18 de febrero de 2011

Con motivo del 30º aniversario del golpe de Estado del 23-F, Tiempo publicó un suplemento especial de 68 páginas en el que se incluían varias exclusivas, como los informes secretos elaborados por el Congreso de los Diputados sobre la ocupación de la Cámara, que no habían visto la luz. El periodista Antonio Rodríguez fue quien los consiguió.

El 17 de marzo de 1981 se produjo un hecho insólito en el Congreso de los Diputados que no se ha vuelto a repetir en ninguna otra legislatura de la democracia: la Cámara Baja celebró aquel día un pleno monográfico sobre el 23-F a puerta cerrada, sin cámaras de televisión, fotógrafos ni invitados. El hemiciclo tenía aún visibles las heridas que habían dejado los hombres del teniente coronel Antonio Tejero en su bóveda y las señorías que asistieron a dicha sesión secreta, todavía traumatizados por los acontecimientos vividos unas semanas antes, durante la sesión de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo, pudieron escuchar la primera explicación oficial, precisa y fidedigna de la intentona golpista por boca del ministro de Defensa, Alberto Oliart.

Treinta años después, Tiempo ha tenido acceso al relato taquigráfico de aquella sesión secreta, así como al resto de documentos relacionados con el 23-F que están depositados en una caja fuerte del Parlamento y que no son de consulta pública, entre los que destacan los informes que redactaron los secretarios de la Mesa y los responsables de seguridad del edificio sobre lo sucedido durante la ocupación del Congreso, además de un detalladísimo inventario, entre otras curiosidades, de lo que se consumió en las cafeterías durante aquellas horas.

El informe de Oliart es muy interesante por lo prolijo del relato, apenas tres semanas después del golpe, y las conclusiones a las que llegó el Gobierno de aquella época, que no difieren de lo que luego dictaron los tribunales en las condenas a los acusados. El por entonces ministro subrayó desde el inicio que la asonada “sufrió un adelanto forzado en la fecha de su ejecución” ya que la inesperada dimisión de Adolfo Suárez cogió a los golpistas con el pie cambiado.

“Sus principales autores antepusieron la seguridad a la eficacia –prosigue Oliart–, y buscaron esa seguridad en la participación como tales autores principales de muy pocas personas, hasta el mismo día del golpe”. Ello explicaría, según el ministro, que la conjura no fuera detectada a tiempo por los servicios de información con los que contaba el Gobierno, en un intento por librar de toda culpa al Ejecutivo de Adolfo Suárez. No obstante, hubo “un seguimiento, desde hacía algún tiempo, de determinados indicios de una conspiración”, aunque no los enumera y únicamente se centra en los comentarios anónimos que se vertían en el diario ultraderechista
 El Alcázar bajo el nombre en clave de Almendros.

El ministro de Defensa hizo hincapié en que los responsables de la sublevación “partieron de la convicción gratuita” de que se produciría una “reacción en cadena” en las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad del Estado –algo que pudo ocurrir de no ser por la temprana oposición de La Zarzuela– y que no contaron con la “enérgica e inequívoca” actitud del Rey, quien “destruyó” el efecto causado en un primer momento por los golpistas por la utilización del nombre del monarca, “de forma dolosa”, para que la gente se sumase al golpe. De las horas previas a la ocupación del Congreso se destaca que varios tenientes próximos a Tejero engañaron a sus subordinados al pedir voluntarios para subirse a los seis autobuses comprados por la trama e “intervenir en una acción antiterrorista”. De los 288 guardias que entraron en el Congreso siguiendo los pasos de Tejero, solo se quedaron 220 –“la mayoría de ellos confusos, dudosos y temerosos”– cuando el director de la Benemérita, el general Aramburu Topete, se presentó a los pocos minutos para intentar parar aquel sinsentido.

A las 18.45 de la tarde se produce el primer contratiempo para los golpistas cuando el secretario general de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campo, aclara al responsable directo de la División Acorazada Brunete, el general José Juste, que Alfonso Armada “ni se encuentra allí ni le esperan para nada”. Oliart adjudica el entrecomillado a Fernández Campo, lo que vendría a corregir una de las frases más recordadas de aquel día (“Ni está ni se le espera”), tal y como puntualizaba Fernández Campo en sus últimos años de vida cada vez que se le preguntaba por ello.

Una vez constituido el Gobierno en funciones presidido por el director para la Seguridad Nacional, Francisco Laína, a las 19.50 de la tarde, es cuando se inicia el contragolpe propiamente dicho, que queda encauzado definitivamente a las 01.23 de la madrugada, cuando tiene lugar el mensaje televisado de don Juan Carlos, “de dos minutos de duración y que ha sido grabado entre las 11.30 y las 00.26”. 

Reunión clave

Unos minutos después, a las 01.35, se produce una reunión clave entre Laína y Armada en la que también están presentes el subsecretario de Interior, Luis Sánchez-Harguindey, y el gobernador civil en la región de Madrid, Mariano Nicolás. El general golpista acababa de pasar casi una hora con Tejero en el Congreso, sin que pudiera convencerle de que le dejase proponer a los diputados un Gobierno de concentración dirigido por él y con representantes de todos los partidos políticos. Al llegar al hotel Palace, Armada se entera del contenido del mensaje del monarca y se pone irremediablemente del lado de los golpistas cuando advierte a Laína, Sánchez-Harguindey y Nicolás de que “el Rey se ha equivocado” y que con su alocución a los españoles “ha comprometido a la Corona, divorciándose de las Fuerzas Armadas”. No contento con ello, el general subraya que la asonada es “un asunto militar” que tienen que resolver los propios militares y que, por tanto, “hay que buscar una solución”. Oliart resalta la negativa de Laína a aceptar la vía “anticonstitucional” sugerida por Armada, quien en ese momento “comprende que no hay la menor esperanza de que su propuesta a Tejero para constituir un Gobierno de emergencia presidido por él prospere”. Hacia las 05.00 de la mañana se produce otro de los momentos más controvertidos de la noche, cuando en el equipo de Laína se plantea la posibilidad de un asalto al Congreso para liberar por la fuerza a los diputados retenidos. A tenor de las palabras de Oliart, la intervención tuvo visos de realidad ya que el ministro precisa que aquella noche “se decidió que, en caso de una intervención violenta, fuesen los GEO de la Policía Nacional quienes lo realizaran con el fin de evitar el enfrentamiento entre compañeros de la misma Guardia Civil”.

Por último, el entonces ministro de Defensa relató quiénes estaban siendo investigados en aquel momento: 114 personas aparecían citadas en conversaciones que habían sido grabadas por el Gobierno de Francisco Laína, a las que se sumaban 127 miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y 23 civiles. En el posterior macrojuicio solo se encausó a 33 responsables.

El papel del embajador

EEUU se olía la asonada

Era una de las preguntas que los historiadores aún se hacían sobre el 23-F. Mientras que al ideólogo de la asonada, el general Alfonso Armada, se le cerraron las puertas de La Zarzuela solo 15 minutos después de que Antonio Tejero hubiese entrado en el Congreso, hubo otra persona que unas horas más tarde sí que pudo entrar en el recinto palaciego: el entonces embajador estadounidense en Madrid, Terence Todman, según ha revelado a Tiempo un militar, exmiembro de la Guardia Real, que pasó en La Zarzuela aquellas horas de tensión, frío e involución democrática.

Se sabía que Todman abandonó la embajada aquel 23-F ya de noche cerrada en su coche oficial de cristales tintados, fuertemente escoltado y con la bandera de EEUU ondeando en el frontal del vehículo como salvoconducto para cruzar los controles militares que se pudiese encontrar por las calles de Madrid. Pero hasta ahora era un misterio el lugar al que se dirigió. 

La actitud de Estados Unidos durante el 23-F ha sido duramente criticada por aquellos que han analizado el golpe de Estado, ya que Washington mantuvo una sospechosa actitud neutral desde que el teniente coronel Tejero entró por las bravas en el Parlamento. ¿Por qué? Básicamente, porque la Administración estadounidense de Ronald Reagan conocía muchos detalles.

El embajador Todman era el representante de EEUU durante el 23-F