Así intentó Puigdemont montar su República

16 / 11 / 2017 Antonio Fernández
  • Valoración
  • Actualmente 0 de 5 Estrellas.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Tu valoración
  • Actualmente 0 de 5 Estrellas.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
¡Gracias!

El sumario de la operación Anubis demuestra cómo se saltó la ley el Gobierno catalán.

Huelga. Pancarta desplegada el día 8 en Barcelona llamando a seguir la huelga convocada por los independentistas. Foto: J. Lago/AFP

El pasado 16 de agosto fue un día muy movido en Cataluña. El Gobierno catalán había decidido que el curso político se abría el 15 de ese mes, en vez del 1 de septiembre. El presidente Carles Puigdemont quería jugar al despiste con el Gobierno central, tener en vilo a toda España. Por eso, el 16 de agosto decidió convocar una reunión en el palacio de Pedralbes, a la que asistieron su vicepresidente, Oriol Junqueras; el consejero de Justicia, Carles Mundó; la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira; y el exconsejero y exsecretario de Organización de Esquerra Xavier Vendrell, asesor para el proceso de la independencia. Allí convocaron también a algunos técnicos de empresas adjudicatarias de la Generalitat en materia de consultas electorales y contabilización de votos, según demuestran los documentos contenidos en el sumario de la operación Anubis, instruido en los juzgados de Barcelona a raíz del referéndum ilegal del 1 de octubre y al que ha tenido acceso esta revista.

Uno de los reunidos fue Vicent Nos, propietario de la compañía Bloockroot SADCV. Nos ignoraba quién le iba a recibir. De ahí que su sorpresa fuese mayúscula cuando los políticos presentes comenzaron a acribillarle a preguntas sobre el sistema de voto. Es más: la principal duda que tenía Rovira era si el sistema de voto propuesto podía utilizarse tanto para los votantes en el exterior como para los votantes en Cataluña. El empresario explicó a los presentes que el sistema funcionaría mediante “un contrato inteligente a través de Ethereum [plataforma tecnológica], que permitiría garantizar la identificación de los votantes mediante un idcat y un ticket en el que se incorporaba una fotografía personal y, a partir de ahí, se mandaría una papeleta para votar on line”. El empresario, no obstante, abandonó poco después el proyecto, al sospechar que lo que le pedían era ilegal y había sido prohibido por el Tribunal Constitucional.

Otro de los presentes en la reunión, Quim Franquesa, había sido contactado por un alto cargo de la Generalitat meses antes para desarrollar el sistema de voto electrónico que se quería hacer servir. Franquesa, que ha trabajado para varias compañías del sector, llegó a plantear el presupuesto al Gobierno catalán, 500.000 euros, que fue aceptado, aunque finalmente no llegó a desarrollar ningún proyecto porque “iba pasando el tiempo y el timming ya era casi imposible de cumplir”, además de que no le habían pagado nada todavía. La anécdota de una reunión en pleno agosto (hasta final de mes hubo otros encuentros similares) da una idea de la determinación del Gobierno catalán y de los partidos que le apoyaban en llevar a cabo un referéndum que ya había sido prohibido expresamente por el Constitucional y que, aunque los independentistas afirmaban que era un “mandato democrático”, no figuraba en ningún programa electoral ni formaba parte de ninguna de las promesas realizadas durante la campaña. Era, simplemente, un pulso al Estado español para marcar perfil. Un desafío en toda regla que tenía como finalidad provocar que el Gobierno central hincase la rodilla y suplicase una negociación para realizar un referéndum pactado. El objetivo final del Gobierno catalán era la creación de una república catalana y para eso se había fijado como objetivo la creación de distintas “estructuras de Estado”, entre ellas la creación de la Agencia Tributaria Catalana (ATC), una red de “embajadas” camufladas como “oficinas comerciales”, una Agencia de la Seguridad Social y una Agencia de Ciberseguridad. Y para ello no escatimaba esfuerzos.

Soporte informático para el referéndum

El 19 de julio, Josué Sallent, responsable de Estrategia e Innovación del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), hablaba con David Ferrer, coordinador general de proyectos del Gobierno de Carles Puigdemont. Ambos comentaban la “importante cantidad de dinero público que los dirigentes de la Administración autonómica catalana están invirtiendo en una serie de soportes informáticos que puedan manejar megadatos susceptibles de soportar las necesidades operativas de las denominadas ‘estructuras de país’, en cuyo proceso de creación están bordeando en todo momento la línea competencial que tienen atribuida y, por tanto, la cuestión es determinar si las inversiones realizadas en estas megaestructuras son necesarias o, por el contrario, suponen una malversación de dinero público, teniendo en cuenta el marco competencial que la Constitución y la ley atribuyen al Gobierno catalán”, dice un informe de la Guardia Civil del 2 de agosto. Sallent negoció más tarde con la compañía Scytl la implementación de una plataforma para el recuento de votos. Así lo reconoció el consejero delegado de esta firma, Pere Vallès. La empresa incluso llegó a cifrar en una horquilla de uno a dos millones de euros el precio del proyecto, que finalmente no llegó a encargar porque Pere Vallès lo consultó con sus abogados y decidió que se evitaría problemas legales.

Los investigadores también llegaron a la conclusión de que la empresa T-Systems “habría desarrollado una aplicación que prevé la gestión del censo único de contribuyentes que incluiría también la cuenta corriente del contribuyente, así como información de bienes, asistencias y actividades económicas. Paralelamente, habría desarrollado un sistema de gestión de censos aplicable a los impuestos sobre el patrimonio y sobre estancias en establecimientos turísticos”. Por si fuera poco, la misma compañía se ocupaba de una base fiscal para el impuesto de bebidas azucaradas y estaba implementando “un sistema de gestión documental (…) para gestionar cualquier tipología de tributo o ingreso público”. Por esfuerzos no quedaría.

Una denuncia anónima recibida en la Policía daba jugosos detalles de los preparativos del referéndum previo a la proclamación de la república. “Como parte de los esfuerzos para proveerse de las estructuras de Estado, el CTTI de la Generalitat ha solicitado a sus proveedores de IT habituales la participación en la creación de los diferentes sistemas informáticos necesarios para dotar de medios a estas estructuras”. Comentaba la denuncia que el Gobierno catalán ya trabajaba en la futura Hacienda catalana y desvelaba que se había creado recientemente la empresa DXC Technologies “a partir de la fusión de una parte escindida de Hewlett Packard Enterprise y de Computer Sciences Corporation”. “[La nueva firma gestiona ya] más de 500 servidores para el CTTI, donde se alojan multitud de sistemas de información (Enseñanza, Presidencia, etc.)”, pero la Generalitat le acababa de pedir más de 100 nuevos servidores “para un nuevo proyecto denominado internamente como Taulat. Las peculiaridades de este proyecto hacen sospechar que forma parte de las denominadas estructuras de Estado: el proyecto ha sido considerado por el CTTI de alto secreto. Este secretismo nunca se había solicitado en ningún otro proyecto asignado a DXC o anteriormente a HPE. Se ha declarado como el proyecto más prioritario de todos los asignados a DXC. Siendo un proyecto del Departamento de Bienestar Social (Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias), parece curioso que este sea más prioritario que otros proyectos solicitados por el departamento de Presidencia”. Y alertaba el escrito de que “la fecha límite para la provisión de sistemas es a primero de septiembre para disponer de tiempo para instalar las aplicaciones antes de la fecha mágica ya publicada por el presidente Puigdemont del 1 de octubre”.

El propio nombre del proyecto secreto lleva el nombre de la calle donde se ubican las oficinas centrales de la Consejería de Trabajo, lo que hace sospechar que fondos de Asuntos Sociales y de Trabajo se estaban gastando en la preparación de la República Catalana. Y, puesto que el proyecto afectaría a unos 4 millones de personas y tendría a 700.000 instituciones como usuarios potenciales, no es descabellado pensar que la intención era la creación de una Agencia de la Seguridad Social, que sustituiría a la Seguridad Social española en cuanto la república echase a andar. 

La agencia tributaria catalana

El 29 de agosto, el secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó (detenido posteriormente el 20 de septiembre), hablaba con Albert Puig, jefe de comunicación de Oriol Junqueras. “Dejemos la ATC preparada para recaudar y gestionar 75.000 millones de euros. ¿Qué, cómo lo ves?”, comentaba Puig como posible titular de prensa. Salvadó asentía. Se trataba de tener preparado todo el mecanismo para expulsar a la Hacienda española de Cataluña y ocupar su lugar. En un voluminoso informe fechado el 18 de septiembre, la Guardia Civil destacaba que uno de los principales órganos para el nuevo Estado es la ATC, “que en realidad se enmarca dentro de un ámbito mucho más ambicioso que es el diseño de una auténtica Administración Tributaria que ejerza absolutamente todas las competencias de un Estado independiente. En el diseño de esa estructura se configuran nuevos órganos como el Consejo Fiscal, el Instituto de Estudios Tributarios, la Oficina Catalana de Fiscalidad Internacional y una unidad específica de investigación de fraude fiscal y profundiza en la composición del Servicio Catalán de Gestión de Ingreso, integrado por la ATC, la Agencia Catalana de Recaudación de Ingresos, la Agencia Catalana de Comercio Exterior y Aduanas y la Agencia Catalana de la Propiedad Inmobiliaria. Órganos algunos de los cuales podrían estar implementándose de forma oculta, ya que la Generalitat no tiene competencias en esas materias, léase Aduanas o Fiscalidad Internacional, entre otras”.

No obstante, el 30 de agosto, Salvadó habla con Raúl Murcia, asesor especial en materia de difusión institucional de Presidencia y comentan que una enviada de Puigdemont va a ir a la Hacienda catalana a enterarse de cómo va todo. “El patio está en una situación de que el mes de octubre no hay capacidad, ni tenemos control de aduanas, ni tenemos un banco donde meter... resumen... la cosa está muy verde. Eso, cualquiera que tiene dos dedos de cerebro lo sabe. Ahora bien, a mí me da pánico de que si transmitimos las cosas como son en realidad a Elsa [la enviada de Puigdemont], al presidente y a su entorno, esto lo acaben autorizando para decir ‘Junqueras no ha preparado al país para que el 2 de octubre declaremos la independencia”, se duele el secretario de Hacienda. Continuaba el dirigente republicano: “Podemos torearla, pero viene de aquí a un rato (…) si le decimos la verdad, estamos muertos”. Y su interlocutor le contesta: “Tu miedo es que si lo explicamos, los otros dirán que Junqueras no lo está haciendo y si no lo explicamos, hay el riesgo...”. “Si continuamos todos pensando que estamos preparados y todos hacen ver que estamos preparados para que nadie se atreva a decir (…) nos podemos encontrar que el 2 de octubre alguno se piense que estamos donde no estamos y si le decimos la realidad, acabarán diciendo que el Departamento de Economía no hace el trabajo y, por lo tanto, la culpa es del Junqueras”, corta Salvadó. Y convencido ya de que la República Catalana es algo ajeno a este mundo, el alto cargo del Gobierno hacía otra sarcástica confesión: “Al final, aquí hay un problema, hay un tema de fondo: en algún momento, a alguien le ha de interesar este puto proceso en el mundo real”.

IM.-1-oct-07-F

Referéndum. Votantes en la consulta ilegal del 1-O en el colegio electoral de la Escuela Industrial. FOTO: FERRAN SENDRA

Las declaraciones del exjuez vidal

Que los responsables políticos catalanes hacían algo que no cuadraba con la legalidad parece fuera de duda. No hay que olvidar que fueron unas declaraciones del exjuez y exsenador de ERC Santi Vidal las que provocaron el inicio de actuaciones judiciales. Vidal se vanagloriaba a finales de 2016, en sus conferencias a lo largo y ancho de Cataluña, de que tenían “31 ámbitos de actuación, 19 equipos de expertos trabajando bajo la coordinación del exvicepresidente del Constitucional Carles Viver Pi Sunyer, y hay 141 medidas específicas”. Decía también que “hay una partida presupuestaria de casi 400 millones de euros, que no os diré en qué epígrafes en concreto están de los presupuestos, porque están debidamente camuflados, destinados a la celebración del referéndum y a tener absolutamente preparadas las 19 estructuras de Estado”.

Santi Vidal no se privaba de sacar pecho ante sus oyentes. “En estos momentos, el Gobierno de la Generalitat tiene todos vuestros datos fiscales –decía en otra conferencia–. Estáis todos fichados. Todos. ¿Eso es legal? Pues no, porque eso está protegido por la Ley de Protección de Bases de Datos del Gobierno español (…) No os diré cómo lo hemos conseguido, porque lo hemos conseguido de manera absolutamente ilegal. Y un juez no puede hablar de cómo se hacen las cosas ilegalmente”.

Vaticinaba el exjuez que con la independencia Cataluña pasaría de tener una tasa de paro del 14,7% al 11,3% gracias a que “las empresas francesas y alemanas comenzarán a invertir millones y millones de euros”. Y no solo eso, la desfachatez llegaba al punto de prometer, “por escrito, ¿eh?”, a los pensionistas: “Usted cobrará... ¿cuánto cobra ahora? ¿641? Pasa a cobrar 1.000 (…) Y no es el cuento de la lechera, ¿eh? (…) Y estos números han sido validados por varios organismos internacionales”.

Filtros ideológicos

La criba de los funcionarios

Para los funcionarios que se quieren quedar, se les dan tres meses de plazo para que se decidan. Si se quedan, según el exjuez Santi Vidal, habrán de pasar unos filtros: “Filtro número 1: habrán de acreditar un nivel mínimo de nivel C de catalán; filtro número 2, habrán de tener un informe favorable de la... aún no le hemos puesto el título exacto, pero habrá como una Comisión de Evaluación. Lo que no podemos tener es gente que se queda aquí de quintacolumnista”. Reconocía, pues, una purga ideológica en el nuevo régimen que habría de comenzar tras la celebración del referéndum secesionista. A finales de 2016, Vidal vaticinaba también que cuando los tribunales españoles adoptasen medidas cautelares a mediados de 2017 o suspendiesen leyes catalanas, “nosotros ya no reconoceremos al Constitucional español”. Pero advertía: “Si, a pesar de todo, perdemos el referéndum... si lo perdemos... ¡volveremos!

El documento clave

“Un conflicto bien gestionado llevará al estado”

Un documento titulado “Enfocats” y hallado en casa de Josep Maria Jové, secretario general de la Vicepresidencia, detallaba los pasos a seguir para pilotar la independencia de Cataluña. Se explican en él los objetivos para crear un Estado propio (sumar mayoría social, inspirar confianza y trabajar con garantías de éxito a través de la creación de estructuras de Estado y leyes de desconexión). Dice el documento que la declaración unilateral de independencia “generará conflicto que, bien gestionado, puede llevar a un estado propio”. Y decía a este respecto que “el Estado español no reconocerá el derecho a hacer un referéndum pero, si lo ve todo perdido, lo hará hacer para que lo perdamos”. 

Habla de las estructuras de estado existentes (Mossos, CTTI y otras) y de las nuevas (Hacienda propia, poder judicial, Agencia de Protección Social...). Preveía también el documento un plan de actuación en caso de desconexión forzosa, ya que “se ha de comenzar de una manera conservadora incrementando paulatinamente el nivel de conflictividad y con coordinación de todos los actores implicados”. O sea, un frente de instituciones, partidos y entidades civiles. Tras diseñar un plan de actuación para el reconocimiento internacional de la independencia, detallan un comité estratégico y un comité ejecutivo del plan de independencia. En el ejecutivo se incluyen los secretarios generales de Presidencia y Vicepresidencia, altos cargos del Gobierno y profesionales expertos en distintas áreas. 

En el comité estratégico estarían Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, los portavoces de los grupos independentistas, los presidentes de ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, y “representantes independientes de prestigio social”.

documento-1-F
documento-2-1-F
documento-3-1-F

El plan B para el referéndum

Centros de salud para colocar las urnas

La Guardia Civil identificó al consejero de Salud, Toni Comín, como uno de los hombres más activos a la hora de trabajar en la organización del referéndum del 1 de octubre. Una conversación captada entre el consejero y el secretario general de Vicepresidencia, Josep Maria Jové, el 1 de septiembre apuntaba a que Comín “estaba totalmente involucrado en la localización y gestión de locales donde instalar los colegios electorales”, según un informe fechado el 26 de septiembre. El mismo día 1, ambos quedan con Oriol Junqueras en el palacio de la Generalitat, porque no tienen claro con qué colegios podrán contar en la capital catalana. Desde allí, Jové reclama una lista y pide que se la pasen por Telegram [sistema de mensajería por teléfono] “con destrucción en segundos” (los mensajes se pueden programar para que se autodestruyan en un determinado periodo de tiempo). Tras controlar los movimientos de Comín, la Guardia Civil descubre que la Consejería de Salud tiene previsto ceder locales como sedes electorales si el Ayuntamiento de Barcelona no los deja. Y verifica que en una página web “se observa como punto de votación Serveis Matrius Catsalut, el cual corresponde con el Centro de Atención Primaria del barrio de Les Corts de la ciudad de Barcelona. Todo ello constata que una de las opciones que el Gobierno catalán tiene prevista para la instalación de las mesas electorales es la de utilizar los Centros de Atención Primaria de Salud, dependientes de su Administración”.

CENTRO-DE-SALUD-F

El problema de Barcelona

“Colegios de curas y monjas”

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, encargó al secretario general de Vicepresidencia, Josep Maria Jové, un listado “sobre todo, de colegios de curas y monjas” para tenerlos como colegios electorales en caso de que el Ayuntamiento de Barcelona no facilitase locales para el referéndum. Así se desprende de las conversaciones telefónicas del hombre que era la mano derecha de Oriol Junqueras en Vicepresidencia. La conversación tenía lugar el 12 de septiembre a primera hora de la mañana. El interlocutor asegura a Jové que ya le entregó el listado a Marta y que tiene un contacto “en el patronato del colegio de curas que conoce a todo el mundo y que ya ayudó en ese sentido en el 9-N”. Se refería a la consulta celebrada el 9 de noviembre de 2014.

40370907_59-F
Escríbanos: tiempo@grupozeta.es

COMENTARIOS

No hay comentarios

ENVIA TU COMENTARIO

  • Los campos marcados con "*" son obligatorios

Grupo Zeta Nexica