Unidos por el catastro

Las historias de desencuentros entre el Ministerio de Hacienda y el Ayuntamiento de Madrid sobre los presupuestos municipales son solo parte de una especie de relación de amor y odio entre ambas instituciones, que en el último año se ha saldado, sin embargo, con un inesperado aumento del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a decenas de miles de vecinos de Madrid a los que, además, Hacienda les ha impuesto una multa inicial de 60 euros para empezar a hablar. Y todo esto es fruto de la colaboración entre el ministerio de Cristóbal Montoro y el ayuntamiento dirigido por Manuela Carmena.

De momento, según datos oficiales del Ayuntamiento de Madrid a los que ha tenido acceso TIEMPO, hasta el 12 de agosto pasado habían recibido notificaciones 35.266 propietarios de la ciudad de Madrid, por “alteraciones en bienes inmuebles no declaradas”. La cifra procede de la Gerencia Regional del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda, y que ha llevado a cabo una inspección masiva en colaboración con el ayuntamiento, en virtud, según el consistorio de Carmena, de un acuerdo firmado entre ambas instituciones en 2004.

Como es lógico, la alarma ha saltado entre estos 35.266 vecinos, para los que la sanción inicial de 60 euros por no declarar las “alteraciones” puede quedarse en un juego de niños si finalmente se les sube el valor catastral de los inmuebles por las obras realizadas en los mismos. Y aquí es donde está el nudo gordiano de una cuestión que además de traer de cabeza al Colegio Profesional de Administradores de Fincas, ha movilizado a la oposición municipal y ha llenado de recursos los registros municipales de barrios con solera de Madrid.

El problema estriba, básicamente, en que estos vecinos, según el Colegio de Administradores de Fincas, han realizado obras acogidas al artículo 16 de la Ley del Catastro Inmobiliario, que no considera de obligada comunicación “las obras o reparaciones que tengan por objeto la mera conservación y mantenimiento de los edificios, y las que afecten solo a características ornamentales o decorativas”. Además, en Madrid existe una ordenanza municipal que detalla que las obras realizadas por “una inspección técnica desfavorable” de los edificios es “una obra de conservación”.

Los propietarios de los inmuebles afectados están recurriendo masivamente, porque los efectos económicos no son nada despreciables. Según datos facilitados por el propio Ayuntamiento de Madrid al grupo municipal de Ciudadanos, los primeros 1.137 inmuebles notificados hasta septiembre de 2016 sufrieron un incremento en el IBI de 982 euros de media cada uno, de los que 731 euros corresponden a atrasos y el resto a la cuota de 2017. Y ello supone 1,1 millones más de ingresos para las arcas del consistorio. Si la cifra se multiplica por 31, que es por lo que se ha multiplicado el número de notificaciones en el último año, la cifra ya comienza a ser importante. Como también lo es el espectacular aumento de notificaciones registrado entre septiembre de 2016 y agosto de 2017.

Aumento del valor

Un dato importante para entender estas elevaciones del impuesto es que, de acuerdo con la información de la Gerencia del Catastro, los 35.266 inmuebles notificados han visto crecer en total su valor catastral en 2.719 millones de euros, lo que da una media de 77.050 euros por inmueble. Con ello, hay edificios en algunos distritos céntricos de Madrid a los que se les ha subido hasta un 94% el valor catastral oficial, que es el que se usa para el cálculo de la cuota del IBI.

Los administradores de fincas se quejan, además, de la falta de seguimiento e información del proceso por parte de la Agencia Tributaria de Madrid, así como de las empresas encargadas de realizar los trabajos para informar al catastro y al ayuntamiento. Se da la circunstancia de que la compañía adjudicataria de dicha función es la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa), que es una es una sociedad estatal mercantil, que ganó cinco millones de euros en 2016 y que es propiedad 100% del Estado español a través de la Dirección General del Patrimonio, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad. Segipsa, a su vez, ha subcontratado a otras seis empresas para desarrollar el trabajo de campo. 

Investigación. Begoña Villacís, de Ciudadanos, ha logrado que el Ayuntamiento dé los datos. Foto: Gtres

Más dinero. El Ayuntamiento de Madrid logra más dinero cuanto más sube el valor de los inmuebles. Foto: O. Scarff/Getty

Las obras obligadas por una inspección técnica no se consideran de mejora. Foto: A. Catalán