La expulsión de inmigrantes lastraría la economía estadounidense

A menudo, son estos "ilegales" quienes realizan los trabajos más duros y peor pagados que los locales no quieren llevar a cabo. No en vano, ese ha sido uno de los motivos por los que hasta ahora en Estados Unidos las expulsiones siempre se han llevado a cabo con sumo cuidado.

"La mitad de los trabajadores del sector lácteo son inmigrantes y los daños que se originarían sin ellos irían mucho más allá de las granjas", advertían desde la patronal de productores de leche (NMPF) ya a comienzos de la campaña electoral. 

Según una investigación encargada por la NMPF, la pérdida de trabajadores inmigrantes en el sector elevaría a casi el doble el precio de la leche en el comercio minorista y costaría a la economía estadounidense 32.000 millones de dólares en pérdida de producción, además de unos 208.000 empleos.

Aunque el estudio no distinguía entre inmigrantes con permiso de residencia o sin él, el 71 por ciento de los empleadores encuestados confesó tener poca o relativa confianza en la veracidad de los documentos presentados por sus empleados. 

De acuerdo con el instituto de investigación PEW, los inmigrantes sin documentación en regla suponen un 26 por ciento de los trabajadores del sector agrícola y un 15 por ciento de los de la construcción. Ambos sectores, seguidos del ocio y la hostelería, son los que más dependen de esta mano de obra. 

El secretario de Seguridad Nacional de Trump, John Kelly, por ahora sólo ha instado a las autoridades a expulsar a los inmigrantes sin papeles que hayan sido condenados, acusados por un delito o culpables de una infracción. 

Según el portavoz del Gobierno, Sean Spicer, su objetivo no son las deportaciones en masa. Aunque el hecho de que ahora también estén en el punto de mira los inmigrantes implicados en casos de fraude o estafa en el disfrute de las prestaciones sociales abre un nuevo capítulo de inseguridad.

También el predecesor de Trump en la Casa Blanca, Barack Obama, arremetió con dureza contra los inmigrantes indocumentados que habían delinquido, pero la Administración demócrata se concentró en los casos más graves. Ahora, el grupo aumenta notablemente.

Además, las nuevas directivas permiten en caso de duda un juicio sumarísimo, critica Marielena Hincapié, directora del National Inmigration Law Center. Según esta organización defensora de los derechos humanos, los criterios se han ampliado tanto que, en la práctica, casi cualquier inmigrante podría ser expulsado de manera arbitraria.

¿Cómo conjugar esto con el ambicioso objetivo de Trump de elevar el crecimiento económico anual del 1,9 por ciento al 3,5 o cuatro por ciento y crear 25 millones de empleos en los próximos diez años? Durante la campaña, el millonario magnate lo planteó como si los alrededor de 11 millones de inmigrantes indocumentados robaran los empleos a los estadounidenses y presionaran con sus bajos salarios.

Sin embargo, hay varios estudios que arrojan dudas sobre esta tesis. Entre otros, el instituto de investigación National Bureau of Economic Research concluye que la expulsión de los inmigrantes sin papeles sería nociva para la economía estadounidense.

"La idea de que los inmigrantes roban el empleo a los estadounidenses es simple y llanamente falsa", sostiene también Randy Mooney, de la patronal láctea NMPF. Los productores de leche han intentado con escaso éxito que los puestos que ofrecían los ocuparan estadounidenses, y eso teniendo en cuenta que el sueldo es bastante mayor que el salario mínimo.

Prueba de lo extendida que está en el país la contratación de inmigrantes indocumentados fue también la formación del propio gabinete de Trump: el secretario de Economía, Wilbur Ross, y Andrew Puzder, candidato fallido a secretario de Empleo, tuvieron que reconocer que tenían contratados a trabajadores en casa sin los papeles en regla. 

Para subrayar el flaco servicio que las expulsiones harían a la economía del país, la revista "Businessweek" arremetía recientemente contra el plan de Trump de construir un muro en la frontera con México. Aproximadamente la mitad de los trabajadores de la construcción en Texas son inmigrantes indocumentados y la tasa de desempleo en el sector es del 4,5 por ciento, la más baja en diez años.

"Si quiere construir un muro con trabajadores legales, lo va a tener difícil", señala Stan Marek, de la constructora Marek Brothers, citado en la publicación. "Hay una escasez real de mano de obra legal".