Una Diada al servicio del referéndum y la independencia

Tal como adelantaba este cronista la semana pasada en una crónica redactada 48 horas antes de producirse el “golpe de Estado” que se ha dado en Cataluña (ver La crónica “Cataluña: ...y llegó el choque de trenes” en el número 1807 de TIEMPO) con la aprobación de una ley de referéndum ilegal y con la convocatoria formal de ese referéndum para el 1 de octubre, firmada por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y todo el Govern, se acaba de abrir en España el conflicto institucional más grave desde la recuperación de la democracia, tras la muerte del general Franco.

Tan grave que, invocando las urnas para defender el llamado “derecho a decidir”, se ha violado toda la legalidad institucional: la Constitución, el Estatuto de autonomía, el Reglamento de la Cámara del Parlamento catalán, la opinión del Consejo de Garantías Estatutarias, los avisos y sentencias del Tribunal Constitucional (TC) e, incluso, la opinión expresa de los letrados del Parlamento autonómico que, en repetidas ocasiones, advirtieron a la Mesa del Parlament que se estaba violando la legalidad

Con la aprobación, por vía de urgencia, de la ley del referéndum y, al día siguiente, de la llamada “Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República de Cataluña”, se han cumplido escrupulosamente todos los pasos anunciados, como si se respondiese al clásico libro de Curzio MalaparteTécnica del golpe de Estado. En este caso, no se han ocupado, por ahora, lugares clave (algo que no hay que descartar porque está dentro de la estrategia de la Asamblea Nacional de Cataluña), aunque se han utilizado las redes sociales para crear un ambiente propicio a que la gente salga a la calle a reclamar ese referéndum e, incluso, a enfrentarse con los alcaldes, como la regidora de Barcelona, Ada Colau, que ha decidido no poner urnas en las dependencias municipales de la Ciudad Condal.

Las protestas y movilizaciones tienen un objetivo confesado por sus propios dirigentes: un cambio de régimen. Así lo ha expresado uno de los portavoces de la CUP: es el método para terminar con el régimen del 78. En el Estado moderno, en esa técnica del golpe de Estado, las telecomunicaciones son el principal instrumento para orientar a la opinión pública y llevarla hacia los objetivos que se desean, al punto de que se conviertan en arma de guerra. Arma para la guerra cultural y psicológica, la de la desinformación y propaganda, y cuyo último frente operativo son Internet y las redes sociales, especialmente Twitter.

Este cronista pensó en algún momento que el significado histórico de la reunión del Parlament iba a revestir de solemnidad un acto que ocultaba un golpe de Estado, que iba contra la Constitución, contra la decisión del TC que había suspendido la reforma del Reglamento de la Cámara porque se marginaba y se silenciaba a la oposición, y contra los llamamientos del propio secretario del Parlamento autonómico, que le decía a la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, que no se podía publicar la ley de la discordia en el Boletín Oficial del Parlament, sin saber que era la propia presidenta la que utilizaba su ordenador para difundir esa ley del conflicto.

Pero nada estaba revestido de solemnidad histórica en lo que ocurrió la pasada semana en el Parlamento catalán. Aquello era todo un espectáculo casi tabernario, en el que primaban el grito, la maniobra, la fuerza, la imposición, en una de las sesiones más bochornosas del parlamentarismo español, probablemente premonitoria de cómo sería una hipotética Cataluña independiente.

Por la fuerza se aprobó la ley del referéndum sin siquiera aceptar, como había decidido el Tribunal de Garantías Estatutarias, dependiente de la propia Generalitat, un informe sobre su legalidad; por la fuerza se publicó en el Boletín Oficial del Parlamento, y por la fuerza, la correspondiente convocatoria de ese referéndum. Igualmente por la fuerza, y por el mismo procedimiento que el día anterior, se aprobaba, en medio de un notable escándalo parlamentario la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República Catalana.

La aprobación de las leyes del referéndum y de Transición Jurídica en la Cámara autonómica provocaba una reacción contundente por parte de la Fiscalía, al acusar a todo el Govern y a la Mesa del Parlament del delito de malversación de caudales públicos, que comporta penas de hasta ocho años de cárcel y 25 de inhabilitación. Además, amenazaba directamente con lo que más quieren los independentistas: su patrimonio, al solicitar que se les pida fianza como medida cautelar para garantizar que se cubran las cantidades de dinero público desviadas a actividades declaradas ilegales. Precisamente por eso se rompía el Gobierno de Puigdemont y se enfriaba el ardor en muchos luchadores por la independencia. La puesta de largo del desafío a la legalidad constitucional se producía el lunes 11 de septiembre, al convertir la Diada en un acto para plantar cara al Gobierno, a la Fiscalía General del Estado y al Tribunal Constitucional. Al margen de la guerra de cifras y manejando solo cifras de la Guardia Urbana de Barcelona, la Diada de 2017 ha sido menos concurrida que la de años anteriores: un millón de manifestantes, frente al millón y medio de 2012; 1.600.000 en 2013; 1.800.000 en 2014; y 1.400.000 en 2015. En 2016, con un Gobierno en funciones, la cifra de manifestantes fue de 850.000. Un millón dispuesto a defender el referéndum, el derecho a decidir y la independencia.