Un eslogan olvidado y enterrado

Hace ahora 25 años, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) accedía al poder con un eslogan electoral sencillo, Por el cambio, acuñado por su secretario general, Felipe González Márquez, con el que obtuvo mayoría absoluta un 28 de octubre de l982. Fue en uno de los debates televisivos, en la televisión única, TVE, donde el candidato socialista, a preguntas de este cronista, definió lo que era eso del “cambio”, del que tanto se hablaba. “El cambio –improvisó González– yo lo resumiría en una sola frase: que España funcione. Consiste en que España sea gobernada, que haya una Administración al servicio del ciudadano”.

Entonces, José Luis Rodríguez Zapatero, estudiante de Derecho, tenía 22 años. Hoy es presidente del Gobierno de España, mantiene una relación distante con Felipe González (hasta tal punto que el aniversario ha pasado prácticamente desapercibido), ha querido hacer el ‘segundo cambio’ con una serie de leyes que suponen un avance en derechos sociales y políticos, se ha metido en una reforma territorial que no ha avanzado en ese objetivo de poner la Administración al servicio del ciudadano, ha intentado, sin conseguirlo, conseguir la paz en el País Vasco y, últimamente, determinadas actuaciones de algunos de sus ministros han creado la imagen de que en determinados aspectos el país no funciona. O, por lo menos, que el Estado no demuestra la eficacia de un país que en estos momentos es la octava potencia industrial del mundo.

El grave problema de las infraestructuras en Cataluña, cuya responsabilidad no sólo está en el Gobierno central, sino también en el Gobierno autonómico, la Generalitat y en la administración municipal, ha creado tal imagen de ineficacia, de improvisación y de falta de sensibilidad que el país sigue esperando inútilmente que, de alguna forma, alguien asuma la responsabilidad política del caos ciudadano que se ha creado en Barcelona...

Durante meses, y desde la aprobación del Estatuto de Cataluña en referéndum, parte del debate político se ha centrado en el modelo de financiación de las comunidades, todavía sin cerrar y sin definir, a pesar de lo cual la Generalitat exige que el Estado reembolse a Cataluña la parte que Cataluña aporta al Producto Interior Bruto nacional, rompiendo de esta forma el principio de solidaridad.

Mientras la clase política catalana debatía su Estatuto, su futuro dentro de España, el propio ser catalán, la imposición del catalán como idioma aun a costa del castellano e, incluso, la convocatoria de un posible referéndum para la independencia, las inversiones en infraestructuras quedaban aparcadas y nadie se daba cuenta de que lo que el ciudadano quería, y quiere, hoy como ayer, es que el país funcione. Que cuando se abra el grifo salga el agua, que cuando se dé al interruptor de la luz haya electricidad, que las carreteras no se conviertan en un infierno, que los aeropuertos no sean una ratonera, que los trenes lleguen a su hora, que los puentes no se hundan y que la vida cotidiana no se convierta en un vía crucis.

Nada de esto ha pasado en los últimos meses ni en Cataluña ni en Barcelona. Se ha hundido todo un barrio (el Carmel); se ha paralizado el puerto; los apagones de luz han sido interminables; el aeropuerto de El Prat se ha convertido en un campo de batalla y en un problema de orden público y las obras del AVE, que deberían estar terminadas para el 21 de diciembre, según promesa formal del presidente del Gobierno, han tenido que ser suspendidas, después de innumerables socavones, problemas con los trenes de Cercanías, dependientes de la Generalitat, discusiones sobre el trazado,