La batalla judicial del Popular

19 / 07 / 2017 Miguel Cifuentes
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Los accionistas del banco liquidado que han perdido todo su dinero empiezan a acudir a los juzgados para recuperarlo.

El chileno Andronico Luksic en un acto del World Economic Forum. Foto: Benetti/GETTY

La liquidación de Banco Popular desatará la mayor guerra judicial declarada en España por un escándalo bancario. Unos 30.000 accionistas, bonistas y tenedores de deuda subordinada del Popular, cerca del 10% del accionariado, según cálculos de algunos bufetes implicados en el caso, se querellarán en España y en Europa. Demandarán a los antiguos presidentes del banco, Ángel Ron y Emilio Saracho, a la auditora Price Waterhouse, a la autoridad europea de resolución bancaria (RSU), al FROB, y subsidiariamente al Banco Santander.

Algunos accionistas irán también contra el Banco de España y a la CNMV (la autoridad de bolsa) por negligencia y dejación de funciones al avalar las cuentas del banco hasta 2016 y no hacer nada durante ocho meses, mientras se especulaba en bolsa contra el valor por parte de fondos bajistas. Llegó a estar en manos de bajistas más del 13% del capital del  Popular y la CNMV no hizo nada cuando los bajistas llegaron a hundir el valor un 20% en dos días, justo la semana anterior a la resolución del banco. Sin embargo, la CNMV luego suspendió un mes la cotización de Liberbank cuando, a los pocos días, los bajistas hundieron la acción del banco asturiano.

Accionistas millonarios como el chileno Andronico Luksic y el mexicano Antonio del Valle, y fondos internacionales como Pimco (la mayor gestora de deuda del mundo), Anchorage Capital, Ronit Capital y Algebris van a dar la batalla para recuperar su dinero. Incluso un fondo americano como Elliot, experto en financiar grandes litigios, va a entrar en esta guerra judicial. Familias accionistas tradicionales del banco como los Domecq, Mora-Figueroa, Revoredo (dueños de Prosegur), Martínez Echevarría (El Corte Inglés), Sendagorta (grupo industrial Sener), agrupados en la Sindicatura de Accionistas, que era el primer accionistas, con el 9,3% del capital del banco, van a ir a por todas.

El destrozo ha sido tal para estas familias, agrupadas en la Unión Europea de Inversiones, la sociedad mercantil tenedora de sus acciones del Popular, que han tenido que liquidar esta sociedad al carecer de patrimonio y objeto social. Pero estas familias aristocráticas no perdonan y han encargado a sus liquidadores que “realicen cuantas acciones jurídicas sean necesarias para recuperar la inversión”. Todos ellos creen que  se les ha “incautado o expropiado su inversión en un procedimiento oscuro y poco transparente”, con clara indefensión de los accionistas y bonistas del banco. Tal actuación del organismo europeo se produjo en la madrugada del 7 de junio pasado, tras un misterioso informe de la auditora Deloitte, con una valoración negativa, con una horquilla de valoración negativa del Popular entre 2.000 y 8.000 millones de euros, “un rango escandaloso, que debe justificarse”.

La cifra es insólita ya que unos días antes el Popular valía en bolsa más de 1.500 millones. Lo dice el abogado Javier Cremades, fundador del bufete Cremades & Calvo-Sotelo, que puso una demanda al día siguiente de la resolución del banco y que encabeza a un grupo de bufetes coordinados en la presentación de miles de demandas. Estos argumentos los comparte la mayoría de los bufetes en liza, una docena hasta el momento, por toda España. 

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Félix Revuelta, presidente de Naturhouse. Foto: Diego Carrasco

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El mexicano Antonio del Valle recibe un premio de marca España. Foto: M. Guzmán/EFE

La guerra judicial

Cremades ha iniciado la guerra judicial en representación de 1.200 accionistas de Banco Popular y de la AEMEC (Asociación de Accionistas de Empresas Cotizadas). En su opinión, el Popular ha sido liquidado con un procedimiento plagado de irregularidades y sospechosas circunstancias que han hecho perder su inversión  a 305.000 accionistas, más los miles de bonistas y tenedores de deuda subordinada, algunos tan poderosos como Pimco, el mayor fondo de deuda mundial, pillado con 270 millones en bonos del Popular.

Todos los bufetes implicados en el caso Popular confirman a TIEMPO que los recursos irán contra el FROB ante la Audiencia Nacional  y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra el Mecanismo Único de Resolución Bancaria. Lo han hecho con urgencia, tienen solo dos meses de plazo para recurrir en vía administrativa, por tanto hasta el 7 de agosto. “Demandamos judicialmente, primero en vía administrativa, a los dos órganos que liquidaron el Popular, el organismo de resolución europea y  el brazo ejecutor en España de la medida, que es el FROB. Queremos explicaciones sobre si se ha hecho conforme a las reglas de resolución y conocer el documento en que se basó la decisión”, dice Ignacio Ferrer Bonsoms, del bufete Ferrer Bonsoms& Sanjurjo, que va a representar a 115 accionistas del banco.  La vía civil queda para una segunda oleada si falla el recurso  en vía administrativa, y en este caso se pedirían daños y perjuicios en los juzgados ordinarios, como en los casos de las preferentes bancarias  y el caso de la salida a bolsa de Bankia.

Los bufetes Cremades & Calvo-Sotelo y Roca y Asociados utilizarán los mismos recursos. Si tiran abajo la resolución del banco se abre campo para recuperar el dinero de los accionistas. Fuentes del bufete Roca  señalan que “este caso es muy nuevo, es la primera vez que el Mecanismo Europeo de Resolución se pone en funcionamiento y es la primera vez que se recurren sus resoluciones, pero en Derecho todo está abierto y una decisión mal ejecutada será declarada nula de pleno derecho”.

Otros bufetes como Duran&Durán y Altalex abren el abanico (además de contra el FROB  y el Mecanismo Europe de Resolución) con recursos y demandas civiles, penales y mercantiles, contra los antiguos gestores del Popular, la auditora Price Waterhouse, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, responsables todos de avalar las cuentas del banco en sus dos ampliaciones de capital, y por tanto de “engañar a los accionistas y bonistas con una solvencia que no era tal”. Un ejército de abogados en Madrid, Barcelona, Nueva York y Londres demandarán a todos los responsables del banco y a las autoridades de supervisión y resolución europeas, que resolvieron y vendieron el sexto banco de España la madrugada del 7 de junio. “Estamos ante un montón de extrañas circunstancias: gestores que ocultan las cuentas reales de una entidad bancaria, connivencias y negligencias de autoridades y supervisores bancarios, conductas sospechosas de auditores oficiales y contratados eventuales para avalar con extraños cálculos la resolución de un banco, abusos de  mercado y manipulaciones en bolsa. Estamos en presencia de  dos o tres delitos”, dice un exjuez, abogado penalista en un importante bufete de Madrid. 

Accionistas arruinados

“Dejar sin nada a 305.000 personas al dar valor cero a sus acciones, un banco que tenía unos recursos propios de 11.000 millones, arruinar a centenares de miles de personas, el 60% con inversiones  medias de 15.000 a 30.000 euros, cuando hasta un mes antes el Gobierno y el Banco de España garantizaban la solvencia del Banco Popular, es muy grave y exige una reparación”, señalan en el bufete Cremades & Calvo-Sotelo. Este despacho ha recibido el encargo de la Sindicatura de Accionistas del Popular, que detentaba el 9,3 del capital del banco, y era el primer accionista,  de estudiar  una demanda ante el Tribunal de Justicia de la UE contra la Junta Única de Resolución del BCE, el órgano que dictó la resolución y venta del banco, y contra el FROB, como brazo ejecutor de la Junta Única de Resolución en España.

“Conseguir que se condene a los organismos de resolución bancaria europeos es difícil, pero no imposible, el Tribunal de Justicia de la UE ha dictado sentencias en las cláusulas suelo de las hipotecas en España, y ha cambiado la abusiva normativa bancaria. Hay precedentes, tenemos el precedente de Bankia, que ha renunciado a pleitear y ha pagado a accionistas y preferentistas sin rechistar”, dicen en este bufete.

La lluvia de demandas la encabeza el accionista Félix Revuelta, presidente y fundador de Naturhouse, la cadena de tiendas de nutrición y dietética. Le acompañan en la demanda otros 4.000 accionistas. Se dirige contra el anterior presidente del banco, Ángel Ron, y el último, Emilio Saracho. Revuelta ha perdido 44 millones de euros en el Popular ya que tenía tres millones de acciones. El empresario burgalés, residente en Barcelona, quiere que la pensión de Ron, dotada por el Popular con 24 millones, vaya a reparar daños y perjuicios de los accionistas. 

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 Jorge Sendagorta, presidente de Sener. Foto: GTRES

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Elena Revoredo y su hijo, Christian Gut Revoredo, dueños de Prosegur. Foto: Ballesteros/EFE

La vía de Bankia

Antonio del Valle, accionista mexicano que detentaba el 4,3% del capital de Popular, ha perdido 550 millones de euros y ha anunciado demandas contra Ron y Saracho. Ha encargado a Ontier, bufete de Bernardo Gutiérrez de la Roza y de Adolfo Suárez Illana, la presentación de demandas contra el FROB y la Junta Única de Resolución del Banco Central Europeo, que liquidó el Popular y lo vendió por un euro al Banco de Santander. También demandará el multimillonario chileno Andronico Luksic, que tiene un 3,4% de la entidad y ha perdido su inversión, valorada en 113 millones de euros. La defensa la lleva el bufete Roca Junyent de Barcelona, que alega la “desproporción de la medida resolutoria del banco, nula de pleno derecho”. Hay otra demanda presentada por la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), por “falsedad contable”. Un grupo de empresarios de Barcelona, accionistas del banco, preparan una demanda civil y cuatro bufetes  de Nueva York, expertos en demandas colectivas (class actions) activarán acciones judiciales contra el Popular por haber “contravenido las normas de la SEC [la Bolsa de Nueva York]” en la última ampliación de capital de mayo de 2016.

Bufetes como Navas&Cusi, Lean Abogados, Roca&Asociados, Jausas, Arriaga, Rosales, Legálitas, están recibiendo encargos de demandar a los gestores del banco y/o a las autoridades responsables de lo que llaman “incautación o expropiación de sus acciones a valor cero”. Estos bufetes trabajan a “tarifa de éxito” (cobran del 10% al 30%  de lo que consigan) y recomiendan a accionistas que acudieron a la ampliación de capital de mayo de 2016, que presenten demandas civiles, no penales. El bufete Ferrer Bosnoms&Sanjurjo recomienda la vía civil tras la experiencia con Bankia, que frenó cualquier negociación en vía civil ante las demandas penales. La entidad de Ignacio Goirigolzarri pagó a los accionistas y los preferentistas, a todos los que retiraron demandas y negociaron.

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En el foco. Los bufetes de abogados centran sus demandas judiciales en los dos últimos presidentes del Banco Popular: Ángel Ron (arriba) y Emilio Saracho (abajo). Fotos: J.L. Roca/Reuters

Compensación

El Banco Santander, a la defensiva

El Banco Santander se prepara para una avalancha de demandas de accionistas del Popular. La entidad de Ana Botín podría ofrecer “alguna compensación” a los accionistas-clientes del Banco Popular que acudieron a la segunda ampliación de capital por valor de 2.505 millones, en junio de 2016. Les compensaría con un bono u otro producto financiero a cambio de vinculación con el banco. No es una mala política ya que el 80% de los accionistas eran clientes.  

Lo hace ante el riesgo reputacional de una avalancha de demandas, que pueden caerle encima como responsable civil, al haber comprado todos los activos y pasivos del Banco Popular. No sería bueno para el Banco Santander que 300.000 accionistas arruinados le pongan decenas de miles de demandas. 

“Le conviene conservarlos como clientes. Y además ya sabe el coste y desgaste de estos procesos en EEUU e Inglaterra, donde ha tenido otros pleitos en años anteriores y ha optado siempre por pagar en la mayoría de los casos”, dicen en un gran bufete mercantilista. El Santander ya ha hecho una provisión de unos 1.000 millones para afrontar reclamaciones, dentro de la ampliación de capital de 7.022 millones de euros, que está abierta hasta el próximo 20 de julio”.

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COMENTARIOS

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