economía”.

Otro de los cambios profundos tendría lugar en el sistema bancario. En este campo, tanto CiU como ERC ven viable convertir el Instituto Catalán de Finanzas en un banco público. De hecho, el Parlamento catalán aprobó una moción la pasada semana en la que se apremia a la Generalitat a abordar el proceso para dinamizar la economía productiva.

¿Euro o moneda propia?

Pero, además de esta entidad, los nacionalistas ven necesario un Banco Central Catalán (BC), que sería el encargado de implementar la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) y de diseñar o poner en práctica una política monetaria propia. Lo que no está tan claro es qué pasará con la moneda. Algunos expertos aseguran que, en caso de secesión, Cataluña debería abandonar el euro. Otros, que podría permanecer dentro de la moneda común.

Para los contrarios a la independencia, esta teoría es solo una quimera. “Cataluña quedaría automáticamente fuera de las instituciones europeas y del euro. Debería volver a poner fronteras, con el coste que eso significa. Además, se tendrían que poner aranceles. Eso para la economía catalana significaría el hundimiento”, dice a este semanario una fuente popular. Un informe interno del PP detalla que si Cataluña se separa, “se vería fuera de la UE y tendría que pedir su ingreso, que necesita la aprobación unánime de los 27 países miembros. Fuera de la Unión, los productos catalanes deberán pagar aranceles y desaparecerían las ayudas de la política agrícola común”. En otro informe interno, los populares alertan de las consecuencias de salir del euro: una nueva moneda, altos tipos de interés y los gastos de crear un Banco Central.

Los independentistas son más optimistas. “Viendo la deriva de los países del sur de Europa, cada día más actores perciben que los costes económicos de utilizar una moneda propia podrían resultar inferiores en comparación con los de la situación actual”, dice un documento elaborado por Esquerra que se someterá a las bases del partido el próximo 6 de julio, en la Conferencia Nacional por la República Catalana. Ese mismo documento aboga por “recuperar nuestras cajas de ahorros para dedicarlas a la financiación de la pequeña y mediana empresa local, quizá, incluso, recuperando algunas de las cajas quebradas y capitalizándolas desde el sector público”.

Paro y pensiones.

La Seguridad Social catalana es otro de los grandes objetivos que los soberanistas quieren controlar. Según ERC, “una Cataluña independiente podrá pagar todas las prestaciones de la Seguridad Social [pensiones, paro, etcétera]” ya que su déficit “es mucho más reducido que el del resto del Estado”. Es más, asegura que “de los datos proporcionados por un informe de Núria Bosch [2013] se desprende que las pensiones peligran si continuamos mucho tiempo más formando parte del Estado español”.

Por ello, los republicanos proponen un traspaso inmediato de la Seguridad Social en el que se garanticen los derechos de los cotizantes y el equilibrio de la tesorería para “ asegurar el cobro de las cotizaciones sociales desde el mismo momento de la secesión”. En esa primera etapa, sería la ATC la encargada de gestionar los cobros y los pagos, hasta poner en marcha una administración propia.

Desde las filas del PP se desmienten las optimistas cifras de los nacionalistas. Informes internos de esta formación señalan que la Seguridad Social tiene poco más de 2,9 millones de afiliados en esta comunidad. “En 2011, la aportación de Cataluña fue de 18.373 millones de euros. Sin embargo, las pensiones catalanas costaron 19.541 millones. El desfase lo tuvo que poner el Estado. Respecto al paro, el gasto por desempleo rozó los 5.000 millones. Una Seguridad Social catalana jamás podría soportar el gasto de 821.000 parados y casi 1,6 millones de pensionistas”, señalan a Tiempo fuentes del PP.

El nuevo Estado catalán también viviría cambios importantes en el marco del control de la energía, los transportes y, en menor medida, de las comunicaciones. Para empezar, la intención de los nacionalistas es negociar inmediatamente con el Gobierno español el déficit tarifario de las eléctricas “a cambio de recuperar también aquella parte de las primas a las energías renovables que hemos pagado los catalanes pero que se han invertido en territorios españoles”. Paralelamente, exigirían el traspaso de las centrales nucleares de Ascó y Vandellós, crearían un organismo nacional de Seguridad Nuclear e instituciones reguladoras en los sectores del gas, eléctrico y de hidrocarburos. A las compañías suministradoras se les exigiría que creasen subsidiarias con CIF catalán y los republicanos presionan a CiU para que prevea un aumento del impuesto de la gasolina hasta el 40% del precio final, aunque subrayan que “se ha de procurar que, a corto plazo, y en tanto no haya una normativa propia, se mantengan, para que los consumidores no puedan atribuir un incremento de precios al proceso independentista”. Del mismo modo, proponen mantener momentáneamente los precios de las telecomunicaciones para no dañar la imagen del proceso secesionista.

En el caso del control del agua, la intención es negociar con España y Francia el control de los recursos hídricos. Con España, los independentistas quieren firmar un convenio similar al de Albufeira, por el que España y Portugal se repartieron el control sobre los caudales del Duero y el Tajo. La Generalitat independiente tendría en la Agencia Catalana del Agua (ACA) su principal baza. Esta agencia “podría tomar el control total sobre los recursos hídricos al día siguiente de la independencia”. También podría recuperar el control sobre la empresa Aigües Ter-Llobregat (ATLL), la compañía que abastece a la gran área metropolitana de Barcelona y que fue privatizada hace seis meses. En estos momentos, el control lo tiene Acciona, que pagó 1.000 millones de euros por la empresa, pero los tribunales han puesto en entredicho la venta y han admitido el recurso interpuesto por la compañía Agbar debido a irregularidades en el proceso de privatización. De todos modos, la reconversión del sector del agua y la asunción de todos los recursos provocará un incremento de los costes, algo de lo que son conscientes los nacionalistas.

En el ámbito de la Justicia, la estrategia es convertir el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en el Tribunal Supremo del nuevo Estado. Se crearía, además, una Fiscalía General Catalana, se traspasarían las atribuciones de la Audiencia Nacional a los tribunales ordinarios, se pondrían en marcha un Consejo de Justicia de Cataluña que actúe a modo de Consejo General del Poder Judicial y se declararía el catalán “lengua vehicular de la Administración de Justicia”. No se descarta también la posible creación de un tribunal especializado que funcione como Tribunal Constitucional de Cataluña. Dentro de la Consejería de Justicia se fundaría, asimismo, la dirección general de Registros y Notariado.

Un modelo de Defensa propio.

En materia de seguridad, todos coinciden en que Cataluña continuaría en el espacio Schengen y los Mossos d’Esquadra se harían cargo de la seguridad. Además, tendrían que ampliar sus competencias al control de aduanas y crear un servicio de inteligencia similar al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español. El modelo de Defensa, no obstante, despierta controversias y aquí se manejan varias hipótesis. La primera es disponer de un Ejército convencional. Costaría 4.000 millones de euros anuales (un 2% del PIB) y tardaría 5 años en formarse. La segunda es acordar un encaje en los sistemas de defensa europeos, algo para lo que necesitaría el consenso de los países comunitarios. Y la tercera sería prescindir de Fuerzas Armadas, un supuesto para el que se necesitarían acuerdos de defensa con terceros países. El documento que maneja ERC señala, en este sentido, que “hay expertos que afirman que Francia podría estar interesada, una opción más económica a corto plazo, aunque nada neutral desde la perspectiva de las relaciones con los Estados español y francés”.

Pertenencia a la OTAN.

Un documento del Centro de Estudios Estratégicos de Cataluña (CEEC) fechado el pasado 1 de abril señala, a este respecto, que Cataluña debe apostar por contribuir “con capacidades militares a la política común de seguridad y defensa por encontrarse en plena sintonía con el resto de Estados miembros”, pero advierte que “ha de completar su modelo de defensa propio y el de defensa colectiva de la UE obligatoriamente con el ingreso en la OTAN, lo que exige que sus miembros contribuyan militarmente con la organización”.

Ello supondría unas Fuerzas Armadas de pequeña dimensión y muy operativas, “como las de los Países Bajos y Dinamarca”. El CEEC propone, así, la creación de un Ministerio de Defensa que habría de realizar un pr0ceso de selección de mandos. En este caso, incluso propone los requisitos que se pedirían: haber nacido en Cataluña, tener el nivel C de catalán y tener formación militar como mando. Para la tropa, los requisitos serían haber nacido en Cataluña, tener menos de 35 años, con nivel B de catalán y con formación militar profesional de soldado, marinero, cabo o cabo primero. A modo de aproximación, el informe subraya que “tanto los informes de la OTAN como la coyuntura económica y el estudio comparado” con otras fuerzas armadas, recomiendan mantener una estructura altamente profesionalizada que se moverá alrededor de los 25.000 efectivos (fuerzas profesionales y reserva voluntaria).

A ese gasto, que se sitúa en torno al 1,5% del PIB, habría que añadir la construcción de dos puertos navales anexos a los de Barcelona y Tarragona. Y eso teniendo en cuenta que “aunque pueden pasar más de diez años hasta la constitución de la Marina, La Guardia Costera ha de ser operativa desde el minuto cero del Día D de la independencia”.