Así intentó Puigdemont montar su República
10 / 11 / 2017 Antonio Fernández
El sumario de la operación Anubis demuestra cómo se saltó la ley el Gobierno catalán.
Huelga. Pancarta desplegada el día 8 en Barcelona llamando a seguir la huelga convocada por los independentistas. Foto: J. Lago/AFP
El pasado 16 de agosto fue un día muy movido en Cataluña. El Gobierno catalán había decidido que el curso político se abría el 15 de ese mes, en vez del 1 de septiembre. El presidente Carles Puigdemont quería jugar al despiste con el Gobierno central, tener en vilo a toda España. Por eso, el 16 de agosto decidió convocar una reunión en el palacio de Pedralbes, a la que asistieron su vicepresidente, Oriol Junqueras; el consejero de Justicia, Carles Mundó; la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira; y el exconsejero y exsecretario de Organización de Esquerra Xavier Vendrell, asesor para el proceso de la independencia. Allí convocaron también a algunos técnicos de empresas adjudicatarias de la Generalitat en materia de consultas electorales y contabilización de votos, según demuestran los documentos contenidos en el sumario de la operación Anubis, instruido en los juzgados de Barcelona a raíz del referéndum ilegal del 1 de octubre y al que ha tenido acceso esta revista.
Uno de los reunidos fue Vicent Nos, propietario de la compañía Bloockroot SADCV. Nos ignoraba quién le iba a recibir. De ahí que su sorpresa fuese mayúscula cuando los políticos presentes comenzaron a acribillarle a preguntas sobre el sistema de voto. Es más: la principal duda que tenía Rovira era si el sistema de voto propuesto podía utilizarse tanto para los votantes en el exterior como para los votantes en Cataluña. El empresario explicó a los presentes que el sistema funcionaría mediante “un contrato inteligente a través de Ethereum [plataforma tecnológica], que permitiría garantizar la identificación de los votantes mediante un idcat y un ticket en el que se incorporaba una fotografía personal y, a partir de ahí, se mandaría una papeleta para votar on line”. El empresario, no obstante, abandonó poco después el proyecto, al sospechar que lo que le pedían era ilegal y había sido prohibido por el Tribunal Constitucional.
Otro de los presentes en la reunión, Quim Franquesa, había sido contactado por un alto cargo de la Generalitat meses antes para desarrollar el sistema de voto electrónico que se quería hacer servir. Franquesa, que ha trabajado para varias compañías del sector, llegó a plantear el presupuesto al Gobierno catalán, 500.000 euros, que fue aceptado, aunque finalmente no llegó a desarrollar ningún proyecto porque “iba pasando el tiempo y el timming ya era casi imposible de cumplir”, además de que no le habían pagado nada todavía. La anécdota de una reunión en pleno agosto (hasta final de mes hubo otros encuentros similares) da una idea de la determinación del Gobierno catalán y de los partidos que le apoyaban en llevar a cabo un referéndum que ya había sido prohibido expresamente por el Constitucional y que, aunque los independentistas afirmaban que era un “mandato democrático”, no figuraba en ningún programa electoral ni formaba parte de ninguna de las promesas realizadas durante la campaña. Era, simplemente, un pulso al Estado español para marcar perfil. Un desafío en toda regla que tenía como finalidad provocar que el Gobierno central hincase la rodilla y suplicase una negociación para realizar un referéndum pactado. El objetivo final del Gobierno catalán era la creación de una república catalana y para eso se había fijado como objetivo la creación de distintas “estructuras de Estado”, entre ellas la creación de la Agencia Tributaria Catalana (ATC), una red de “embajadas” camufladas como “oficinas comerciales”, una Agencia de la Seguridad Social y una Agencia de Ciberseguridad. Y para ello no escatimaba esfuerzos.
