Bankia y el año del “pato cojo”

El proceso de privatización de Bankia cogerá velocidad de crucero después del próximo verano, cuando la operación de fusión con Banco Mare Nostrum (BMN) haya recibido todas las bendiciones oficiales. Esta absorción de BMN por Bankia está previsto que tenga luz verde en julio. Dado que en principio se realizará mediante un canje de acciones, estará lista en muy poco tiempo y las cuestiones técnicas de la integración no tienen por qué interrumpir después el inicio de la vuelta del banco resultante al sector privado. Lo que sí tienen claro en el Ministerio de Economía es que todo tiene que haber acabado antes de que el actual Gobierno entre en su último año de mandato. La línea roja está, pues, en junio de 2019, dos años justos después de la fusión Bankia-BMN.

“El último año de Gobierno suele convertirse en una especie de campaña electoral adelantada y en ese ambiente es muy difícil conducir con cierto éxito un proceso como el de devolver al sector privado nada menos que al cuarto banco por activos en España”. Esa es la opinión de un alto directivo del sector financiero que, según fuentes conocedoras del proceso consultadas por TIEMPO, coinciden casi letra por letra con la que mantiene el ministro de Economía, Luis de Guindos.

Fue el propio De Guindos el que en diciembre del pasado año llevó al Consejo de Ministros un real decreto que ampliaba el plazo de privatización de Bankia y BMN hasta diciembre de 2019 y marzo de 2020, respectivamente. Eso suponía dar dos años más de plazo, para, según decía entonces el titular de Economía, realizar la venta “en el mejor momento”, que no es precisamente ahora, después de varios ejercicios de severo castigo a la banca en sus cotizaciones bursátiles.

La política ha vuelto a cruzarse en el camino de Bankia. No porque en sus órganos de gobierno haya políticos, ya que son absolutamente profesionales, sino porque las ideas que los distintos partidos tienen sobre el futuro de este banco son muy dispares. Desde el PP y al menos en la actual postura oficial del PSOE, así como en Ciudadanos, se apuesta por la privatización como método para recuperar todo lo que se pueda de las ayudas absorbidas por Bankia y BMN, aunque algunos en el PSOE estarían más cerca de las posiciones de Podemos, que apuesta claramente por mantener a Bankia como un banco estatal dedicado más a banca social, sin importar los beneficios ni el coste, que a hacer banca.

“Esta postura –señalan las fuentes consultadas– es muy peligrosa, porque los bancos, por muy públicos que sean, son bancos y tienen que cumplir unas normas de solvencia. Si dedicamos Bankia a dar préstamos sociales sin beneficio y sin mirar el riesgo ni la morosidad, se convierte en un agujero para el sistema que tiene que ir tapándose periódicamente con fondos públicos. Para la acción social ya están las ayudas de las administraciones, que tienen que ser canalizadas sin poner en riesgo la solvencia del sistema financiero”.

Con la normativa actual, la venta de participaciones de Bankia depende en exclusiva del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), donde el Gobierno tiene una influencia decisiva. Aunque formalmente el presidente de este organismo es propuesto por el Consejo de Ministros, su nombramiento pasa por el Congreso de los Diputados y tiene un mandato casi blindado de cinco años no renovable para burlar la tentación de que el Gobierno de turno lo cese, lo cierto es que en el FROB manda el Ejecutivo.

Quién manda

En la actualidad, el FROB está gobernado y administrado por una Comisión Rectora integrada por once miembros: el presidente; cuatro miembros designados por el Banco de España, uno de los cuales es el subgobernador, que ostenta la vicepresidencia primera de la comisión; tres representantes del Ministerio de Economía y Competitividad, designados por el ministro, con al menos rango de director general; el vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV); y dos representantes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, designados por el ministro, con al menos rango de director general.

Si se hace la suma, se ve cómo los ministros de Economía y Hacienda nombran directamente a seis de los once vocales de la Comisión Rectora del FROB, con lo que el Gobierno tiene asegurada la mayoría. El titular de Economía, Luis de Guindos, ya ha dicho que el Ejecutivo se va a mantener absolutamente neutral en el proceso de fusión de Bankia y BMN, y que toda la labor del Gobierno en este caso va encaminada a recuperar la mayor parte posible de las ayudas recibidas por ambos bancos.

En cifras concretas, Bankia recibió en su día 22.424 millones de euros en ayudas públicas, de las cuales ha devuelto 1.626 millones por la privatización parcial de un 7,5% del capital en febrero de 2014 y los dividendos de la entidad embolsados por el Estado. Quedan, pues, 20.798 millones por recuperar, que se reducirán en 209 millones una vez que la entidad reparta el dividendo con cargo al beneficio de 2016. BMN, por su parte, tiene concedidas ayudas públicas por valor de 1.645 millones de euros y el proceso de venta individual que emprendió el FROB solo le permitía embolsarse 690 millones por su privatización en solitario. De ahí que este organismo optara por su fusión con Bankia.

Prácticamente todos los analistas coinciden en que el año en el que más comenzará a notarse el beneficio añadido en el banco resultante de la fusión Bankia-BMN será 2019. Pero también coinciden en que será prácticamente imposible que alcance para esa fecha un precio en bolsa capaz de permitir al FROB recuperar todas las ayudas con la venta a inversores privados del 66% que tiene en la entidad (ver recuadro).