El as en la manga

La lentitud de los procesos judiciales siempre provoca una insoportable sensación de impunidad. No digo que sea fácil demostrar la culpabilidad de algunos personajes que logran retrasar la investigación gracias a los buenos oficios de sus abogados. Hay jueces que trabajan sin descanso y se esfuerzan hasta la extenuación para instruir sumarios por encima de sus posibilidades, pero no tienen más remedio que respetar la presunción de inocencia y evitar los atajos si no quieren acabar fuera de la carrera, como algunos de sus colegas más emblemáticos. Para llegar a buen puerto hay que contar con las técnicas dilatorias de la defensa de los procesados.

El caso es que muchos presuntos culpables terminan eludiendo la justicia por la prescripción de unos delitos que quedan impunes. Todo este preámbulo tan previsible viene a cuento por la peculiar situación en la que se encuentra Luis Bárcenas, que ha pasado de ser sospechoso de encabezar una compleja trama político-financiera a convertirse en el único beneficiario de unas cuentas millonarias en Suiza.

No puede considerarse un chivo expiatorio, porque la expresión se aplica solo para calificar a quienes se acusa injustamente para impedir que los auténticos responsables sean juzgados. Si llega a ser condenado lo será de manera justa, por sus propios méritos y como consecuencia de su actuación. Me recuerda, sin embargo, a la mayoría de los que le han precedido en la larga historia de los casos de corrupción política en España: Flick, Kio, fondos reservados, Filesa, Malesa, Ibercorp, De la Rosa, Guerra, Roldán, Paesa, Banesto, GAL... y los que quedan por juzgar Pretoria, Gürtel, Palma Arena, ERE... Para concluir me quedo, por similitud, con el caso Naseiro, extesorero del PP, que presuntamente financió al partido a través de pagos ilegales de empresas inmobiliarias, pero fue archivado, como muchos otros, por culpa de irregularidades en la instrucción del sumario. Consulten las hemerotecas para comprobar que siempre son pocos los que pagan por muchos más. Me refiero a los que participan en determinadas tramas a “título lucrativo”, los cooperadores necesarios o incluso los que se benefician directamente de la corrupción.

Al principio, al incriminado le tratan con algunos miramientos porque temen que cumpla sus veladas amenazas y tire de la manta, pero, al cabo de un tiempo, inconcebiblemente, desaparecen pruebas (contabilidad paralela, recibos firmados, discos duros y hasta sumarios de los juzgados) y el peligro se diluye. Aun así, se espera que guarde algún as en la manga para sacarlo oportunamente antes del final de la partida. Pero el juego, tras dos años de instrucción, está a punto de terminar y el juez encargado del caso Bárcenas solo ha conseguido incriminar a los tesoreros del partido y poco más. Todo parece indicar que se ha desactivado la bomba de relojería.

De todas las promesas anticorrupción que se pregonan estos días, la mejor sería la de Ciudadanos: que los partidos sean responsables civiles subsidiarios de casos de corrupción de sus cargos públicos. La manera más eficaz de impedir que la historia se repita.