Un cuento catalán

Cuentan que el pasado miércoles 21 de octubre, Artur Mas, presidente de la Generalitat, fue informado a primera hora de la mañana por los Mossos d’Esquadra de que la Guardia Civil se disponía a detener a Andreu Viloca, tesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y de su fundación afín CatDem, por mediar en comisiones ilegales; que se iba a registrar la sede central de CDC y que estaba prevista la detención del director general de Infraestructuras de la Generalitat, Josep Antoni Rosell (uno de los hombres de confianza de Mas) y de varios empresarios acusados de pagar comisiones al partido. Cuentan que a Mas le invadió el miedo, y que lo único que se le ocurrió en ese momento fue llamar a su padrino, Jordi Pujol i Soley.

El registro de los domicilios del tesorero y del hombre que ha sido el responsable de la mayoría de las grandes obras que se han hecho últimamente en Cataluña, en las que supuestamente se pagaron cuantiosas mordidas, suponía para él una verdadera catástrofe cuando estaba negociando, en secreto, su investidura como presidente de la Generalitat con la Candidatura de Unidad Popular (CUP) y con Catalunya Sí que es Pot, y lo único que se le ocurrió fue llamar a su padrino para preguntarle qué se podía hacer. La posible detención del extesorero de CDC Daniel Osácar, los registros de su domicilio y su oficina y las investigaciones sobre los posibles conseguidores de esas grandes obras a cambio de las correspondientes comisiones le ponían en una situación insostenible, a pesar de que en el Parlamento la única explicación que dio es que si no tenía derecho a visitar a quien había sido durante muchos años presidente de la Generalitat, aunque fuese a tan temprana hora de la mañana.

Era, sin duda, el peor momento para todos esos registros y detenciones. Estaba negociando personalmente con la CUP su investidura como presidente a pesar de la reiterada negativa de la candidatura antisistema a votarle, precisamente por los problemas de corrupción de Convergència, y se estaba preparando la moción en la que se solicitaba al Parlament el inicio del proceso de independencia de Cataluña, la progresiva desconexión con la legislación española y el anuncio de que solo se aceptarían las leyes emanadas del Parlament, como único garante de la soberanía de Cataluña, ignorando la Constitución española... Todo un desafío y un intento de golpe de Estado.

Cuentan que su comparecencia en el Parlamento catalán para defender que todas las concesiones de obras pasaban limpiamente por el portal de la “transparencia”, fue especialmente cínica y de-sagradable. Pero parece, siguen contando, que reaccionaba como si las cosas no fuesen con él, sino solo con su director general de Infraestructuras, con quien le unía una amistad personal y un extraño suceso que pone los pelos de punta: uno de los primeros casos de comisiones del 20% en el llamado caso Adigsa por malversación, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad documental, en el que se reconocieron comisiones y en el que estaba implicado un pariente del actual consejero de la Generalitat Felipe Puig, fue archivado por la jueza Núria Bassols; dos meses más tarde la magistrada fue nombrada responsable de Transparencia de la Generalitat, con categoría de conseller. ¿Y quién es el marido de Núria Bassols? Pues Josep Manuel Bassols, uno de los detenidos en la operación del 3%. Josep Manuel es exalcalde de Anglès y fue jefe de la campaña de CiU en las municipales de 2011.

Se comprende que el único que podía orientar y aconsejar a Mas en ese laberinto era el patriarca del clan, Jordi Pujol i Soley, un hombre con experiencia que conocía todos los mecanismos y que, además, estaba demostrado que carecía de escrúpulos. Pero cuando iba a intervenir el “padre de la patria catalana”, la Audiencia Nacional comenzaba el martes 27 de octubre una operación contra el “crimen organizado” por el clan de los Pujol, registraba el domicilio del patriarca, entraba en una quincena de despachos y residencias particulares, entre ellos los de personajes de la burguesía catalana muy ligados a CDC, y terminaba por procesar, de acuerdo con las pruebas recibidas de Andorra y obtenidas en la investigación, a la totalidad del clan. Un clan, el de los Pujol, que en los últimos meses, antes de que llegasen los papeles de Andorra, ha conseguido llevar hasta el paraíso fiscal de Belice una fortuna de cerca de 900 millones de euros, gran parte procedente de las comisiones de las obras de la Barcelona olímpica de 1992.

Lo que es difícil de explicar es cómo, en ese ambiente de corrupción, de robo organizado, de comportamiento como banda mafiosa, Mas, salpicado de lleno por los sucesivos escándalos, se atreve a pactar con un partido antisistema como la CUP (y la CUP, con él) para presentar en el Parlamento catalán una proposición de ley para iniciar el camino a la independencia, desconectar progresivamente de España y anunciar que no están dispuestos a acatar las decisiones del Tribunal Constitucional y que solo harán caso a las leyes que emanen del Parlament. Todo un intento de golpe de Estado al que el Gobierno, con el apoyo de los principales partidos (PSOE, PP Ciudadanos, Unió y UPD), piensa hacer frente, convencido de que esa aventura iniciada en el Parlament no tiene viabilidad nacional ni internacional.