Sin avances en las pensiones

En teoría, para antes de verano tenía que haber redactado algún documento de propuestas dentro de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo para garantizar la sostenibilidad de las pensiones públicas en España. A día de hoy, dicho órgano parlamentario no tiene programadas actividades y julio es mes no hábil en el Congreso de los Diputados. De forma extraoficial, algunos agentes sociales e instituciones han ido realizando propuestas públicas como la del líder de UGT, Pepe Álvarez, que pidió hace pocas fechas que los robots instalados en las fábricas paguen cotizaciones a la Seguridad Social.

Desde el Gobierno se quita hierro al asunto y se mantiene que las pensiones están garantizadas en cualquier caso y que el propio crecimiento del empleo, con la meta de llegar a 20 millones de cotizantes al final de la presente legislatura, arreglará por sí solo el déficit de la Seguridad Social, aunque desde el Ministerio de Empleo se pide a los agentes sociales la elaboración de un acuerdo que garantice las pensiones más allá de 2050.

En la comunicación de España a la Comisión Europea con el plan de estabilidad presupuestaria, el Ejecutivo reconoce que este año 2017 la Seguridad Social volverá a generar un déficit de 18.609 millones de euros, que serán cubiertos en una parte por el Fondo de Reserva y en otra por un préstamo del Estado a la Seguridad Social por importe de 10.192 millones para poder atender sin problemas el abono de las pagas extras a los pensionistas.

Esta participación de los Presupuestos Generales del Estado en la financiación de la Seguridad Social es un debate que sigue abierto. Como señala Anna Campos, del departamento de Macroeconomía de CaixaBank, “en la medida en que determinadas pensiones que se financian ahora a través de cotizaciones sociales tienen más bien un carácter asistencial, sería razonable pensar que estas últimas podrían financiarse a través de los Presupuestos Generales, y formar parte de las denominadas pensiones no contributivas”.

“En este sentido –añade esta experta–, sería posible restringir el concepto de pensión contributiva a las pensiones de jubilación, que en la actualidad representan el 71% del total del gasto en pensiones contributivas, y financiar el resto de pensiones (viudedad y orfandad, esencialmente) a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Eso permitiría disminuir la carga actual de gasto del Sistema de Seguridad Social en aproximadamente 20.000 millones de euros”.

Esta economista insiste, sin embargo, en que traspasar el gasto de un presupuesto a otro no arregla el problema de fondo y propone, además, otras alternativas, como la lucha contra el fraude fiscal, “redoblando los esfuerzos en minimizar la economía sumergida, que en España se estima alrededor del 18,5% del PIB, muy por encima de Alemania (13,3%), Francia (10,8%) o el Reino Unido (9,6%). Una reducción de la economía sumergida en España hasta los niveles de Alemania permitiría hacer aflorar una recaudación de entre 17.000 y 20.000 millones de euros, cifra similar al déficit actual de la Seguridad Social”.

En el trasfondo de este problema sobresale una cuestión demográfica. Según Josep Mestres, economista también de CaixaBank, “el aumento de la esperanza de vida desde la implementación del primer sistema público de pensiones en España, el Retiro Obrero Obligatorio de 1919, ha sido muy significativo. En aquel entonces la esperanza de vida al nacer era de 42 años para las mujeres y de 40 para los hombres, y apenas un tercio de cada generación llegaba a los 65 años, la edad a la que se estableció la jubilación. En 2015, la esperanza de vida en España alcanzó los 85 años para las mujeres y los 80 años para los hombres”. Esta mayor longevidad alarga también el número de años durante el que los jubilados cobrarán su pensión e incrementa el gasto.

Revalorización

Y mientras los datos inspiran a los servicios de estudios a proponer soluciones, los agentes sociales se encuentran atascados en una cuestión más perentoria, como es la revalorización de las pensiones. La reforma introducida en 2013 por el PP para limar algunos aspectos de la que ya hizo el PSOE en 2011 introdujo, entre otras cosas, un nuevo índice de revalorización, que vincula la subida de las pensiones a la marcha del sistema de la Seguridad Social, de modo que cuando hay déficit la subida es del 0,25%, sea cual sea el nivel de inflación. Si los precios suben mucho, las pensiones pierden poder adquisitivo.

En este sentido, desde UGT se señala que para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones es necesario derogar la reforma de 2013 “que introduce el índice de revalorización de las pensiones y el factor de sostenibilidad”, algo que según este sindicato, “mermará el poder adquisitivo de los pensionistas entre un 35% y un 40%”. Ese factor de sostenibilidad, que comenzará a aplicarse en 2019 y que se revisará cada cinco años, entrará en vigor en 2019. Con él se introduce la esperanza de vida como una nueva variable en el cálculo de la base de la pensión. Algunos expertos consideran que esta primera revisión a realizar en 2019 reducirá las pensiones a partir de ese año en cerca del 0,5%.

Otros agentes, como la patronal de los fondos de inversión y pensiones (Inverco), también han realizado alguna propuesta. En este caso concreto, los gestores de fondos insisten en el traspaso progresivo de las contingencias no laborales, como pueden ser las pensiones de viudedad y de orfandad, a los Presupuestos Generales del Estado y proponen además instaurar un sistema de capitalización con aportaciones del 2% del salario por las empresas y otro 2% por los trabajadores, que integraría un fondo de jubilación al que los trabajadores quedarían adscritos por defecto.