Contra la abstención

Votaré por correo el próximo 26 de junio por primera vez. Tengo un viaje previsto antes de la cita electoral y como regresaré ese mismo día a mi circunscripción, temo que cualquier incidente me impida ejercer mi derecho al voto en el colegio electoral. Aunque sé que mi acción es insignificante a efectos del resultado final, por nada del mundo quisiera incrementar la lista de la abstención, que esta vez se prevé más alta de lo habitual. Mi generación tiene mitificado el concepto de sufragio universal, porque nos privaron de ejercerlo durante mucho tiempo. En mi caso, participé en unas elecciones con veintitantos años y recuerdo aquel momento con emoción democrática. Los más jóvenes pensarán que la “emoción democrática” es una cursilada o una patraña, porque no tienen ni idea lo mucho que significó la posibilidad de elegir a nuestros representantes cuando aún creíamos que las cosas tenían arreglo. Y aunque en cierto sentido nos decepcionaron pronto, nunca lograrán quitarnos la ilusión de la participación ciudadana, el hecho de depositar nuestra papeleta en una urna, porque sabemos que la opción contraria es mucho peor. Todavía no he perdido la esperanza de que mi voto, junto al de muchos millones más, sirva para algo. Por eso me he tomado las molestias necesarias, que son muchas, de solicitar un impreso, rellenarlo, firmarlo y presentarlo, junto a mi DNI, en la oficina de Correos. Y esperar pacientemente que la Oficina del Censo me envíe la documentación necesaria para emitir mi voto a partir del 6 de junio. Cuando lo reciba volveré a acreditar mi identidad para remitirlo antes del 22 de junio.

Lo cuento con detalle para que se hagan una idea de lo incómodo que resulta votar por correo, pero aún lo tienen peor los españoles residentes en el extranjero. Esta semana finaliza el plazo para que puedan votar en las próximas elecciones del 26-J. En la anterior convocatoria 40.000 personas se quedaron sin ejercer su derecho después de haber cumplido todos los trámites burocráticos. El voto rogado ha sido una estafa. El Gobierno Socialista de 2011, con apoyo del PP y CiU, reformó la ley electoral y puso en marcha este perverso mecanismo que exigía interminables trámites para “rogar” a los consulados que les concediesen el derecho a votar. Algunos no pudieron inscribirse a tiempo por falta de información, a muchos les llegaron tarde las papeletas y otros tuvieron que pagar su propio envío. Los partidos se comprometieron a revisar la ley, pero no lo han hecho. Los que se vieron forzados a emigrar, por falta de oportunidades en su país, es probable que no voten a los partidos responsables de su situación. Se sospecha que su voto no interesa a quienes quieren que las cosas se queden como están. Así que, aunque solo sea por ellos, nadie debería abstenerse. La apatía política, en momentos críticos, es una frivolidad inaceptable. Véase el caso de Austria.