¿Tiene Mariano un plan secreto para Cataluña?

Con el Consejo de Ministros del 31 de julio, en el que se presenta el borrador de los Presupuestos Generales del Estado para 2016, una decisión tomada personalmente por Mariano Rajoy, sin que haya garantías de que repetirá mandato tras las elecciones del próximo 13 de diciembre, termina, de hecho, el curso político y se inicia el largo periodo de vacaciones hasta finales de agosto, aunque la mayoría de la clase política, especialmente diputados y senadores, tendrán que trabajar durante todo el mes para dejar listos los Presupuestos antes de que el presidente del Gobierno disuelva las Cámaras a finales de octubre, y fije, definitivamente, la fecha de las elecciones generales.

Un paréntesis a la espera de que el presidente de la Generalitat convoque las elecciones plebiscitarias del 27 de septiembre, tras las cuales, si la lista conjunta de Convergència, Esquerra Republicana de Cataluña y representantes de la llamada sociedad civil obtiene la mayoría absoluta, se declarará la independencia unilateral de Cataluña, comenzará el periodo de desconexión legal con España con la aplicación de la nueva legislación catalana que está elaborando el Consejo para la Transición, para que, en el plazo máximo de nueve meses, y una vez esté en funciones el Gobierno que salga de las generales, la independencia sea una realidad.

La convocatoria electoral puede producirse este primer lunes de agosto para lo cual el Gobierno tiene preparado todo el andamiaje legal para recurrir el decreto de convocatoria en el caso de que ese decreto contenga algún elemento soberanista que sobrepase en algo lo que son unas simples elecciones autonómicas, o contenga elementos para que haya que recurrir al Tribunal Constitucional (TC). Es más, todo está preparado en el Palacio de las Marismillas, en el Coto de Doñana, donde el presidente del Gobierno pasará la primera parte de sus vacaciones, para una comparecencia que responda a la convocatoria que haga Artur Mas, que ya ha recibido todo tipo de mensajes para intentar convencerle de que Cataluña será independiente.

Ha sido el propio rey Felipe VI el que después de recibirle en el Palacio de la Zarzuela y comprobar que su situación es “irreconducible” el que, ante los máximos representantes de la judicatura, entre ellos el presidente del Consejo del Poder Judicial y del Supremo y de todos los vocales del CGPJ, le ha recordado que tiene que cumplir la legalidad vigente. “Para el poder judicial como para el resto de instituciones del Estado –ha dicho–, el respeto a la ley nunca ha sido, ni debe ser, un trámite, una mera formalidad, una alternativa. En su raíz más profunda, respetar la ley es fuente de legitimidad y la exigencia ineludible para una convivencia democrática en paz y libertad”. Palabras que Mas ha recibido con total frialdad, metido como está en un camino de imposible regreso al sentido común y a la legalidad.

Sin que se sepa, como dicen sus colaboradores, Rajoy tiene preparado un “plan secreto” para hacer frente a lo que viene, e, incluso, un plan B, para el caso de que el problema se desborde. Lo que sí se sabe es que se han anulado algunas vacaciones de los miembros que componen el Tribunal Constitucional para examinar detalladamente el decreto de convocatoria de esas “elecciones plebiscitarias”, aunque todo indica que Mas intentará ocultar ese carácter en el decreto, para que no pueda ser recurrido, una simple argucia jurídica que impediría la intervención del TC. Igualmente están alertados los abogados del Estado y varios ministros para el caso de que haya que activar, algo que no se desea, el artículo 155 de la Constitución que autoriza al Gobierno, previa votación en el Senado, a suspender la autonomía. Ese artículo tiene un primer paso que es el requerimiento a las autoridades de la comunidad para que cumplan sus obligaciones legales, y solo después de ese requerimiento, si no se cumple, es cuando se acude al Senado.

En lo que parecen estar de acuerdo tanto el Gobierno como el bloque unitario que se ha formado en torno a Artur Mas, a Oriol Junqueras y a esa lista formada por representantes de la sociedad civil y encabezada por Raül Romeva, es que, tal como está la situación, no parece haber marcha atrás. El desánimo o el realismo inducen a más del 60% de los catalanes, según una encuesta de Metroscopia, a declarar que es casi imposible evitar la ruptura con el resto de España. La esperanza aguanta en el resto de España, donde el 55% cree que aún se puede evitar la ruptura. El 39% de los consultados estima que “sería malo” para Cataluña, frente al 47% que solo ve ventajas. No hay desentendimiento fuera de España por el devenir de Cataluña, como refleja la opinión del 73% de ciudadanos que considera “malo” para España que esta comunidad autónoma se convierta en Estado independiente.

Por otra parte, fuera de Cataluña, un 55% de los consultados estima que Rajoy no ha actuado de forma acertada. Tampoco Artur Mas sale bien parado en Cataluña si se atiende al 59% que estima desacertado su planteamiento secesionista. Un 54% de catalanes se muestra de acuerdo en que España sea un Estado federal, en tanto que, en el resto de España, solo un 34% lo apoya. Lo que parece claro es que el curso político se cierra con el tema catalán al rojo vivo, y el nuevo curso se inicia con la precampaña y campaña de unas elecciones decisivas en Cataluña que, inevitablemente, influirán en las generales con las que terminará un año en que ha habido autonómicas andaluzas, municipales y autonómicas, catalanas y generales. Todo un récord.