Jubilados a la fuerza

Me indigna que a uno de los médicos más prestigiosos de mi hospital de referencia le hayan jubilado de manera forzosa tras cuatro décadas en la sanidad pública. El mismo día que cumplió la edad reglamentaria tuvo que dejar obligatoriamente la jefatura de servicio y abandonar su lugar de trabajo. Habrá quien no comparta mi indignación, considere que es bueno amortizar los puestos de trabajo de los veteranos, e incluso elogie el artículo de la ley de medidas fiscales y administrativas que muchos consideran discriminatorio por razones de edad. El médico jubilado al que me refiero intentó prolongar su vida laboral durante un año más, reclamando a la dirección del hospital un informe favorable sobre su actividad, pero se limitaron a dar por respuesta una gélida notificación burocrática: “Tras elaborar el informe para valorar su continuidad, le informamos que no cumple los requisitos. Su plaza ya se ha cubierto”. Ni un leve gesto de gratitud por los servicios prestados. Los colegios de médicos advierten que los más veteranos, especialmente en el sistema sanitario, aportan conocimientos y habilidades adquiridas a través de la casuística a lo largo de muchos años. Por eso piden que, a la hora de emitir informes para quienes solicitan una prórroga, ya que no existen argumentos objetivos para concederla o denegarla, aporten una valoración profesional que avale su trayectoria personal.

Los hospitales públicos llevan más de 20 años gestionados por intereses empresariales y administrativos que, en vez de primar el conocimiento y la calidad, se limitan a generar una cultura de la competitividad y solo se rigen en función del coste y beneficio. Una de las peores consecuencias es que la Administración se ha deshecho de una generación de médicos de especial relevancia. Se prescinde de la mayoría, sobre todo, por razones mercantiles. La crisis económica se ha ensañado con estos facultativos, porque son los más caros del sistema, aunque solo sea por el hecho de acumular trienios y ocupar jefaturas. Alguno de los afectados ha tenido que escuchar argumentos aún más crueles como que sus iniciativas forman parte del pasado y hay que dar paso a quienes pueden aportar ideas más novedosas. Las plantillas se reducen en la misma medida que aumenta la población con derecho a asistencia sanitaria. Las ofertas de empleo público de los últimos años no han sido suficientes para compensar las bajas por jubilación. Es un despilfarro que la sanidad pública prescinda de la valiosa experiencia de personas en plenitud de facultades, con premios y distinciones científicas, un magnífico expediente profesional, inquietudes profesionales y ganas de seguir trabajando. Un problema más que contribuye al deterioro de la sanidad pública y al aumento de las protestas ciudadanas.