¿Y si son las urnas las que fuerzan la gran coalición?

Esta semana comienza uno de los cursos políticos más decisivos de la reciente historia de nuestro país. Un curso marcado por las elecciones autonómicas catalanas (y plebiscitarias) de este 27 de septiembre y por las próximas generales, dos convocatorias que han influido en la política diaria de estos últimos meses, y que cierran un largo proceso electoral que comenzó en mayo del año pasado, con las elecciones al Parlamento Europeo. Unas elecciones que supusieron lo que muchos llegaron a pronosticar, entonces, como la primera manifestación del “vuelco político” en el país, con el resurgir de los llamados “partidos emergentes” y la muerte del bipartidismo.

En cierto modo el “vuelco político” ha comenzado a producirse, con diferentes resultados y desiguales balances, tras el pacto del PSOE con Podemos, gracias al cual los socialistas han recuperado parte del poder local y autonómico que habían perdido en las elecciones de 2011, que se acentuó el pasado mayo y que le ha permitido disfrazar unos resultados que eran decisivos para el futuro de la actual dirección socialista en manos del nuevo secretario general Pedro Sánchez.

El acuerdo PSOE–Podemos, que le ha salvado la cara a Sánchez (y también a Podemos que, donde ha ido con otros partidos y plataformas ha conseguido colocarse bien en ayuntamientos emblemáticos y en algunas autonomías) es el principal argumento electoral que están utilizando en el inicio del curso político el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el PP para advertir a la ciudadanía de que el mayor peligro que acecha a la estabilidad política del país y lo que pone en riesgo la recuperación económica y el crecimiento es, precisamente, esa política de alianzas del principal partido de la oposición con partidos populistas que siguen la estela de Syriza.

Es la política del miedo que, evidentemente, tiene sus resultados. Sobre todo si en el otro lado no hay argumentos de peso para rebatir una tesis que se basa en unos indudables antecedentes, aunque es difícil, dada la actual situación interna del Partido Socialista, con sus condicionamientos y compromisos, que determinados pactos se puedan repetir en unas elecciones generales. Hasta ahora, esas elecciones generales se presentan más fragmentadas que nunca aunque todos confían en que servirán para oxigenar una vida política contaminada por la corrupción, el abuso y la crisis económica, social e institucional. Factores todos que han ido socavando esa imagen de país que ha hecho una transición a la democracia ejemplar, y que han propiciado que muchos quieran “volver a empezar”, empezar de cero, con un proceso constituyente que ponga en duda todo lo hecho en estos últimos treinta años

El nuevo curso ha empezado con una pelea frontal entre populares y socialistas, con un nuevo escándalo de comisiones dentro de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el partido de Artur Mas, y con la entrada de la Guardia Civil en varios ayuntamientos en manos de este partido y en la propia sede del partido que gobierna la Generalitat, en busca de pruebas que ratifiquen documentos que tiene ya la Fiscalía Anticorrupción sobre pagos de comisiones de un 3% a cambio de concesiones de obras, algo que puede influir en la consulta electoral del día 27, y, por último, con el intento de los partidos emergentes, Ciudadanos y Podemos, de convertirse en aliados imprescindibles para cualquier alternativa de Gobierno que pueda formarse para dentro de tres meses.

Sin embargo, todas las alternativas son posibles, incluida la formación de una gran coalición PP-PSOE, algo con lo que trabajan los grandes poderes económicos, descartada de antemano dentro del PSOE, incluso por el propio Felipe González, pero factible con el resultado de las urnas, según un trabajo difundido por el diario Público, en base a un estudio realizado por el gabinete Jaime Miquel&Asociados, basado en la totalidad de las encuestas que se han venido publicando desde abril. Según ese estudio la gran coalición sería, de acuerdo con las encuestas, la única alternativa ya que ni Ciudadanos (33 diputados) con el Partido Popular (127), ni Podemos (56) con el PSOE (93), suman lo suficiente para formar una mayoría estable en el Parlamento. Solo la coalición PP-PSOE, con un 68,2% de los votos y 220 diputados se presenta como alternativa posible para alcanzar un pacto de gobernabilidad.

Ese estudio destaca que, al tiempo que los dos grandes partidos se ven abocados a sellar un pacto contra natura, conservadores y socialistas asistirán al fin de su hegemonía política total, ya que perderán, entre los dos, otros 4,7 millones de votos (con una caída conjunta de 76 escaños) con relación a las generales de 2011. En total, el bipartidismo dominante a partir de la Transición habrá perdido, desde los comicios de 2008, más de 8,4 millones de votos (pese a que el número de electores ha aumentado en 1,22 millones) y habrá entregado su histórica hegemonía parlamentaria que le permitía cambiar ciertos artículos constitucionales (como hicieron con el 135 para blindar el pago de la deuda pública) gracias a superar ampliamente la mayoría cualificada de dos tercios más un escaño.

En fin, un curso decisivo, unas elecciones decisivas, y puede que un final imprevisible.